En medio de la creciente tensión política en Cuba, el régimen cubano ha amenazado con la pena de muerte a aquellos que participen en protestas, las cuales son consideradas «ilegales» por el sistema totalitario. Estas amenazas surgen de la anticipación a posibles protestas masivas debido al creciente descontento ciudadano y la crisis económica y política que azota la nación.
La televisión propagandista del Partido Comunista, a través del programa ’Hacemos Cuba’, ha emitido declaraciones de altos funcionarios del Ministerio del Interior y del sistema de justicia, justificando la actuación de la policía, que suele reprimir fuertemente las manifestaciones de descontento popular. Asimismo, estos funcionarios han advertido sobre las consecuencias legales para aquellos que participen en las protestas.
El régimen cubano ha definido las protestas masivas como un acto de «sedición», un delito que se utiliza para castigar a aquellos que promuevan o participen en estos actos y que «perturben el orden constitucional socialista». Las sanciones por este delito oscilan entre los 10 y 30 años de privación de libertad, cadena perpetua o incluso la pena de muerte en casos excepcionales.
Por este supuesto delito de sedición, al menos 225 manifestantes de las históricas protestas del 11 y 12 de julio de 2021 (11J) fueron procesados. De estos, al menos 222 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno, según la organización de derechos humanos Prisoners Defenders (PD).
Estas amenazas ocurren en el contexto de las concentraciones masivas que tuvieron lugar en el oriente del país el pasado mes, las mayores desde el 11J. Durante estas, cientos de ciudadanos, principalmente en Bayamo (Granma) y Santiago de Cuba, salieron a las calles para protestar pacíficamente los días 17 y 18 de marzo, exigiendo «electricidad y comida», «libertad» y «patria y vida».
La ONG PD informó que al menos 24 de los 31 presos políticos añadidos a su listado mensual estuvieron relacionados a las protestas de marzo, para un total de 1092 prisioneros de conciencia existentes actualmente en la Isla.
A pesar de que la mayoría de las protestas desde el 11J hasta la fecha han sido espontáneas, pacíficas y con reclamos legítimos de mejorías económicas y de libertades básicas, para el coronel Hugo Morales Karell estas manifestaciones son alentadas por supuestos terroristas radicados en Estados Unidos.
Según el oficial, estos supuestos terroristas buscan generar un clima de violencia para deslegitimar al Gobierno y provocar una respuesta desmedida por parte de la policía que pueda ser utilizada en redes sociales para «demostrar un Gobierno fallido y una falsa brutalidad policial».
El coronel Morales intentó desacreditar las denuncias de abuso de poder y violencia policial contra ciudadanos desarmados, calificándolas como parte de supuestos «planes de guerra no convencional», cuyo objetivo es fabricar un pretexto para acusar a Cuba.
La miseria, la falta de medicamentos y medicinas, los cortes de electricidad y la inflación, que han sido los detonantes de anteriores manifestaciones, empeoran diariamente en Cuba.
Recientemente, el sitio del gobierno ’Razones de Cuba’ señaló que se esperan protestas en la Isla para el próximo verano y acusó a Washington de preparar sabotajes centrados en el sistema electroenergético nacional para generar malestar popular y «calentar las calles».
En Cuba, la pena capital está en moratoria desde 2003, cuando fue aplicada por última vez contra tres jóvenes cubanos que secuestraron una lancha para intentar llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, entre 1959 y 2003 miles de cubanos fueron ejecutados, la mayoría de ellos por oponerse al régimen de los hermanos Castro.
Desde 2003, la pena capital se ha utilizado como mecanismo persuasivo y en el nuevo Código Penal (CP), en vigor desde el 1 de diciembre de 2022, se incrementó el número de delitos que contemplan la muerte, por fusilamiento, como castigo. Si en el CP anterior eran 20, en el nuevo son 24 los delitos que se castigan con la pena capital, la mayoría de ellos contravenciones contra la seguridad del Estado.
Esto permite -por ley- al régimen eliminar físicamente incluso a los adversarios políticos, a todos aquellos activistas de derechos humanos y opositores que exigen un cambio de sistema y una transición democrática. En la Carta Magna (2019) se declara al sistema socialista como «irrevocable» y al PCC como el único legalmente reconocido y como «la fuerza dirigente y superior de la sociedad».
Aunque en moratoria, la amenaza y la justificación legal para usar la pena de muerte existe y cobra peso ante escenarios de masivas protestas antigubernamentales. Nunca antes el régimen cubano se había enfrentado a un rechazo ciudadano casi generalizado. Lo único que los mantiene en el poder es el uso de la fuerza y el terror.
A través del programa ’Hacemos Cuba’, la cúpula dictatorial envió un mensaje claro: no van a ceder el poder y están dispuestos a reprimir y eliminar a todo aquel que amenace su control absoluto, incluso si ello significa matar.