El ministro de Agricultura de España, Luis Planas, presentó la semana pasada un plan de choque a las principales organizaciones agrarias del país (UPA, COAG y Asaja). El plan consta de 43 medidas diseñadas para responder a las demandas que han motivado las movilizaciones agrarias durante los últimos dos meses. Según Planas, las propuestas, algunas de las cuales aún no tienen un calendario de implementación, apuntan a aliviar la situación del campo y a fomentar la incorporación de nuevos profesionales, en respuesta a la creciente demanda de un relevo generacional en el sector agrario.

Las medidas propuestas por el ministro incluyen ajustes en la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, que fueron aprobados la semana pasada por los ministros de Agricultura de la UE. Entre estos ajustes se incluyen la exención de controles y penalizaciones de condicionalidad reforzada para explotaciones de hasta 10 hectáreas y una mayor flexibilidad para aplicar los ecorregímenes de la PAC en la solicitud única de 2024.

El gobierno español también se ha comprometido a proporcionar ayuda e incentivos para facilitar la aplicación del cuaderno digital de explotación, un sistema de gestión agrícola que será voluntario y contará con una flexibilización de los requisitos para la aplicación del decreto de ordenación bovina.

En un intento por simplificar los procesos, ya no será necesario proporcionar fotos georreferenciadas para demostrar el estado de los cultivos y otros requisitos de las ayudas. Además, se retrasará un año la obligación de adoptar el plan de abonado, como parte de las medidas de simplificación relativas al decreto de nutrición de suelos.

Una de las propuestas más celebradas ha sido la de una inspección única integrada para los agricultores y ganaderos, con el compromiso de las comunidades autónomas de coordinar los servicios de control para reducir los controles al mínimo indispensable.

Planas también anunció la formación de un grupo de trabajo permanente para realizar un seguimiento de las exportaciones e importaciones agrarias. Esta medida es una respuesta a una de las reivindicaciones más enérgicas del sector primario: la competencia desleal de productos que llegan de fuera de la Unión Europea sin cumplir con los estándares de producción sostenible de la región. Para abordar este problema, el ministerio se compromete a reforzar la coordinación de los servicios de inspección en frontera a las importaciones de terceros países.

En términos de fiscalidad, el gobierno se compromete a mantener, hasta el final de la legislatura, la fiscalidad del gasóleo agrícola, permitiendo la deducción de un 35% de la factura de carburantes y combustibles de uso agrario, y un 15% en los fertilizantes.

En el área de financiación, se ha establecido una línea de crédito con una dotación extraordinaria de 20 millones de euros y siete para avales, con subvención del 15% del principal y de la totalidad del aval. Esto implica la movilización de 200 millones de euros exclusivamente para jóvenes, y una aportación de 50 millones de euros para garantizar operaciones de crédito entre 100.000 euros y 2 millones de euros.

Por último, el ministerio de Agricultura convocará un foro temático sobre ganadería extensiva en la primera quincena de abril para analizar los principales problemas y desafíos del sector. Además, se compromete a cubrir los gastos destinados a las campañas del Plan de Actuación sobre Tuberculosis que no puedan ser cubiertos por los fondos comunitarios destinados a la sanidad animal.