En una decisión que podría tener amplias implicancias para otros funcionarios de alto rango con condenas similares, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha absuelto a la exministra socialista Magdalena Álvarez del delito de prevaricación. La exministra había sido condenada en relación con su papel en el escándalo de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía, que resultó en una pérdida de 680 millones de euros de las arcas públicas andaluzas.
El TC ha estimado un recurso de amparo presentado por Álvarez contra las sentencias que la condenaron a nueve años por prevaricación continuada en el caso ERE. La decisión abre la posibilidad de que otras personas condenadas por este delito puedan ver rebajadas o anuladas sus penas en vista de este precedente.
Además de Álvarez, hay 14 exaltos cargos de la Junta de Andalucía que han sido inhabilitados según el fallo ratificado por el Tribunal Supremo en 2022, a los que ahora podría beneficiar el amparo admitido por el TC. Estos incluyen los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, quienes también han alegado una vulneración de derechos en su sentencia.
Los otros condenados
José Antonio Griñán fue condenado a 15 años de inhabilitación por el delito de prevaricación, además de a seis años de cárcel por malversación. Sin embargo, su ingreso en prisión ha sido aplazado por cinco años debido a su cáncer de próstata, y se está considerando su indulto debido a su enfermedad.
El exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, por su parte, interrumpió su estancia en prisión tras una condena de siete años por un delito de malversación de fondos públicos. Su condena de 18 años por prevaricación podría quedar anulada tras esta decisión.
Además, tanto Manuel Chaves, que fue máximo responsable del Ejecutivo regional (1990-2009), como el exconsejero de Economía, Gaspar Zarrías, se encuentran en pleno proceso de inhabilitación por prevaricación. El Supremo ratificó nueve años de privación de sus ejercicios profesionales.
El exviceconsejero de Empleo, Antonio Fernández, y la entonces consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, también se enfrentan a graves penas. Fernández tiene la mayor condena de los implicados, con 19 años y seis meses de inhabilitación por prevaricación y 7 años y 11 meses de cárcel por malversación. Aguayo, por su parte, afronta una pena de seis años de prisión por malversación, solapada a otros 15 años de inhabilitación por prevaricación.
Otros condenados incluyen al exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, y al exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Agustín Barberá. Ambos fueron condenados a siete años de cárcel por malversación y a 18 de inhabilitación por prevaricación. Barberá está en prisión, mientras que para Vallejo se propuso el segundo grado en febrero.
El antiguo director general de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez, fue otro de los beneficiados por la revisión del Supremo en 2022, cuando se le rebajó la condena por malversación de siete a tres años de cárcel y la de prevaricación de 18 años de inhabilitación a 7 años y seis meses.
Los exviceconsejeros de Innovación y de Justicia, Jesús Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano, respectivamente, cumplen condena de seis años de cárcel por malversación, además de una inhabilitación de 15 años por prevaricación. Serrano, que fuera director de IDEA, también enfrenta una inhabilitación por prevaricación de 17 años.
Jacinto Cañete, antiguo director de IDEA, fue condenado a una inhabilitación de ocho años y seis meses por delito de prevaricación. Finalmente, los viceconsejeros de Ecomomía y de Presidencia, José Salgueiro y Jacinto Vicente, respectivamente, quedaron bajo una pena de nueve años de inhabilitación del ejercicio profesional debido al delito de prevaricación que ratificó el Tribunal Supremo y cuya revisión ahora plantea la Fiscalía.