El sector agrícola en España se encuentra en medio de su propio 15M, una protesta de carácter y motivación similar a la de los indignados que tomaron las plazas del país hace casi una década. Este movimiento de protesta tiene raíces profundas, que aquellos conectados con el mundo agrícola por razones geográficas, familiares o simplemente emocionales pueden rastrear a lo largo de los años. Sin embargo, duele que los políticos solo ahora estén poniendo la situación del campo en el centro de la agenda, y lo hagan con fines partidistas y electorales, ya que las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina.

El tratamiento de la situación del campo ha sido reduccionista y maniqueo, retratando a los agricultores como los villanos que solo viven de las subvenciones. Es importante recordar que la agricultura en España es un sector diverso, compuesto por autónomos titulares de pequeñas y medianas explotaciones, trabajadores por cuenta ajena, cooperativas, empresas y organizaciones agrarias. Las desigualdades entre estos actores son enormes, así como su dependencia de las ayudas europeas.

Los pequeños agricultores, con una edad media superior a los 60 años, están pasando por momentos difíciles debido al alza de los costes de producción, los bajos precios y la mayor competencia externa. No tienen las ventajas de la economía de escala de las grandes empresas y carecen de relevo generacional. El abandono o la venta de las tierras es su única opción ante el estancamiento de las rentas. Mientras tanto, las empresas progresan y se convierten en el objeto del deseo de multinacionales y fondos de inversión.

Estos agricultores que resisten son los que están viviendo su propio 15M, sin fines políticos, pero sí con una lucha diaria contra la transición ecológica europea, el dumping medioambiental, la burocracia y el desapego de un consumidor que, en el mejor de los casos, quiere productos Kilómetro Cero a precios de saldo.

La Unión Europea y sus Estados miembros, que tanto defienden su soberanía estratégica en otros ámbitos, deben consensuar soluciones. Estas pueden ser complejas, como la reforma de las ayudas, pero es necesario dejar de lado los parches electorales temporales, como la relajación de algunos compromisos medioambientales. La inacción solo perjudica a los agricultores que cuidan el territorio y que necesitan adaptarse a los nuevos tiempos e innovar para ganarse a un consumidor que no puede esperar obtener frutas y verduras de calidad a precios irrisorios. Resolver la crisis del campo es responsabilidad de todos, y es un desafío al que no podemos dar la espalda.