El comercio de armas no es la única transacción que ha puesto a España en un predicamento. Recientemente, el partido político español, Sumar, ha instado al gobierno dePedro Sánchez a poner fin a la compra de tecnología israelí probada en combate en la Franja de Gaza y en los territorios ocupados palestinos. El objetivo de esta petición es evitar la complicidad con lo que Sumar califica de «genocidio» perpetrado por Israel.
La Proposición no de Ley que Sumar ha presentado en el Congreso de los Diputados exige que el gobierno español modifique la legislación actual para prevenir la contratación de empresas tecnológicas públicamente acusadas de complicidad con el apartheid perpetrado contra la población palestina. Sumar también solicita que el gobierno se comprometa a denunciar a estas empresas ante las instancias nacionales e internacionales pertinentes.
Un ejemplo de esta situación puede ser el caso del NSO Group, la controvertida empresa responsable de Pegasus, un conocido programa de espionaje que se utilizó para vigilar a los líderes independentistas catalanes y al propio presidente Sánchez. Otra instancia sería el sistema de inteligencia artificial (IA) apodado ‘El Evangelio’ que el ejército israelí usa para seleccionar los objetivos de sus bombardeos, según una investigación conjunta de los medios israelíes +972 Magazine y Local Call.
El periodista judío Antony Loewenstein y varias organizaciones civiles han documentado exhaustivamente cómo Israel ha cimentado su estatus de potencia en el campo de la seguridad militar a costa de la opresión de la población palestina. Según ellos, la población palestina se ha convertido en un «conejillo de indias» para probar todo tipo de tecnologías, desde la cibervigilancia hasta el reconocimiento facial, una clara violación de los derechos humanos. Posteriormente, Jerusalén utiliza la exportación de sus armas a otros países como herramienta de influencia diplomática mundial para promover sus intereses.
Además, el gobierno de Israel cuenta con el apoyo de los gigantes tecnológicos Google y Amazon, con quienes tiene un acuerdo multimillonario para utilizar sus servicios de computación en la nube en el sector público y el ejército. Esta alianza opaca es cada vez más denunciada por los empleados de ambas compañías.
La Proposición no de Ley de Sumar señala un notable crecimiento en las relaciones económicas entre España e Israel vinculadas al sector tecnológico tras la pandemia. Según los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, entre enero y septiembre de 2023, la inversión directa española en programación y consultoría informática y en bases de datos alcanzó los 8,5 millones de euros, casi el doble que en 2019. En ese mismo período, la inversión directa de Israel en el mercado tecnológico español se disparó a su máximo histórico, superando los 70 millones, siendo Catalunya su principal destino.
El 7 de octubre pasado, el grupo paramilitar Hamás lanzó un ataque sorpresa contra la población israelí, matando a más de mil personas. Desde entonces, Israel ha desplegado una nueva ofensiva militar contra Gaza por tierra y aire que ya ha matado a casi 31.000 personas, la gran mayoría de ellas civiles.
Aunque el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha reiterado que España aplica un «embargo total» de armas a Israel, los datos del portal oficial de comercio exterior (Comex) indican que en noviembre se exportó munición española a Israel por valor de 987.000 euros.
Las diputadas de Sumar, Gala Pin, Tesh Sidi y Francisco Sierra, hacen hincapié en que el veto a la compra de tecnología israelí, que debería extenderse hasta el reconocimiento de los dos estados y el fin del apartheid palestino, debe verse como una oportunidad y no como una pérdida. Según ellas, es necesario iniciar un proceso de impulso de infraestructuras digitales públicas que permita a España desplegar una soberanía tecnológica plena sin la dependencia de compañías que contribuyen a una guerra contraria a la legislación internacional.
En esta línea, instan a asegurar nuevas partidas presupuestarias para fomentar el ecosistema tecnológico español, para que pueda «desarrollar soluciones para la administración pública con una filosofía de código abierto que permita su control democrático». Sin embargo, el gobierno parece tener otro plan. Hace menos de un mes, el presidente de Microsoft, Brad Smith, anunció junto a Sánchez que la compañía invertirá hasta 1.950 millones de euros para ampliar el uso de sus sistemas de IA en las instituciones públicas.