Foment de Treball, la principal organización empresarial de Cataluña, ha presentado un documento dirigido a transformar la región en un espacio más amigable fiscalmente para las familias y empresas. La propuesta fue anunciada por el presidente de la entidad, Josep Sánchez Llibre, quien ha calificado a Cataluña como un «infierno fiscal».
El documento conocido como el ‘Libro verde de la fiscalidad de Catalunya’, fue elaborado por una comisión de 48 expertos y profesionales procedentes de diversas entidades, despachos especializados, y representantes de la academia. La propuesta contiene un total de 80 sugerencias para mejorar la situación fiscal en Cataluña. Entre las recomendaciones más destacadas se encuentra la supresión del impuesto de patrimonio.
Según Sánchez Llibre, el objetivo es convertir a Cataluña en la «locomotora de la economía española». Para ello, se requiere no solo mejorar las infraestructuras sino también optimizar el sistema fiscal.
El documento será enviado a todos los partidos políticos en el Parlament, así como al actual Govern de la Generalitat. Las propuestas buscan influir en la Generalitat para que Cataluña disponga de una fiscalidad competitiva para las familias, el ahorro, las empresas y todos los ciudadanos. También se busca que Cataluña sea un país atractivo para las inversiones, la atracción de talento y directivos internacionales.
Una de las metas del informe es conseguir un equilibrio entre la aportación fiscal de las familias catalanas y los servicios públicos que reciben. A este respecto, Sánchez Llibre mencionó la constitución de otro grupo de expertos para analizar las balanzas fiscales y el déficit que se produce entre lo que Cataluña aporta y lo que recibe.
La propuesta de reforma de la financiación autonómica recientemente lanzada desde el Ejecutivo catalán de ERC, no debería ser un obstáculo para modificar la fiscalidad en Cataluña, según el presidente de Foment.
Otra propuesta destacada es la reducción de la fiscalidad sobre la vivienda a través de los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD). Los expertos sugieren que el Estado regule un tipo máximo del 7%, que pueda ser reducido por las comunidades que lo deseen.
Además, defienden la reducción de los tipos marginales mínimo y máximo del impuesto de la renta (IRPF) a un nivel similar al de las comunidades autónomas más dinámicas.
En lo que respecta al impuesto de sucesiones, se propone que haya menos tramos en la escala impositiva y que el tipo mínimo sea del 4% y el máximo del 9%, situándose así en la media de los países desarrollados de la OCDE.
El documento también aborda la cuestión de los tributos propios en Cataluña, señalando que la recaudación por impuestos propios en Cataluña es significativamente alta en comparación con otras comunidades autónomas.
Los coordinadores del grupo de expertos, Valentí Pich y Manuel Silva, han resaltado que los tributos propios generan «inseguridad jurídica» y actúan como «barrera para las inversiones extranjeras». También proponen un plan de lucha contra el fraude y la economía sumergida, así como una mayor transparencia sobre el destino de lo que se recauda y el coste de los servicios y prestaciones públicas que se financian con los mismos.
Finalmente, desde el Gobierno central, se insiste en la necesidad de suprimir el impuesto de patrimonio y se reclama un tipo menor para los beneficios reinvertidos por parte de las empresas. Además, se considera la opción de recurrir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en relación al impuesto de patrimonio, que se considera que no cumple con el principio constitucional de no confiscatoriedad.