La consejera del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez, quien se encuentra a cargo del caso relacionado con los gastos del ‘procés’ en el exterior, ha emitido una resolución en la que otorga un plazo de 10 días a los demandantes contra los políticos independentistas. Estos políticos, entre los que se encuentra el expresidente Carles Puigdemont, deben responder por el alcance contable de los gastos incurridos durante la ruta independentista del año 2017.
La decisión de Hernáez abre la puerta para que la Fiscalía y la Sociedad Civil Catalana (SCC) presenten sus escritos de acusación. Posteriormente, los demandados también tendrán un plazo de 10 días para presentar sus conclusiones. Esta serie de eventos dará lugar a la emisión del visto para sentencia del caso, según informan fuentes del Tribunal de Cuentas.
El juicio, que se centra en los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre y la promoción exterior del procés, se celebró el pasado mes de noviembre. Esta fecha fue solo tres días después de que el PSOE registrara la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados.
Dicha ley también contempla el perdón de la responsabilidad contable del proceso independentista. Sin embargo, fuentes del órgano fiscalizador, consultadas por ABC, señalaron que no pueden anticipar si la sentencia se emitirá antes de que la norma sea aprobada o después.
En enero, Hernáez, como consejera instructora, rechazó suspender el procedimiento debido a la tramitación de la ley. Esta decisión fue tomada a pesar de la solicitud presentada por el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, el ex consejero Raül Romeva y otros siete codemandados. La decisión de Hernáez se alineó con el posicionamiento del fiscal.
Durante la vista del pasado noviembre, a la que el expresidente Puigdemont no acudió y a la que se le negó la posibilidad de presenciar a través de videoconferencia, el fiscal se opuso a la suspensión debido a la tramitación de la ley de amnistía. El fiscal Manuel Martín-Granizo argumentó que la suspensión no puede ser subordinada a un acontecimiento futuro.
En el procedimiento por alcance del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas estima en cerca de 3,2 millones de euros la responsabilidad contable del 1-O y de la acción exterior del ‘procés’. Por otro lado, la Sociedad Civil Catalana (SCC), que dirigió la demanda contra 11 personas, entre las que se incluyen los exconsejeros Dolors Bassa, Jordi Turull, Raül Romeva o Francesc Homs, consejero de Presidencia del Gobierno de Artur Mas, eleva la cantidad a 5,1 millones de euros.