La creciente factura por la depuración de aguas residuales de España: Un análisis

El manejo inadecuado de las aguas residuales urbanas en España ha llevado a una serie de complicaciones y dificultades, con repercusiones financieras y medioambientales significativas. La Unión Europea (UE) ha impuesto una multa a España por incumplir la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas en varias áreas urbanas, un problema persistente que ha resultado en una multa acumulada de 90 millones de euros.

En 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que 17 conglomerados urbanos debían corregir el manejo deficiente de las aguas residuales para que la sanción económica se levantase. Sin embargo, a día de hoy, cuatro ubicaciones (Matalascañas en Huelva, Alhaurín el Grande en Málaga, Barbate en Cádiz y Valle de Güimar en Santa Cruz de Tenerife) aún están en proceso de implementar sus plantas de tratamiento, con plazos que se extienden hasta principios de 2026.

El impacto de las directivas de la UE y la creciente multa

La directiva de la UE establece que los Estados miembros deben tener sistemas de recolección en todas las aglomeraciones con al menos 2.000 habitantes. Aunque la multa data de 2018, el desacuerdo entre España y las autoridades comunitarias sobre este tema medioambiental se remonta a décadas. En 2011, la UE emitió su primera sentencia en respuesta a la mala gestión de las aguas residuales en 43 aglomeraciones urbanas, basándose en la directiva europea de 1991. Esta directiva establecía el año 2000 como límite para corregir el problema, pero España llegó a 2017 con 17 aglomeraciones urbanas que aún no cumplían con los requisitos mínimos.

El TJUE sentenció a España a pagar 12 millones de euros y una multa coercitiva de 11 millones por cada semestre que no cumpliera con la legislación. Con el tiempo y la disminución de las infracciones municipales, la sanción semestral se redujo a 3 millones de euros.

Además de la multa en aumento, España enfrenta otros desafíos relacionados con las aguas residuales urbanas. A finales de 2023, la Comisión Europea decidió llevar a España nuevamente ante el TJUE por incumplir la directiva. Según las autoridades comunitarias, existen 29 aglomeraciones donde España aún debe garantizar que disponen de sistemas colectores de aguas residuales, y un total de 225 aglomeraciones donde el país «no ofrece el grado de tratamiento necesario en lo que respecta a los vertidos después del tratamiento».

La UE ha acordado endurecer la normativa para las aglomeraciones de más de 1.000 habitantes para 2035, lo que probablemente aumentará el grado de incumplimiento de España. Desde marzo de 2021, los países de la UE tienen un plazo de tres años para incorporar la normativa a su legislación, aunque algunos artículos pueden esperar hasta el 31 de diciembre de 2035.

El coste creciente de la infraestructura de tratamiento

El incremento de la multa dependerá de cuándo se completen las obras de las cuatro plantas de tratamiento restantes. Las fechas estimadas sugieren que España seguirá pagando hasta, al menos, principios de febrero de 2026, tras la inauguración de la infraestructura en Cádiz. La inversión para su puesta en marcha se ha fijado en 35 millones de euros.

El caso de Matalascañas es especialmente problemático debido a dos vertidos de aguas residuales en 2021 que representan un riesgo para el Parque Nacional de Doñana. El proyecto de la planta de tratamiento en esta área ha estado en espera durante 28 años y plantea controversias debido a la necesidad de instalar tuberías de hasta 3,3 kilómetros para conducir las aguas residuales.

La construcción de la tercera depuradora de Málaga fue adjudicada en octubre de 2021 y está en proceso de revisión desde principios de 2023. La Junta de Andalucía ha confirmado que las obras de infraestructura comenzarán a finales de 2024, por lo que el inicio de las operaciones tendrá que esperar hasta el siguiente año. Mientras tanto, la planta de tratamiento de Canarias solo necesita que le llegue el agua necesaria de las tres redes de saneamiento de los tres municipios a los que servirá para entrar en funcionamiento. Sin embargo, mientras tanto, el Gobierno canario está pagando medio millón de euros por mantener parada la instalación.