Un tercio de la población de Castilla y León requiere de alguna ayuda de emergencia social

Castilla y León enfrenta un aumento en la pobreza y la exclusión social

La comunidad autónoma de Castilla y León se encuentra en una posición que Óscar Castro, presidente autonómico de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), describe ni como la cabeza ni como la peor en términos de pobreza y exclusión social. En el 20 aniversario de EAPN, una red que comenzó con diez asociaciones y ahora cuenta con 24, Castro señaló con preocupación que la tendencia con respecto a estos asuntos en la región ha sido «estable» a lo largo del tiempo.

Los últimos datos de la Tasa Arope, que mide el riesgo de pobreza y exclusión social, muestran un aumento ligero del 22,1% al 22,4%. Esta tendencia ascendente también ha llevado a un aumento en la privación material severa, que ha pasado de afectar al 5% de la población al 6%.

Inflación y pobreza: un vínculo preocupante

Según Castro, la inflación en alza y el consiguiente aumento en los precios de los productos de consumo y la vivienda son factores contribuyentes a este incremento. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, también abogó por la necesidad de continuar fortaleciendo la red de apoyo a través de un trabajo conjunto y coordinado.

Ambos destacaron la Red de Protección a las Familias Vulnerables, una iniciativa lanzada en 2018 por la Junta de Castilla y León. Esta red, que incluye a las diputaciones, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y entidades del tercer sector, otorga ayudas de emergencia social a las familias necesitadas.

Anualmente, más de 250.000 familias en la comunidad, aproximadamente un tercio de los 2,4 millones de habitantes, requieren de estos apoyos. Las ayudas cubren una variedad de necesidades, desde el pago del alquiler y la hipoteca hasta la alimentación, los cuidados y el alojamiento temporal.

El ‘Bono Social Térmico’, una ayuda para cubrir los costes de calefacción, agua caliente y cocina, es uno de los programas más utilizados, con 95.000 beneficiarios el año pasado, un aumento de los 88.000 del año anterior.

El presupuesto total para mantener esta red supera los 200 millones de euros, según Blanco. Ambos líderes enfatizaron que la pobreza y la exclusión social no son solo problemas de los individuos afectados, sino problemas sociales. Castro subrayó la importancia de poner a las personas en el centro de todas las políticas.

Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social (CES), también mencionó este problema, señalándolo como el desafío principal del estado social y democrático de derecho.

En última instancia, la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Castilla y León será un esfuerzo continuo. La colaboración entre organizaciones, la promoción de políticas centradas en las personas y la concienciación social son esenciales para enfrentar y superar estos problemas.