En un giro reciente de eventos en la economía de la gig, la dirección de la empresa de reparto Stuart y sus trabajadores han concluido sin acuerdo el expediente de regulación de empleo (ERE), un proceso que resultará en el despido de más de 400 empleados. A pesar de las negociaciones, las partes no llegaron a un consenso sobre las indemnizaciones que debían resolverse antes del cierre y la finalización de las operaciones previstas por la cúpula de Stuart. Como resultado, los repartidores y el personal de oficina de Stuart buscarán la nulidad del expediente ante los tribunales.
Según diversas fuentes familiarizadas con las negociaciones, la última propuesta de Stuart no cumplió con las expectativas sindicales, y debido a la falta de acuerdo, la Audiencia Nacional deberá decidir si el expediente de regulación cumplió con la legalidad. En caso contrario, los empleados de Stuart en España podrían tener que ser readmitidos y recibir los salarios pendientes, aunque la compañía ya no realizará más repartos.
Controversia en torno al ERE de Stuart
La CGT, uno de los sindicatos implicados en las negociaciones, argumenta que Mutares, el fondo de inversión propietario de Stuart, ha ocultado información financiera relevante. Esta empresa adquirió la plataforma de reparto por 1 euro al gobierno francés, que tenía la propiedad hasta finales del año pasado a través de Geopost, el equivalente al Correos en Francia. Además, para financiar la reestructuración, el gobierno francés proporcionó a Mutares un presupuesto de 82 millones de euros de fondos públicos.
El lunes pasado, tras los 30 días de periodo de consultas que establece la ley, los directivos de Stuart decidieron poner fin a las negociaciones. Este movimiento resultó en el cese de alrededor de 400 empleados, algunos de los cuales eran repartidores autónomos. La Inspección de Trabajo ha sancionado previamente a Stuart por emplear a estos repartidores como «falsos autónomos».
En ausencia de un acuerdo, los empleados despedidos recibirán una indemnización equivalente a 20 días por año trabajado, con un límite de 12 mensualidades. Esto representa una cantidad significativamente reducida para las empresas con empleados que tienen poca antigüedad en la compañía. Según fuentes consultadas tanto del sindicato CGT como del bufete de abogados Col•lectiu Ronda, la mayoría de los trabajadores recibirán el equivalente a cuatro o cinco meses de sueldo.
El final sin acuerdo de las negociaciones conduce a los trabajadores a reclamar la nulidad del expediente. En caso de que los magistrados de la Audiencia Nacional decidan que el cese no se aplicó correctamente, Stuart tendría que readmitir a los empleados despedidos y pagarles los salarios de tramitación. Esta situación podría aumentar considerablemente los costes para Stuart, llegando a una suma de entre ocho y nueve millones de euros.
Además de la demanda colectiva, el bufete de abogados Col•lectiu Ronda está preparando una serie de denuncias individuales adicionales a la primera, que podrían llegar a ser entre 280 y 300.