El pasado Primero de Mayo, el Día Internacional del Trabajo, España se encontraba sumida en un ambiente cargado de tintes electorales. Con las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina y las elecciones europeas a un poco más de un mes de distancia, los sindicatos aprovecharon este día para movilizar a sus afiliados y simpatizantes. Aunque tanto Cataluña como el resto de España ostentan cifras récord de ocupación, el mercado laboral aún enfrenta una serie de desafíos pendientes para corregir las desigualdades y ampliar el número de personas que obtienen un sustento digno de su profesión.

Desde el fin de la crisis del covid, el empleo en España ha experimentado un crecimiento sorprendente. Para ponerlo en contexto, en 2023, España creó tantos empleos como Alemania y Francia juntas. Sin embargo, a pesar de estos avances, España todavía tiene la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea, con un 12,3%, y en Cataluña, aunque la tasa es algo más baja (9,5%), es el triple de la de Alemania.

El mercado laboral tiene pendiente no solo aumentar el número de ocupados, sino también mejorar las condiciones para los ya ocupados. La reducción de la jornada laboral y el aumento de los salarios son dos de las principales demandas de los sindicatos. Además, también es necesario adaptar la legislación a un mercado laboral cada vez más envejecido y tratar las situaciones de precariedad que afectan a un gran número de jóvenes. El Gobierno ha anunciado varias reformas en este sentido, pero aún están pendientes.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado la reducción de la jornada laboral como «la reforma más importante de esta legislatura». Se ha comprometido a reducir la jornada a 38,5 horas este año y a 37,5 horas en 2025, algo que afectaría a nueve de cada diez asalariados hoy en día.

La patronal, sin embargo, no está de acuerdo con la reforma y esto puede retrasar su implementación. Fuentes de Trabajo han explicado que, a menos que la CEOE dé su aprobación, la tramitación de la rebaja se iría a finales de año, lo que de facto provocaría que la entrada en vigor de las 38,5 horas se haría ya a partir de 2025.

La reducción de la jornada laboral beneficiaría más a los hombres que a las mujeres, ya que se centraría especialmente en sectores más industriales o de la construcción. En gremios como la hostelería o el comercio, con mayor presencia femenina, el principal problema horario es la distribución irregular de la jornada.

Otra reforma destacada relacionada con el mercado laboral es la modificación del coste del despido. El pasado 31 de marzo, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) declaró que la actual legislación laboral no protege suficientemente a los trabajadores españoles en caso de despido. Las indemnizaciones, especialmente para los trabajadores con menos antigüedad, no son suficientes a ojos de Europa.

Yolanda Díaz contempla el conocido como «despido restaurativo», es decir, modular la cuantía final de la indemnización en función de las circunstancias personales del afectado. Sin embargo, los detalles de esta reforma aún están por perfilar y no se ha comenzado a debatir en el seno del diálogo social.

En cuanto a la jubilación, el Gobierno está negociando con la patronal y los sindicatos cómo reformular la jubilación activa para incentivar a la gente a trabajar más años. También está negociando una reforma para extender la posibilidad de la jubilación parcial anticipada más allá de la industria manufacturera.

El Gobierno también está trabajando para reformar los mecanismos que permiten a los empleados de ciertos gremios jubilarse antes de los 66 años y medio sin ver mermada su pensión. Sin embargo, las posturas están alejadas y el acuerdo se hará esperar.

Otra asignatura pendiente del Gobierno es el Estatuto del Becario, una serie de medidas para mejorar la protección de los estudiantes en prácticas y eximirles de parte de los costes que implica hacer unas prácticas. Aunque el Gobierno ha previsto la aprobación del Estatuto en su plan anual normativo para 2024, aún no ha habido nuevos movimientos en esta materia.

Finalmente, todas las empresas ubicadas en España y con una plantilla de 50 empleados o más tienen desde el 1 de marzo la obligación de disponer de un protocolo contra el acoso laboral a las personas LGTBI. Sin embargo, el Gobierno aún no ha elaborado un modelo para guiar a las empresas, lo que ha dejado en suspenso el cumplimiento de la medida. El Ministerio de Trabajo ha mantenido varias reuniones con los agentes sociales para tratar de diseñar consensuadamente dicho modelo, pero aún no han logrado cerrar un acuerdo.