El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, ha presentado un paquete de nueve peticiones de reforma a sus homólogos de la Unión Europea. Su objetivo es aliviar las tensiones que prevalecen entre los agricultores y ganaderos españoles y, en última instancia, de toda la UE, que han estado protestando durante varias semanas. Planas también ha instado a las comunidades a unirse al esfuerzo a medida que las protestas entran en su tercera semana.
Entre las medidas propuestas, España considera de vital importancia revisar las directivas sobre prácticas comerciales desleales y mejorar la presencia de las cláusulas espejo en la normativa comunitaria. Esto último es importante para evitar la competencia de países terceros que producen alimentos sin cumplir con las estrictas normas europeas.
El paquete de reformas también incluye la solicitud de derogación de la rotación de cultivos prevista en la Política Agraria Común (PAC) para 2024, la eliminación de la obligación de dejar superficies no productivas o en barbecho, y la supresión de la necesidad de una foto georreferenciada en la declaración de la PAC. Además, se pide una ampliación en el catálogo de ecorregímenes para tener en cuenta las zonas especialmente áridas y que el uso del cuaderno digital sea voluntario.
Planas también pedirá cambios a corto plazo en la condicionalidad reforzada, una de las cuestiones más polémicas de la última reforma de la PAC, y la introducción de flexibilidades en los planes estratégicos. Estas nueve medidas forman parte del plan de choque que el Ministro acordó con las principales organizaciones agrarias como Asaja, COAG y UPA.
Ante la actual crisis en el sector agrario, la reunión ministerial del 26 de febrero se centrará en la necesidad de respuestas rápidas y estructurales. España ya ha enviado este documento a la Presidencia de turno del Consejo de la UE y al Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski.
Además, Planas ha convocado a los consejeros autonómicos a una reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola para reforzar los controles de inspección sobre el desarrollo de la ley de la cadena alimentaria, lo que garantiza que los productores no estén vendiendo a pérdidas.
Planas también ha buscado el apoyo de las comunidades autónomas para la implementación de las 18 medidas del plan de choque. Ha mencionado que es responsabilidad de las autonomías coordinar acciones para llevar a cabo una única inspección al año en una explotación, así como trabajar en cuestiones como el calendario de las diferentes convocatorias de ayudas o programas, especialmente aquellos dirigidos a jóvenes que se incorporan a la actividad agraria.
Asimismo, Planas ha instado a las comunidades a apoyar en la formación y asesoramiento a los productores sobre la introducción voluntaria del cuaderno digital de campo. También les ha pedido que aumenten sus aportaciones al sistema del seguro agrario, que los productores exigen reformar para poder enfrentar mejor el cambio climático. Actualmente, la Administración del Estado aporta entre un 30% y un 40% de las primas, mientras que algunas autonomías apenas alcanzan el 3%.