El sector bancario está buscando reducir la autoridad de la recién creada Autoridad de Defensa del Cliente Financiero para emitir dictámenes de obligado cumplimiento para las entidades financieras. Específicamente, la industria bancaria desea limitar esta autoridad a reclamaciones de clientes por cantidades de hasta 2.000 euros, en lugar de los 20.000 euros establecidos en el actual proyecto de ley del gobierno. Esta intención se ve reflejada en las enmiendas que las patronales bancarias han presentado a varios grupos parlamentarios que están tramitando esta norma. La industria bancaria argumenta que el límite de 2.000 euros cubriría aproximadamente el 95% de las reclamaciones presentadas por los clientes contra sus bancos.
Esta no es la primera vez que el sector bancario emprende este intento. Durante las alegaciones presentadas al proyecto de ley que decayó el pasado mayo debido a las elecciones generales, la AEB (Asociación Española de Banca) propuso al Ministerio de Economía reducir el límite a 5.000 euros. Posteriormente defendieron un límite aún menor. Javier Rodríguez Pellitero, secretario general de la AEB, argumentó que la Ley de Enjuiciamiento Civil establece en 2.000 euros la cantidad a partir de la cual se exige la intervención de un abogado y un procurador.
El Banco de España comparte esta postura. Su gobernador, Pablo Hernández de Cos, indicó que un límite de 1.000 euros cubriría «más del 90% de las reclamaciones bancarias». Esta posición ha sido apoyada por varios grupos, como el PNV y PdeCat que proponen reducir el umbral a 2.000 euros; el PP, a 1.000 euros; y Ciudadanos, a 6.000 euros. ERC, por su parte, propone que todas las decisiones del organismo sean vinculantes o, como alternativa, que sean vinculantes hasta 100.000 euros.
El Ministerio de Economía, sin embargo, ha descartado ambas propuestas. Alega que la Autoridad tiene competencia sobre las reclamaciones de clientes no solo de la banca, sino también del asesoramiento financiero y de inversión y de los seguros y fondos de pensiones. Defiende que estos últimos servicios, por su naturaleza, pueden ser objeto de reclamaciones por un importe más alto. Además, señala que las patronales bancarias defendieron la rebaja a los 2.000 euros el pasado diciembre durante el trámite de audiencia pública del nuevo proyecto de ley.
Otro aspecto que preocupa al sector bancario es la capacidad de la nueva autoridad para dictaminar sobre cláusulas abusivas en los contratos. El Ministerio de Economía aclaró y acotó dicha capacidad en el proyecto de ley a petición del Ministerio de Presidencia y Justicia. Sin embargo, las patronales han instado a los grupos parlamentarios a delimitarla aún más, ya que no consideran suficiente la aclaración actual.
Asimismo, el sector bancario propone que solo puedan acudir a la Autoridad los particulares, micropymes y autónomos, excluyendo a inversores institucionales y empresas medianas. Además, quieren limitar el concepto de cliente potencial solo a los solicitantes de cuentas de pago básicas. También sugieren que los clientes vulnerables a los que se va a conceder el derecho de tener una cuenta básica a pesar de que ya tengan otra estándar, solo puedan acceder a una única cuenta básica o a la reconversión de sus otras cuentas en una básica.
Finalmente, el sector bancario quiere que se permita a una entidad acudir a los tribunales penales para intentar recuperar el dinero que le deba un cliente aunque la Autoridad esté tramitando una reclamación. Además, propone que cuando el nuevo organismo decida unificar su criterio sobre un asunto, solo pueda hacerlo cuando distintas reclamaciones afecten a una misma entidad, y que las resoluciones sobre unificación de criterio puedan ser impugnables ante la justicia.