El Gobierno se encuentra una vez más en un punto de fricción en su agenda legislativa. La tensión surge a raíz de la cuestión relativa a los subsidios de desempleo, una asignatura pendiente de la legislatura anterior que ha vuelto a poner a los socios de Gobierno en desacuerdo. Se suma a esto el conflicto en torno a la transposición de la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes, otra asignatura pendiente de la pasada legislatura.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha criticado al PSOE por su rechazo a una mejora de la protección para los trabajadores a tiempo parcial. El departamento que lidera desde Sumar busca incorporar un veto específico en la transposición para evitar que una empresa pueda disminuir unilateramente el número de horas que tiene por contrato un empleado a tiempo parcial.
Según Pérez Rey, esto es «algo tan violento», ya que afecta negativamente al salario que finalmente recibirá el trabajador. En España hay alrededor de 2,6 millones de ocupados a tiempo parcial, el 73% de los cuales son mujeres. La pobreza laboral, es decir, la incapacidad de llegar a final de mes a pesar de tener un empleo, se asocia generalmente no tanto a un salario bajo, sino a la incapacidad de trabajar un mínimo de horas al mes para poder obtener una nómina suficiente.
La transposición de la directiva lleva año y medio de retraso, ya que el compromiso con la Unión Europea (UE) era tenerla incorporada a la legislación española desde agosto de 2022. Esta norma obligará, entre otras cosas, a las empresas a detallar al trabajador su sueldo base, los pluses, el horario y el centro de trabajo en el mismo contrato. También presenta una serie de limitaciones para las empresas en relación a las horas complementarias que pueden hacer los empleados a tiempo parcial.
El Ministerio de Trabajo tenía previsto llevar la transposición al Consejo de Ministros durante la primera mitad del mes de febrero, pero las diferencias entre los socios han retrasado su aprobación. El hecho de que el Gobierno no tenga una mayoría parlamentaria sólida que asegure su convalidación añade obstáculos a este trámite.
En otro frente, el Ministerio de Trabajo ha retomado las conversaciones sobre la reforma de los subsidios de desempleo en una reunión con patronal y sindicatos. Dicha reforma incluye, entre otras cosas, un aumento del subsidio ordinario de los actuales 480 euros mensuales a 540 euros durante los primeros seis meses de ingreso. También abre el acceso a los subsidios a los menores de 45 años sin cargas familiares o a los peones de toda España.
Sin embargo, la mayoría de las novedades estaba previsto que entraran en vigor a partir del 1 de junio, pero fue rechazado parlamentariamente en enero. Y ahora el Ministerio de Trabajo ha vuelto a abrir ese tema dentro del diálogo social para ganar legitimidad y, posteriormente, «llevar cuanto antes esta reforma al ámbito parlamentario», según ha explicado Pérez Rey.
El real decreto que incorporaba la reforma de los subsidios de desempleo decayó una vez que el Gobierno no logró armar la mayoría parlamentaria suficiente para sacarlo adelante. Los diputados de Podemos votaron en contra, junto al PP y Vox, de su convalidación argumentando que suponía un recorte para los desempleados de más de 52 años, ya que la reforma reducía las aportaciones públicas cuando estos cobraban un subsidio, empeorando sus condiciones de acceso a la futura pensión de jubilación.
Inicialmente, la reforma de los subsidios, que causó fuertes desencuentros entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo, no fue negociada con los agentes sociales más allá de una reunión de intercambio de papeles que posteriormente no tuvo continuación. La norma generaliza la posibilidad de compatibilizar un sueldo con seguir cobrando el subsidio durante los primeros 45 días de contrato.
Ahora, el Ministerio de Trabajo busca incorporar elementos que le trasladan desde los sindicatos y la patronal, como mejorar la protección para los empleados a tiempo parcial, cubrir la transición de ciertos perfiles al Ingreso Mínimo Vital (IMV), o el número de peonadas exigibles en Extremadura y Andalucía para poder cobrar el subsidio. Sin embargo, en relación al argumento que adujo Podemos para justificar su voto contrario, la reducción de la base de cotización para los desempleados mayores de 52 años, el Ministerio de Trabajo no ha dado señales de querer modular los cambios que contemplaba la reforma.