El campo está llamado a ser el negocio del siglo según los grandes inversores, a pesar de la percepción diferente que se vive entre los agricultores movilizados actualmente. Esta visión de futuro requiere revoluciones y crisis, pero de cumplirse, el campo se convertiría en el negocio de las grandes empresas.
Aunque la inversión en tierras ha sido menos rentable que la inmobiliaria en los últimos años, algunos foros empiezan a pensar que se avecina una burbuja en el campo. Lo que parece seguro es la necesidad de una nueva forma de producción de alimentos, que se adecúe al crecimiento de la población.
Un ejemplo de esta revolución es Holanda, con su capacidad productiva y métodos probados que están llegando a otras partes de Europa. Los invernaderos de precisión, como las tomateras holandesas que llegan a 14 metros de altura y producen unos 33 racimos de tomates, incorporarán tecnologías punteras solo al alcance de grandes empresas y fondos de inversión.
El grupo Ametller, una cadena agroalimentaria catalana, quiere impulsar un parque agroalimentario inspirado en este tipo de producciones altamente tecnificadas. Sin embargo, una inversión de 180 millones de euros se encuentra frenada por burocracia, lentitud en las subvenciones y las consecuencias de la sequía actual.
El campo español y catalán protesta por la burocracia, pero es precisamente el campo el que gestiona la mayor parte del presupuesto comunitario. Es necesario que quienes reciben ayudas justifiquen sus ingresos, gastos y procedimientos. Esto es complicado y no está al alcance de un autónomo. En este contexto, el agricultor aficionado no tiene sentido económico. Las cooperativas locales tampoco están en condiciones de seguir el ritmo de los tiempos ni de esa nueva agricultura de precisión.
Las Organizaciones de Productores son todavía relativamente pequeñas en España en comparación con las del resto de Europa. Sin embargo, se consideran la garantía de que lo que se planta tendrá salida en el mercado a precios óptimos para el productor y el consumidor.
El agricultor del futuro será más un empresario que un trabajador del campo. Los ingenieros prevalecerán sobre el agricultor de manos curtidas y ásperas. El dueño de la tierra regenta explotaciones con gastos elevados e inversiones que deben afrontar el reto meteorológico, las plagas y los riesgos de ladrones atentos a la cosecha inminente.
La consultora CBRE ha publicado diversos análisis sobre la importancia del ‘agrobusiness’ y su creciente atractivo. De sus informes se deduce que el romanticismo del campo está pasando a ser un capitalismo estándar no urbano. Las operaciones de ‘buy and leaseback’ ofrecen rendimientos esperados del 4,5% al 6%.
La Política Agrícola Común europea pretende promover ingresos justos para el agricultor, incrementar la competitividad, balancear la cadena alimentaria, actuar sobre el cambio climático, proteger la calidad de los alimentos, recuperar las áreas rurales y promover el relevo generacional. Pero todo ello requiere mejoras de productividad y precios controlados.
La preservación de la autonomía alimentaria europea pasa por incrementar progresivamente los aranceles y gestionar mejor las relaciones entre productores y distribuidores. Sin controles y sin supervisión pública, el sector primario podría convertirse en una jungla incontrolable, sin estabilidad y adaptabilidad al entorno, necesarias en un sector en el que los más beneficiados del crecimiento futuro no serán precisamente los pequeños.