Madrid. 15.02.2024. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la reunión con las organizaciones profesionales agrarias, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

El ministro de Agricultura, Luis Planas, se encuentra en una posición incómoda después de que su plan de 43 medidas para calmar a los agricultores españoles no recibiera el apoyo de dos de las principales organizaciones agrarias del país. La Confederación de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) y la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) han declarado que no respaldarán el documento del ministro.

La COAG, un sindicato con inclinaciones más de izquierdas, ha indicado que no firmará el documento debido a que ha perdido la confianza en Planas. Por otro lado, Asaja, más cercana al Partido Popular, ha argumentado que el plan carece de medidas que deberían ser competencia de otros ministerios, como las bonificaciones en las cotizaciones.

Mientras tanto, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Unión de Uniones han respaldado las propuestas ministeriales. Esta decisión marca una ruptura en la unidad de acción que previamente había caracterizado las movilizaciones del sector agrario. Ahora, el futuro de las protestas depende de las dos organizaciones que no están de acuerdo con el plan. El sindicato mayoritario en Cataluña, Unió de Pagesos, ha dado su aprobación al documento a través de la Unión de Uniones, por lo que las protestas se han detenido por el momento.

Entre las críticas de las organizaciones a las 43 medidas propuestas, se destaca que son «insuficientes» dada la grave crisis del sector. Asaja ha reconocido positivamente las propuestas relacionadas con la flexibilización de la PAC y las rebajas fiscales. Sin embargo, la organización ha señalado la falta de acciones en cuestiones específicas, como la reciprocidad de las normas en las relaciones comerciales con terceros países. Según Asaja, la ganadería ha sido «la gran olvidada del documento», a pesar de necesitar un plan específico, y no se aportan soluciones a problemas estructurales como el agua, los seguros agrarios y el relevo generacional.

Por su parte, COAG ha enfatizado la «pérdida de confianza» hacia Luis Planas por «no respetar los procesos de toma de decisión de cada organización». La organización ha declarado que actualmente no se dan las condiciones necesarias para pensar que las medidas que dependen de la voluntad y el medio plazo se implementarán como se describe en el documento. COAG también ha lamentado la falta de progreso en evitar la competencia desleal de las importaciones, en adaptar el seguro agrario al cambio climático y en proporcionar más apoyo a los productores ante el aumento de los costes.

El gobierno había propuesto varias novedades en su plan de choque. Entre ellas, la creación de una línea de ayudas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un monto de 700 millones de euros, de los cuales 500 millones serían para inversiones del sector agropecuario y 200 millones se reservarían exclusivamente para jóvenes profesionales. También se contemplaban ventajas fiscales, como la prórroga hasta el final de esta legislatura de la deducción del 35% del coste del combustible de uso agrario, y la del 15% de los fertilizantes.

Además, los agricultores acogidos al régimen de módulos del IRPF iban a poder incrementar en cinco puntos, hasta el 15%, la reducción general en el rendimiento neto en la declaración correspondiente a 2023, año para el que ya se había previsto una rebaja, pero solo del 10%.

Por Daniel