La Audiencia de Valencia ha tomado la decisión de reabrir la causa penal contra Mónica Oltra, la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, y 15 otras personas en relación a la gestión de abusos sexuales que habían sido perpetrados por el exmarido de Oltra. Estos incidentes habían acontecido entre 2016 y 2017, y la víctima era una menor bajo la tutela del estado.
La causa se ha reabierto tras la estimación parcial de los recursos presentados por las acusaciones particulares y populares. La víctima está representada legalmente por el líder de España 2000, José Luis Roberto, mientras que las acusaciones populares están representadas por la agrupación política Vox y la asociación de Cristina Seguí. La Audiencia de Valencia ha entendido que existen indicios suficientes para llevar a cabo el encausamiento de los investigados, dado que no se puede descartar la existencia de una infracción penal.
La decisión de reabrir la causa llega después de más de dos años de investigaciones. En abril, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia había decidido archivar provisionalmente el caso. Esto se debía a que las presuntas directrices que Oltra había dado a su equipo para encubrir al condenado, que actualmente cumple una pena de cinco años de prisión, eran vistas como meras sospechas, especulaciones o conjeturas. Según la interpretación del juez, estas no podían servir como base para una imputación judicial definitiva.
El papel de la Fiscalía y el futuro judicial de Mónica Oltra
La Fiscalía estuvo de acuerdo con la decisión del juez de archivar el caso, criticando el «empeño» de las acusaciones que recurrieron el auto. La deliberación de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial llegó casi un mes antes de lo previsto, ya que estaba programada para el 16 de julio.
Mónica Oltra había dimitido de todos sus cargos en junio de 2022. A lo largo de su carrera, siempre ha defendido su actuación y ha sostenido que es víctima de una guerra sucia en los tribunales. Desde su dimisión, Oltra ha retomado su trabajo como abogada y ha participado en pocos actos públicos, concediendo solamente una entrevista. Su última aparición pública fue durante la asamblea de su partido, Iniciativa, a la que acudió por sorpresa y sin hacer comentarios tras conocerse el sobreseimiento provisional de la causa.
Además de Oltra, el resto de los investigados son miembros del gabinete o cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que ella dirigía desde 2015. También se encuentran bajo investigación dos trabajadoras del centro concertado en el que se cometieron los abusos. Los delitos fueron perpetrados por el educador Luis Ramírez Icardi sobre una niña de 14 años.
Durante las declaraciones judiciales, todos los investigados negaron haber recibido presiones para ocultar lo ocurrido. Todos afirmaron que actuaron conforme a los protocolos. A pesar de un extenso análisis policial de los correos oficiales intercambiados en el departamento autonómico durante los momentos claves de los hechos, no se encontraron señales de encubrimiento.
El procedimiento judicial se inició a raíz de una denuncia de la víctima. Su abogado llevó el caso a los tribunales tras señalar varios pronunciamientos judiciales en la causa contra Icardi, donde se evidencia el desamparo que sufrió la menor por parte de la Generalitat.