La Rua do Benformoso, situada bajo el antiguo barrio árabe de Lisboa, se ha convertido en un símbolo del impacto de la inmigración en Portugal. Esta vía serpenteante, rodeada de edificios deteriorados con fachadas de azulejos, concentra comercios de comida india y tiendas de pipas de narguilé y teléfonos móviles. Piedade, una vecina portuguesa que reside allí desde hace más de 60 años, asegura que no le gusta la transformación del barrio: «Hay drogas y delincuencia. Me quedo en casa».

Portugal restringe la llegada de inmigrantes

Portugal está acostumbrado a recibir inmigrantes procedentes de sus antiguas colonias de Brasil y África, en buena parte hablantes de portugués y con una integración relativamente sencilla. Sin embargo, entre 2017 y 2024 llegaron más de 1,1 millones de inmigrantes, lo que elevó el porcentaje de población nacida fuera del país del 4 % al 14 %.

Entre los recién llegados había 250.000 surasiáticos, mayoritariamente hombres jóvenes solteros, muchos de los cuales apenas dominan el portugués. La inmigración pasó a ser una de las principales preocupaciones de la opinión pública y el partido populista de derechas Chega, cuyo nombre significa «Basta», obtuvo el 23 % de los votos en las elecciones parlamentarias de 2025.

«Habíamos perdido el control», sostiene António Vitorino, excomisario europeo portugués, quien considera imprescindible recuperar la credibilidad del sistema de regulación migratoria.

Las medidas del Gobierno de Luís Montenegro

El Ejecutivo de centroderecha de Luís Montenegro, en el poder desde 2024, exigió a los inmigrantes disponer de los visados correspondientes, restableció la policía fronteriza, elevó a entre siete y diez años el periodo necesario para acceder a la ciudadanía y restringió la reagrupación familiar. Al mismo tiempo, creó visados de tramitación rápida destinados a trabajadores de sectores considerados clave.

El ministro responsable de las reformas, António Leitão Amaro, rechaza que se trate de un Gobierno partidario del cierre o de la «remigración». Según los datos expuestos, la migración neta ha descendido de 270.000 personas anuales a 60.000.

España mantiene una posición más abierta

En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cuestionado la tendencia de la Unión Europea hacia controles migratorios más estrictos. El país también ha registrado un importante incremento de la inmigración, con 3,1 millones de llegadas desde 2021. En 2026, la población nacida en el extranjero alcanzó los 10,3 millones de personas, más del 20 % del total nacional.

Sánchez ha defendido los valores humanitarios y las ventajas económicas de la inmigración. En ese contexto influye que aproximadamente la mitad de los inmigrantes sean hispanohablantes procedentes de América Latina.

A comienzos de este año, el presidente anunció una regularización extraordinaria para personas en situación irregular, una iniciativa que generó malestar en otros gobiernos comunitarios. El Ejecutivo esperaba recibir 500.000 solicitudes, pero se registraron 1,2 millones. Portugal también contempla regularizar a hasta 800.000 personas, aunque realiza entrevistas individuales a los solicitantes y ha rechazado a 45.000, de acuerdo con Amaro.

Presión sobre servicios públicos y vivienda

La inmigración ha sometido a presión los servicios públicos en ambos países. Lisboa padeció este año una escasez de plazas escolares. En España, los docentes señalan que algunos alumnos inmigrantes pueden afrontar problemas de idioma o incorporarse al sistema educativo con retrasos de aprendizaje. Muchos centros de Madrid son percibidos como guetos de inmigrantes y algunos profesores optan por buscar empleo en otros lugares.

La sanidad pública española, por su parte, mantiene las listas de espera para intervenciones quirúrgicas en máximos. El efecto más intenso se ha producido en la vivienda, un asunto por el que Sánchez convocó elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.

Sus críticos atribuyen el recalentamiento del mercado inmobiliario a la combinación entre el incremento de la inmigración y la insuficiencia de nuevas construcciones. También permanece presente la llegada de más de 80.000 migrantes a Ceuta, enclave español en el norte de África, a finales de julio; 10.000 de ellos continúan allí.

El consenso sobre inmigración comienza a debilitarse

El respaldo social español a la inmigración empieza a mostrar fisuras. Las encuestas reflejan que la mayoría de la población considera excesivo el número de inmigrantes. Vox, partido populista contrario a la inmigración, ha subido hasta situarse en torno al 19 % en los sondeos.

Pese a ello, las llegadas continúan. La socióloga de la UNED, María Miyar, afirma que los inmigrantes saben que pueden entrar en España y que, antes o después, regularizarán su situación. Por su parte, Teresa García-Milà, del Cercle d’Economia, defendió a principios de año la necesidad de abrir un debate sobre la capacidad real de España para acoger e integrar inmigrantes.

Según António Leitão Amaro, una reducción de la inmigración puede favorecer la economía en algunos aspectos, ya que la anterior flexibilidad de las normas portuguesas permitía a las empresas evitar mejoras de eficiencia al disponer de mano de obra barata.

La propuesta del Partido Popular

Con las encuestas apuntando a una posible victoria electoral de la derecha en España, un cambio en la política migratoria parece probable. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, plantea un sistema de puntos y cuotas para la inmigración, además de dar prioridad a los latinoamericanos. El enfoque guarda similitud con el modelo portugués y podría hacer que la península ibérica deje de ser una excepción dentro de la tendencia europea.