La Fiscalía impugna la decisión de no amnistiar a Puigdemont
Este viernes, la Fiscalía ha hecho pública su intención de recurrir la decisión del instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, de no conceder amnistía por malversación al expresidente catalán Carles Puigdemont y de mantener vigente la orden nacional de detención contra él. Fuentes fiscales han confirmado a ABC que el Ministerio Público presentará su escrito durante esta jornada, coincidiendo con la fecha límite para recurrir el auto que el instructor del Tribunal Supremo emitió el pasado lunes.
La resolución del juez Llarena aseveraba que no era posible aplicar el olvido penal a la malversación que se le atribuye a Puigdemont ya que, a su juicio, este sí obtuvo un enriquecimiento personal y afectó a los intereses financieros de la Unión Europea (UE), según informó Nati Villanueva.
El Ministerio Público había solicitado al juez que aplicara la amnistía a la malversación y a la desobediencia, argumentando que no hacerlo «dejaría prácticamente vacío de contenido lo dispuesto» en la norma aprobada por las Cortes Generales. Además, la Fiscalía había defendido la eliminación de las órdenes nacionales de detención que pesan sobre Puigdemont y el resto de exconsejeros procesados.
La cuestión de los ‘arquitectos del ‘procés»
Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) todavía tiene pendiente decidir si aplica el olvido penal a los denominados ‘arquitectos del ‘procés’, Josep Maria Jové (ERC) y Lluís Salvadó, quienes están acusados de malversación y prevaricación por el 1-O. Fue el fiscal Pedro Ariche quien lo solicitó la semana pasada, siguiendo el criterio establecido por el fiscal general.
En su escrito, Ariche también solicitó el archivo de la causa contra la actual consejera de Cultura, Natàlia Garriga, acusada de desobediencia. Es importante recordar que el fiscal pedía siete años de cárcel para Jové, exresponsable de Economía del Govern, durante el 1-O, y otros seis años y tres meses para el entonces secretario de Hacienda, Salvadó, ahora presidente del Puerto de Barcelona, por malversación agravada, desobediencia, desórdenes y prevaricación. Para Garriga, una multa de 18.000 euros y un año de inhabilitación.
Después de la entrada en vigor de la amnistía, el representante del Ministerio Público señaló que, «en estricta aplicación de los principios instrumentales de unidad de actuación y de dependencia jerárquica» de la Fiscalía y «en el bien entendido que los mismos se encuentran subordinados a los valores superiores de respeto a la legalidad e imparcialidad», le correspondía solicitar para ellos la aplicación de la norma.
Es relevante recordar que el TSJC ya aplicó la amnistía al exconsejero catalán de Interior Miquel Buch, condenado a cuatro años y medio de cárcel por prevaricación y malversación por contratar como asesor a un mosso para que en realidad ejerciese como escolta de Puigdemont en el extranjero. En su resolución, la Sala Civil y Penal apuntó que, a pesar de que entre las posibles exclusiones se encuentran aquellas referidas a la malversación, por la que tanto Buch como el policía fueron condenados, en este caso no ha existido un «beneficio personal de carácter patrimonial». Es decir, que quedan amparados por la ley.