Las violentas tormentas que han azotado durante los últimos días de marzo han causado una extraordinaria erosión en las costas del Mediterráneo, aumentando la preocupación de los ayuntamientos y propietarios por los costos de recuperación de la fachada marítima. Esta situación ha provocado también un resurgimiento de los rumores acerca de la depreciación de las propiedades costeras, con la ley de costas como telón de fondo.

En paralelo, ha intensificado la batalla política en torno al impacto del nuevo reglamento, un marco legal que se encuentra en constante proceso de reforma debido a los efectos del cambio climático y el temor a un agravamiento progresivo de los efectos de las tormentas en las zonas costeras.

El bulo más difundido en estos días ha sido el que se refiere al derecho de la Administración a la expropiación forzosa de propiedades costeras, algo que está previsto en el marco legal para concesiones o propiedades en casos excepcionales. La falta de claridad en la ley de costas, especialmente en el ámbito competencial, ha provocado una lucha entre partidos, entre autonomías, y entre aquellos que piden medidas para prevenir el cambio climático y los que niegan su existencia, con Vox a la cabeza.

Es evidente que este cambio normativo está generando cierta inseguridad jurídica, que es precisamente el principal objetivo del cambio legal impulsado desde el Parlamento Europeo. Hace dos años, en agosto de 2022, se realizó una modificación de la normativa que prohibía establecer chiringuitos o edificios de más de una planta, entre otras medidas. Sin embargo, la falta de procesos de consulta pública suficientes llevó al Supremo a anular la reforma en febrero de este año.

Según fuentes gubernamentales, la reforma de la ley de costas de 1988, que fue modificada en 2013 y 2022, se llevó a cabo porque la ley se había «desconectado de la realidad» y era ya «ineficaz para proteger el litoral de los excesos urbanísticos». Para el Gobierno, «se ha producido una importante inseguridad jurídica para los titulares de viviendas y otros inmuebles: deslindes sin criterios homogéneos, más de 10.000 ocupaciones residenciales en Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), falta de garantías para adquirentes de buena fe (reclamaciones de numerosos ciudadanos europeos e intervención del Parlamento Europeo con el informe Auken, que reclama la reforma de la ley de costas), desprotección de antiguos propietarios y titulares de otros derechos, con previsión de demoliciones masivas a partir de 2018».

La ley requiere que los inmuebles, excepto zonas urbanas, zonas históricas, etc., se sitúen a al menos 20 metros de la línea de costa, y que permitan el tránsito de personas y vehículos entre el inmueble y el mar. Las propiedades en primera línea son un bien preciado y de alta valoración inmobiliaria, por lo que existen múltiples intereses en influir en su devaluación y la confianza de los actuales propietarios, alarmados por los efectos del cambio climático y el valor a largo plazo de su patrimonio.

Los ayuntamientos tendrán que asumir la responsabilidad de proteger sus costas y su patrimonio urbanístico, a pesar de que muchos de ellos no tienen los recursos para implementar soluciones definitivas que sean inmunes a los fenómenos meteorológicos extremos.

En términos generales, la ley de costas busca prevenir nuevas construcciones en zonas de primera línea de mar y prohíbe que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie. El hotel de El Algarrobico es el emblema de lo que se quiere evitar. Este inmueble, situado en Carboneras, Almería, un hotel de 21 plantas y 411 habitaciones, se construyó sobre uno de los escasos espacios sin urbanizar de la costa mediterránea occidental en el parque natural Cabo de Gata-Níjar.

La ley ya ha causado críticas y enfrentamientos políticos. El Govern balear del PP ha presentado alegaciones a la reforma de la ley de costas. El Ejecutivo, dirigido por Marga Prohens, sostiene que el proyecto de reforma, propuesto tras la anulación del Reglamento de Costas de 2022 por el Tribunal Supremo debido a la omisión de la consulta pública, no refleja adecuadamente los intereses y necesidades de la comunidad.

En València, Compromís ha presentado una serie de consideraciones al anteproyecto de ley de costas que está impulsando el Consell. Para Compromís, la nueva ley va en contra de la regulación del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) que «ya ha sido evaluada ambientalmente y posteriormente ratificada en firme judicialmente». Según explica la diputada de Compromís en las Corts, Paula Espinosa, «es muy sintomático del verdadero trasfondo de esta nueva ley que el concepto de cambio climático no aparezca ni una sola vez en todo el documento y se obvie una cuestión tan reconocida desde el punto de vista técnico y científico como es la fragilidad de nuestro litoral ante estas circunstancias».