El martes pasado, la Cámara de Diputados de México fue testigo de una manifestación en la que decenas de personas expresaron su oposición a la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este cambio busca prohibir el uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores en todo el país.

Luis Felipe Gamboa, coordinador en Alianza por la Libertad del Vapeo, declaró a EFE que la intención de la protesta era informar a los legisladores sobre la necesidad de poner un freno a la iniciativa del presidente de elevar a reforma constitucional una prohibición que ha sido invalidada innumerables veces en la Suprema Corte.

Los manifestantes, representantes de organizaciones como Pro Vapeo, la World Vapers Alliance y ‘Yo Vapeo, Yo Voto’, enfatizaron la necesidad de regular estos dispositivos electrónicos, ya que, argumentan, son una alternativa viable para evitar el consumo de tabaco. Además, exigen una regulación que controle la venta a menores y garantice la calidad de los productos.

María Nieves García, una de las manifestantes y ex fumadora durante 35 años, compartió su experiencia de cómo, después de probar diferentes métodos para dejar de fumar, desde pastillas hasta hipnosis, logró dejar el hábito gracias a un vapeador. De acuerdo con García, la transición del tabaco al vapeador fue sencilla gracias a la asesoría adecuada.

La protesta, según García, no sólo busca defender el vapeo sino también proteger la libertad de elección de cada individuo para consumir lo que mejor le convenga. En su opinión, la prohibición de los vapeadores limitaría esta libertad, eliminando la posibilidad de recibir asesoramiento adecuado como el que ella recibió.

Alberto Gómez Fernández, miembro de la World Vapers Alliance, también expresó su desacuerdo con la prohibición, calificándola de «fracaso completo». Según Fernández, la prohibición solo conduciría a un mercado negro de productos de vapeo que escapan a los controles de seguridad y calidad, criminalizando a los consumidores y comerciantes, y dejando el comercio en manos de grupos criminales.

Fernández destacó que los vapeadores son una herramienta útil para quienes buscan dejar de fumar. En su defensa, citó estudios científicos que aseguran que el vapeo es un 95% menos dañino que el cigarro. También mencionó que políticas públicas implementadas en países como el Reino Unido, relacionadas con los vapeadores, están ayudando a combatir el tabaquismo.

Al igual que los demás manifestantes, Fernández insiste en que la demanda es la regulación y la implementación de controles de calidad y seguridad en los dispositivos de vapeo, así como en los ingredientes que se utilizan. Además, piden que se permita a los adultos adquirir estos productos de manera más accesible.

En la manifestación, los participantes portaron mantas con leyendas como “El vapeo salvó mi vida”, “Yo voto, yo vapeo”, “Regulen el vapeo”, “El vapeo no es tabaco”, entre otras, buscando captar la atención de legisladores y público en general.