Generalitat Valenciana instada a pagar a doctora por incumplimiento de medidas de seguridad durante COVID-19
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha emitido una notificación a la Generalitat Valenciana solicitándole que proceda al pago de 11.965 euros a una doctora que contrajo COVID-19 en marzo de 2020. El INSS establece que durante el accidente laboral se incumplieron las medidas de seguridad, según denuncia el sindicato CSIF.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentó una queja ante la Dirección Provincial del INSS, argumentando que la Conselleria de Sanidad no cumplió con su deber legal de proporcionar a sus empleados los medios materiales de protección necesarios para garantizar unas condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo.
El sindicato afirma que el 31 de enero de 2020, formuló una pregunta por escrito a la misma Conselleria, sobre qué medidas de protección iba a aplicar debido a la propagación del COVID-19. Sin embargo, este documento no recibió respuesta. Cuando la pandemia llegó a España en marzo de 2020, los profesionales de la salud tuvieron que enfrentarla con una escasez de mascarillas, EPI o batas.
El efecto del incumplimiento de medidas en la salud de los trabajadores
CSIF menciona que la doctora afectada por esta resolución sufrió un accidente de trabajo el 17 de marzo, que resultó en neumonía por COVID-19. Como resultado de esta enfermedad, ha sufrido lesiones que le han provocado incapacidad temporal hasta abril de 2021, según consta en el expediente del INSS.
El sindicato presentó un escrito ante el INSS solicitando un recargo de prestaciones económicas derivadas de este accidente laboral por falta de medidas de seguridad. Asimismo, requirió que la Conselleria de Sanidad sea condenada a abonar un recargo sobre las prestaciones económicas derivadas del accidente de trabajo sufrido.
Por lo tanto, consideran que la resolución emitida por el INSS deja claro el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud laboral. La resolución propone un aumento del 30% en las prestaciones derivadas del mismo, siendo la empresa Generalitat Valenciana la responsable. Este recargo asciende a 11.965 euros en el caso de la doctora afectada.
CSIF destaca que este es el primer caso en la provincia de Valencia en el que el INSS reconoce explícitamente que hubo un incumplimiento de medidas de seguridad por parte de la Generalitat hacia sus trabajadores durante los primeros meses de la pandemia. En consecuencia, la resolución dictamina que la Generalitat debe asumir la responsabilidad y pagar un recargo.