El desamparo de los propietarios ante las okupaciones ilegales: el caso de Amaya
La okupación de propiedades ha sido una problemática constante que afecta a todas las comunidades. Aunque las circunstancias son siempre muy variadas, existe un patrón común en todas ellas, y es la indefensión de los propietarios. Uno de estos casos que ha provocado indignación proviene de Portugalete, en el País Vasco.
La afectada es Amaya, una madre de familia numerosa que alquiló su piso a una joven que dejó de pagar el alquiler a los pocos meses. Esta situación no es aislada, y es algo que está ocurriendo a un gran número de propietarios. En el caso de Amaya, la situación es especialmente difícil ya que se encuentra desempleada y tiene que hacer frente al pago de la hipoteca con su prestación por desempleo. La cantidad que debe abonar mensualmente es de 574 euros, mientras que la inquilina vive en el piso sin coste alguno.
«La inquilina puede pagar los estudios a su hija y yo no sé si podré cuando sean mayores», lamenta Amaya, que está teniendo dificultades para pagar los estudios de su hija mayor. Amaya decidió alquilar su piso a esta joven como una buena acción, ya que la inquilina se había separado recientemente y pretendía ayudarla a ella y a su hija.
La complicidad de un piso okupado
Amaya, madre de tres niñas, se ve obligada a destinar su paro a la hipoteca de un piso que adquirió con sus ahorros hace años. Decidió alquilarlo a la actual okupa, que se presentó como una madre soltera que estaba atravesando un proceso doloroso de separación.
El alquiler comenzó a finales de 2022 con una cuota mensual de 650 euros. A pesar de esta cantidad, Amaya no obtenía beneficio debido a los gastos de reformas y pagos comunitarios. Desde el principio, la inquilina «pagaba mal y tarde», pero no fue hasta noviembre de 2023 cuando dejó de pagar.
Amaya intentó ayudar a la inquilina a encontrar un trabajo, pero la joven terminó renunciando a él. Este año, la inquilina solo ha pagado dos veces mediante bizum, con cantidades de 350 y 300 euros, pero siempre alega que «nunca tiene dinero».
Amaya perdió su empleo en enero y desde entonces cobra una prestación por desempleo de unos mil euros, una cantidad insuficiente teniendo en cuenta su situación. Ha tenido que recurrir a sus ahorros, que ya se han agotado, y asegura que «hasta que no salga no puedo vivir tranquila».
«Mis hijas comen porque mi pareja les proporciona los alimentos pero si lo dejamos en algún momento me quedo en la calle con dos niñas pequeñas«, afirma Amaya, quien confiesa que su único deseo es deshacerse de la carga del piso.
Amaya ha recurrido a la ayuda de un abogado experto en desahucios y ha denunciado su caso en los juzgados. Aunque las noticias sobre el proceso podrían llegar en septiembre, Amaya se muestra escéptica. También recibe apoyo de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, un colectivo que lucha contra este tipo de prácticas ilegales.