En medio de crecientes descontentos y manifestaciones de agricultores en más de 20 países europeos, los responsables del Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas (COPA-COGECA), Christiane Lambert y Lennart Nilssen, han hecho un llamado urgente a los políticos para reconocer la importancia estratégica de la agricultura para la Unión Europea (UE). Según ellos, los agricultores están en una situación crítica y necesitan la atención y el apoyo de los gobiernos.
El centro de la discusión es la última serie de medidas a corto plazo propuestas por la Comisión Europea para simplificar y aliviar las exigencias medioambientales que los agricultores deben cumplir para beneficiarse de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC). Según Lambert y Nilssen, estas medidas no son realistas en cuanto a su ritmo y calendario de implementación. Advierten que los agricultores se enfrentan a una «avalancha de normas y directivas» que ya han generado protestas en muchos países europeos.
Lambert y Nilssen no se oponen a la transición ecológica ni al cambio. Lo que critican es el ritmo poco realista de la implementación de las medidas y las dificultades que estas representan para los agricultores. Lambert lamenta que desde la entrada en vigor de la nueva PAC el 1 de enero de 2023, los agricultores han enfrentado un «tsunami normativo» que ha provocado protestas a lo largo de Europa. Se espera incluso otro desfile de tractores en el corazón de las instituciones europeas para protestar contra estas políticas.
Ambos líderes agrícolas han acogido positivamente algunas de las medidas propuestas recientemente por la Comisión Europea, como la derogación temporal parcial del barbecho y la retirada de la propuesta para reducir a la mitad el uso de productos fitosanitarios. Sin embargo, sostienen que estas acciones y el «diálogo estructural» iniciado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, llegan tarde y no abordan los problemas más urgentes que enfrentan los agricultores.
A este panorama complicado se suman las medidas para controlar las importaciones ucranianas, que han desatado enfrentamientos en la frontera de Ucrania y Polonia. Los líderes agrícolas advierten que los agricultores han perdido un 25% de las ayudas y que muchos no pueden cumplir con las nuevas normas, lo que los lleva a perder aún más ayudas.
En medio de estas tensiones, España ha recibido positivamente las medidas sugeridas por Bruselas y considera que son un primer paso hacia la solución. Aunque reconocen que la situación no cambiará «de la noche a la mañana», desde el gobierno español se otorga la «máxima importancia» a la reducción de las cargas administrativas para los agricultores y la revisión de las obligaciones medioambientales.
En cuanto a los cambios a corto plazo, la Comisión Europea ha admitido que algunas de las normas de la PAC han demostrado ser “difíciles de aplicar en determinadas circunstancias” y ha abierto la puerta a hacer cambios a corto plazo, antes de mediados de marzo. Entre las propuestas de Bruselas se incluye modificar las normas que imponen el requisito de mantener estables las superficies de pastos permanentes en la UE desde el año de referencia 2018.
Además, a medio plazo, la Comisión sugiere la posible adopción de medidas adicionales con cambios más profundos en la PAC para aliviar la situación de los pequeños agricultores. En particular, propone una posible exención para las pequeñas explotaciones de menos de 10 hectáreas de los controles relacionados con el cumplimiento de los requisitos medioambientales. Según la Comisión, esta exención simplificará significativamente el trabajo diario de los pequeños agricultores, que representan el 65% de los beneficiarios de la PAC, manteniendo al mismo tiempo las ambiciones medioambientales de la PAC, ya que las pequeñas explotaciones solo cubren el 9,6% de las zonas que reciben ayudas de la PAC.