La generación de electricidad en España atraviesa una paradoja: producir energía nunca había sido tan barato, pero asegurar la estabilidad del sistema para evitar otro apagón nunca había supuesto un coste tan elevado. Con cerca de 50.000 megavatios (MW) de potencia solar instalados y una demanda que no crece al ritmo previsto, el precio del megavatio hora llega habitualmente a cero euros al mediodía: se han registrado 119 días con ese valor en lo que va de año, frente a los 89 de todo 2025.

Al mismo tiempo, las medidas necesarias para mantener la tensión de la red bajo control han elevado la factura acumulada a 4.570 millones de euros, un 40% más que en el mismo periodo del año anterior, según el último Observatorio del coste de los servicios de operación, en el que participan Aelec, la CEOE y otras asociaciones.

Una red al límite ante la llegada de los centros de datos

El desequilibrio se agrava por una red con más del 80% de los nudos cerrados a nueva demanda, vertidos de energía renovable y la necesidad de quemar gas para prevenir nuevos apagones. La próxima llegada masiva de centros de datos añade presión a un escenario que enfrenta a las administraciones con la disyuntiva de atraer inversión, preservar la capacidad para la industria y evitar un encarecimiento de la luz para los hogares.

En este contexto, PP, PSOE, Vox y Sumar presentan durante la precampaña propuestas que todavía no han incorporado a sus programas definitivos y que deberán afrontar estas limitaciones si llegan a la Moncloa.

PP: nuclear, rebaja fiscal y un plan para las redes

Prórroga de reactores y eliminación del IVPEE

El Partido Popular concentra su estrategia en el bloqueo de las redes, el alivio fiscal y la defensa del parque nuclear. La polémica sobre el denominado «impuesto al sol» ha vuelto a surgir tras el canon implantado en Castilla y León. Alberto Nadal, portavoz económico del PP y redactor en 2015 del decreto que penalizó el autoconsumo durante el Gobierno de Mariano Rajoy, aseguró en el Foro Solar de UNEF que esa medida no se extenderá al resto de España.

Por otra parte, Génova pretende frenar el real decreto relativo a los centros de datos para proteger estas inversiones en comunidades gobernadas por el PP, como Madrid y Aragón.

La propuesta de Alberto Núñez Feijóo contempla una ley para ampliar durante diez años la vida de reactores como Ascó o Vandellòs, tras calificar de opaca la orden sobre Almaraz. También incluye un plan de choque para las redes de entre 12 y 18 meses y la eliminación del impuesto del 7% a la generación eléctrica, el IVPEE.

Aunque la congestión de los nudos y la amortización del déficit de tarifa prevista para 2028 respaldan una rebaja tributaria, resolver los problemas de la red de transporte en año y medio entra en conflicto con los plazos medioambientales y los límites de inversión.

PSOE: continuidad del PNIEC y más inversión en transporte

17.900 millones para reforzar la red

El PSOE reivindica el desarrollo renovable registrado desde 2018, que, según sostiene, ha situado el precio industrial un 25% por debajo de la media europea. Su planteamiento mantiene sin cambios el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), con el objetivo de que el 81% de la generación sea limpia en 2030.

Para aliviar la saturación, los socialistas confían en una inversión de 17.900 millones de euros en la red de transporte, un incremento del 144%. Pese a las indicaciones de la Comisión Europea y de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que recomienda revisar el desmantelamiento nuclear caso por caso, el partido ratifica el cierre escalonado de las centrales hasta 2035. La ampliación de la actividad de Almaraz hasta 2030 se justifica como un ajuste técnico para garantizar el suministro.

El plan incorpora además 22,5 gigavatios de almacenamiento y una fiscalidad verde. Sin embargo, se enfrenta a una demanda estancada en 240 teravatios hora, circunstancia que intensifica los precios negativos, mientras la implantación de baterías continúa frenada por el retraso en la activación de los mecanismos de capacidad.

Vox: planificación estatal y respaldo nuclear

Críticas a la expansión renovable sobre suelo agrario

Vox no plantea un rechazo general a las renovables, pero denuncia una «burbuja especulativa» en defensa del campo, según su diputado Ricardo Chamorro. La formación de Santiago Abascal propone que cualquier parque quede sujeto a una planificación estatal que impida ocupar regadíos productivos, dé prioridad a la agrovoltaica y preserve la energía nuclear como respaldo síncrono ante los apagones.

En materia regulatoria, Vox plantea una reducción intensa de impuestos y trabas administrativas. Los balances de Red Eléctrica respaldan su crítica al desaprovechamiento técnico: cerca de 20 teravatios hora de energía limpia se perdieron en un año debido a la falta de capacidad de evacuación y almacenamiento.

No obstante, los datos del Ministerio de Agricultura sitúan la ocupación solar por debajo del 0,2% del suelo agrario útil. Además, su defensa de la liberalización contrasta con el impuesto autonómico a los parques solares aprobado por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.

Sumar: reforma del mercado, baterías y cierre nuclear

Objetivo de generación 100% renovable en 2040

Sumar, que concurrirá a las elecciones dentro del Frente Amplio, pone el acento en el diseño financiero del mercado eléctrico. La formación critica el sistema marginalista, en el que el gas determina los precios, al considerar que eleva el recibo doméstico y perjudica a las instalaciones limpias.

Su programa establece el objetivo de alcanzar una generación 100% renovable en 2040 y una electrificación acelerada de la demanda. Para ello, plantea prohibir los vehículos de combustión en 2035 y las calderas de gas en 2040. En el ámbito nuclear, exige el cierre definitivo de las centrales en 2030, sin excepciones, al entender que la continuidad de Almaraz reduce los ingresos de las instalaciones solares del suroeste.

Para apoyar al sector fotovoltaico, Sumar propone créditos del ICO para baterías y eximir del IVPEE únicamente a las energías renovables. Si bien los precios cero respaldan sus críticas al mercado diario, informes como el de la AIE advierten de que prescindir de la masa síncrona nuclear en cuatro años obligaría a utilizar más gas en la red. Además, su reforma fiscal selectiva plantea importantes objeciones jurídicas.

Un margen limitado tras las elecciones

Una vez concluida la batalla electoral, el margen de actuación del futuro Gobierno y de sus socios será más reducido de lo que sugieren las promesas de campaña. Con la red de transporte saturada y los vertidos renovables en aumento, el desafío será abrir paso a nueva demanda industrial sin trasladar a las familias el coste de reforzar la estabilidad del sistema eléctrico.