El gobierno de la Generalitat de Catalunya ha confirmado que pagará a sus funcionarios el incremento salarial del 0,5% aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Este aumento será reflejado en la nómina de marzo y se aplicará con efectos retroactivos a partir del 1 de enero de 2023, incluyendo también los atrasos adeudados. Este anuncio, que afecta a los más de 200.000 empleados públicos dependientes de la administración catalana, se ha confirmado a través de fuentes de la conselleria de Presidència, que también ha asegurado que la tramitación de los pagos ya ha comenzado por parte de Economia.
Este incremento salarial aprobado por el Gobierno del Estado responde a los acuerdos previamente establecidos con los sindicatos CCOO y UGT en octubre de 2022 y beneficiará a los funcionarios y personal laboral de todas las administraciones públicas. En total, más de tres millones de personas se verán favorecidas por esta medida que, además, implica un aumento retroactivo desde el 1 de enero de 2023.
A pesar de que la subida salarial es obligatoria en todas las administraciones, cada una tiene la potestad de gestionarla a su propio ritmo. En este sentido, la Generalitat ha decidido hacer efectiva esta subida en la nómina de marzo, una decisión que ha generado cierto descontento entre sus trabajadores. Aunque la aprobación del incremento por parte del Consejo de Ministros ha ocurrido este martes, los datos del Producto Interno Bruto (PIB) ya permitían prever semanas atrás que las administraciones tendrían que aumentar el sueldo de su personal.
Este incremento salarial se inscribe en un plan plurianual de incrementos que distribuye los aumentos entre componentes fijos y variables, algunos de los cuales están vinculados a la evolución de los precios y al PIB. En el caso de la economía española, ha experimentado un crecimiento por encima de las expectativas del Gobierno, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este hecho ha motivado el incremento salarial.
A pesar de que con esta medida el Gobierno desatasca el aumento salarial pendiente, aún no ha aclarado cuándo aplicará la revalorización prevista para este 2024, del 2%. Esta revalorización está muy ligada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que todavía no tienen fecha. Hasta que el Estado no resuelva esta cuestión, el resto de administraciones, como la Generalitat, no harán lo propio.
Ahora, las diferentes entidades gubernamentales deberán calcular cuándo harán efectivo el aumento y pagarán los atrasos correspondientes. La cuantía exacta variará considerablemente, teniendo en cuenta la amplia dispersidad de tablas salariales y pluses que tiene cada institución y departamento.
Dicha subida del 0,5% deberá hacerse efectiva con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023, lo que implica pagar año y dos meses de atrasos. Esto significa que la subida irá acompañada de una ‘paguilla’ compensatoria. Fuentes consultadas de la UGT cifran para un trabajador de la administración general del Estado, categoría C1 y nivel 18 con dos trienios (un perfil de los más numerosos) esa ‘paguilla’ en unos 144 euros. La misma categoría en la Generalitat podría rondar una cifra similar, aunque el ‘extra’ que cobrará cada empleado variará dependiendo de cada categoría, el número de trienios acumulados y otras circunstancias particulares.