Reforma del Mercado Eléctrico de la Unión Europea: Cambios sutiles en busca de precios asequibles y competitivos

En una jugada silenciosa pero trascendental, el martes marca el comienzo de una nueva era en el mercado eléctrico de la Unión Europea. La reforma del mercado eléctrico, aprobada por los 27 Estados de la Unión Europea el pasado 21 de mayo, entra en vigor. Mientras los consumidores y productores de electricidad no notarán cambios inmediatos, las reglas del juego cambiarán en un intento por conseguir precios de la electricidad «asequibles» y «competitivos».

El objetivo de esta nueva norma, concebida en respuesta a la crisis energética de los últimos tres años, no afecta al sistema de formación de precios actual. Este sistema, conocido como sistema marginalista, establece que la tecnología más cara, generalmente el gas, es la que determina el precio.

Según un comunicado de la Comisión Europea, este sistema «ofrece eficiencia, transparencia e incentivos para mantener los costes lo más bajos posible». La Comisión argumenta que la alternativa, el modelo de pago por oferta, no proporcionaría precios más baratos.

La reforma busca reducir el peso del mercado mayorista

Aunque la nueva norma no aborda directamente el problema subyacente, proporciona a los países ‘nuevos’ instrumentos para intentar reducir el peso del mercado mayorista y promover el uso de las energías renovables. Si bien muchas de estas medidas ya están en vigor en España, la Comisión Europea mantiene la opción de revisar la reforma en 2026.

Una estrategia clave es la promoción de los contratos a plazo. Estos acuerdos de compraventa de energía entre un productor y un consumidor, conocidos como PPA (Power Purchase Agreements), garantizan a ambas partes un precio fijo a largo plazo. Estos contratos son privados y voluntarios, y los Estados miembros deberán fomentarlos con políticas y medidas específicas.

Además, la reforma presenta la figura de los ‘contratos por diferencias’ (CFD), que son contratos entre el productor de energía y un Gobierno para apoyar las inversiones en generación eléctrica. En un escenario de precios altos, este mecanismo genera una fuente adicional de ingresos para los países que debe utilizarse para suavizar el impacto de las facturas de los consumidores y financiar inversiones destinadas a reducir estos costes.

Para asegurar el suministro en un sistema eléctrico cada vez más renovable, la norma también establece un «objetivo nacional indicativo» de flexibilidad de «tecnologías no fósiles». Este objetivo se respaldará con mecanismos específicos, como la respuesta de la demanda y el almacenamiento.

La nueva norma facilita las «ayudas» para la flexibilidad

Además, la nueva norma permite que los países proporcionen «ayudas» para fomentar esta flexibilidad, a través de «pagos por capacidad disponible». Esto es, retribuir a las centrales que tienen la posibilidad de decidir cuándo producen energía por estar disponibles cuando sea necesario.

La norma también subraya la necesidad de inversión en redes «dentro y fuera de las fronteras» como crucial para la seguridad del suministro. Esto es especialmente relevante en un contexto en el que la energía renovable y la demanda se encuentran más distantes que en el pasado.

En casos de crisis, la Comisión Europea tiene el «poder» de declarar una crisis y establecer los «criterios» para hacerlo, como por ejemplo si se dan precios medios «muy elevados» que se espera que continúen durante al menos seis meses. En tales casos, los Estados miembros podrán aplicar «intervenciones públicas específicas y temporales en la fijación de los precios del suministro de electricidad a las pequeñas y medianas empresas».

Este conjunto de nuevas reglas y herramientas proporciona una hoja de ruta para afrontar futuras crisis energéticas y busca garantizar precios asequibles y competitivos para todos los consumidores de la Unión Europea.