La Asociación MIR España (AME) ha pedido al Ministerio de Sanidad que el incremento de plazas de formación sanitaria especializada se ajuste a las necesidades reales de médicos especialistas en hospitales y centros de salud. La convocatoria contempla 9.676 plazas para Medicina, alrededor de 400 más que en la edición anterior, para un total de 21.668 aspirantes admitidos.
El examen se celebrará el 23 de enero, de acuerdo con la convocatoria difundida por Sanidad a finales de la semana pasada. Las cifras suponen que hay una plaza por cada 2,24 médicos que optan a incorporarse al sistema sanitario público. Respecto a la convocatoria anterior, se han sumado 5.654 admitidos, un aumento del 35,3%, mientras que la oferta de plazas crece un 4,3%.
Preocupación por la planificación de la formación especializada
Jesús Arzúa, presidente de la Asociación MIR España, explica que los aspirantes afrontan el proceso con ilusión, cansancio e incertidumbre por la posibilidad de no poder escoger la especialidad o el destino que desean. A su juicio, la cuestión no se limita a lograr una plaza, ya que también condiciona el lugar de residencia y la trayectoria profesional de cada médico.
Arzúa considera que un mayor número de médicos interesados en especializarse no es, por sí solo, un elemento negativo. Sin embargo, reclama conocer cómo se organiza ese crecimiento y qué respuesta ofrece la Administración. Según sostiene, el aumento de candidatos no resolverá las carencias asistenciales si no se traduce en los especialistas que requieren los centros de salud y los hospitales.
Desde la asociación advierten de que la planificación debe tener en cuenta factores como las jubilaciones previstas, la capacidad docente y las condiciones necesarias para retener profesionales en cada territorio. AME no defiende elevar las plazas de forma indiscriminada hasta igualarlas con el número de solicitudes, ya que cada plaza MIR debe responder a una necesidad concreta y disponer de recursos suficientes para ofrecer una formación adecuada.
Además, recuerdan que formar a un especialista requiere años. Para responder a las necesidades actuales, plantean reforzar la estabilidad laboral, reducir las cargas de trabajo, mejorar las retribuciones y hacer más atractivos los puestos de difícil cobertura. Para la asociación, ampliar la entrada al sistema sin atender a la permanencia de los profesionales supondría una política incompleta.
Garantías docentes y transparencia en el examen
Los MIR también temen que el aumento de plazas no vaya acompañado de tutores suficientes, tiempo protegido para la docencia, supervisión efectiva, actividad clínica apropiada y recursos para completar las rotaciones.
Por ello, AME solicita a Sanidad medidas concretas, entre ellas la publicación del plan de contingencia del examen. Este documento debería incluir la capacidad de cada localidad, aulas de reserva, personal disponible, accesibilidad y el procedimiento de comunicación ante posibles cambios de sede.
La organización reclama asimismo que la oferta se planifique junto a las comunidades autónomas, atendiendo a las necesidades asistenciales y a la capacidad docente real, además de incorporar medidas destinadas a retener a los especialistas.
El peso de los aspirantes formados fuera de España
Otro de los asuntos que preocupa a los médicos en formación es el número de candidatos con estudios realizados fuera de España. En esta convocatoria hay más de 10.000 admitidos de nacionalidad extranjera, en su mayoría extracomunitarios, con sus títulos en regla, y cerca del 50% de los aspirantes procede de otros países.
La convocatoria incorpora unas 2.500 plazas nuevas en Medicina Familiar, un 26% más; otras 530 en Pediatría; casi 450 en Medicina Interna; una cifra similar en Anestesiología; y alrededor de 350 en Psiquiatría.
El año pasado se homologaron más de 30.000 titulaciones médicas. No obstante, Arzúa precisa que esa cifra no equivale a 30.000 incorporaciones efectivas a la asistencia sanitaria española durante ese mismo año, pues parte del incremento corresponde a la resolución de expedientes acumulados.
Para quienes no disponen de la homologación, esta convocatoria reserva unas 900 plazas. AME pide conocer cuántos profesionales se incorporan realmente, con qué cualificación y en qué puestos. La asociación reclama que Sanidad aporte información sobre las homologaciones y publique datos agregados que permitan saber cuántos aspirantes acceden con títulos homologados.
Integración con cualificación y seguridad para los pacientes
La asociación considera que los médicos formados fuera de España pueden realizar una aportación valiosa a la sanidad pública, siempre que su incorporación cuente con las garantías y cualificaciones correspondientes. Arzúa subraya la necesidad de distinguir entre la homologación del título básico de Medicina y el reconocimiento de una especialidad.
Homologar el grado, señala, no convierte automáticamente a una persona en médico de familia, pediatra o cardiólogo. La especialización puede lograrse mediante la formación MIR o, en el caso de quienes ya la hayan cursado en otro país, a través del procedimiento de reconocimiento aplicable.
También advierte de que las homologaciones no pueden presentarse como una solución inmediata a la falta de especialistas. La integración, sostiene, debe respetar los requisitos de cada puesto y facilitar la adaptación al funcionamiento del sistema, sus protocolos y la comunicación con los pacientes.
El examen MIR evalúa conocimientos y razonamiento mediante preguntas, pero no permite observar directamente cómo un profesional explora a un paciente, realiza una técnica o se comunica ante una situación clínica. Además, una persona que homologa su título no necesariamente accederá después a la formación MIR.
AME solicita que las incorporaciones se planifiquen con rigor y respeto, mediante la verificación de titulaciones y competencias exigibles, itinerarios claros de especialización o reconocimiento y datos sobre la incorporación laboral efectiva. La entidad insiste en que no plantea una respuesta basada en la nacionalidad, sino una exigencia dirigida a las administraciones responsables de organizar el sistema y garantizar la seguridad de los pacientes.

