El Gobierno de España ha dado a conocer un real decreto de apoyo y reconocimiento a las víctimas de delitos sexuales en el país. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha sido la encargada de anunciar esta normativa, que se ha estado desarrollando en connivencia con el Ministerio del Interior y el de Justicia. Esta ley se conoce desde la aprobación de la ley ‘solo sí es sí’ en octubre de 2022, que buscaba fortalecer la protección de las víctimas de delitos sexuales.
Este nuevo decreto tiene como objetivo proporcionar un estatus de reconocimiento a las víctimas de delitos y agresiones sexuales, así como una posible indemnización en caso de que la víctima sea una persona vulnerable. En el anuncio de la medida, Alegría explicó que las víctimas sin recursos suficientes podrían recibir un subsidio similar al del paro, de unos 500 euros, durante 6 meses, que podría ser prorrogado hasta los 18 meses.
Un paso importante en la lucha por la igualdad
Ana Redondo, que actualmente es la responsable de Igualdad, había heredado la ley de Garantía Sexual que aprobó Irene Montero. Redondo anunció el pasado invierno que este real decreto estaba siendo desarrollado. Este real decreto es un paso importante en la lucha por la igualdad y la justicia para las víctimas de delitos sexuales.
La ministra Alegría, al ser preguntada sobre esta norma y también sobre la contraprogramación del ministro Félix Bolaños en la presentación del plan de reparación de la Iglesia, decidió resaltar que el Gobierno pide el cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el informe del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, realizado sobre las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia.
Alegría pidió que se cumpla ese informe porque «es obligatorio, no voluntario», en contraposición al plan de la Iglesia, conocido como Priva. Este hecho es sorprendente, dado que el Gobierno no ha querido llevar ese informe a las Cortes sabedor de que no obtendría mayoría para respaldarlo. Gabilondo ha estado presionando para la aprobación de su informe, presentado en noviembre pasado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
«No compartimos el sistema de compensación de la Iglesia a las víctimas porque no es vinculante y no ha tenido en cuenta la mayor participación de las víctimas», ha subrayado Pilar Alegría. El propio Gobierno, ha recordado, «trasladó el informe elaborado por la Oficina del Defensor del Pueblo a las asociaciones de víctimas» y es el documento que quiere seguir a pies juntillas el Gobierno pese a no contar con el respaldo parlamentario todavía.
La ministra Alegría también fue cuestionada sobre la posible renovación del Pacto de Estado para la Violencia de Género. Alegría pidió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que rompa con Vox, un partido que ha sido acusado de negacionista de la violencia de género. Para reforzar su punto, la ministra mencionó el reparto de menores inmigrantes llegados a Canarias entre las autonomías y los últimos datos de repunte de violencia machista en nuestro país, que ya ha resultado en la muerte de 21 mujeres en 2024, confirmados los dos últimos crímenes por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en Villena (Alicante) y en Antequera (Málaga).