El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en España, liderado por la ministra Isabel Rodríguez, ha anunciado que presentará ante el Consejo de Ministros este mes de marzo la propuesta de modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Esta medida, muy esperada en el sector inmobiliario, pretende evitar la paralización de desarrollos urbanísticos que actualmente pueden detenerse por defectos de forma, alargando así los plazos para la puesta en marcha de viviendas.
La Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana es un marco legal que regula los procesos de desarrollo y regeneración de áreas urbanas en España. Este nuevo enfoque legislativo es un esfuerzo para facilitar y acelerar la construcción de viviendas, un sector crucial para la economía española.
Esta propuesta de cambio en la ley fue ideada por Isabel Pardo de Vera, exsecretaria de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y ha sido retomada y promovida por la actual ministra, Isabel Rodríguez. Una vez que la propuesta sea aprobada por el Consejo de Ministros, seguirá los trámites parlamentarios correspondientes para su aprobación final en el Congreso de los Diputados y el Senado. Sin embargo, todavía queda en duda si el Partido Popular, uno de los principales partidos de la oposición, dará su aprobación a la medida.
Este anuncio se produce en un mes significativo para el ministerio. La semana pasada, el nuevo índice de precios de alquiler fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ha entrado en vigor en Cataluña. A partir del 15 de marzo, los nuevos contratos de alquiler en Barcelona y 140 municipios catalanes estarán sujetos a este índice estatal. Otras comunidades autónomas, como Navarra, Asturias y País Vasco, han mostrado interés en esta herramienta, aunque ninguna de las regiones gobernadas por el Partido Popular planea implementarla.
Además de estas medidas, el ministerio ha anunciado dos líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La primera, con un presupuesto de hasta 2.500 millones de euros, garantizará la compra de una vivienda a jóvenes y familias con hijos. La segunda línea otorgará préstamos ‘blandos’ a promotores para desarrollar inmuebles destinados al arrendamiento a precios asequibles.
En la comparecencia, Rodríguez también anunció que se firmarán 44 convenios con diez comunidades autónomas para la construcción de 3.233 viviendas de alquiler social. Con estos nuevos acuerdos, el Ministerio de Vivienda tiene en marcha, conveniadas, en construcción o ya entregadas, un total de 25.000 nuevas viviendas al amparo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con una inversión cercana a los 1.000 millones de euros.
Estas 25.000 viviendas se encuentran dentro del compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de poner en marcha 184.000 viviendas a precios asequibles en los próximos años. Esta cifra incluye 37.000 pisos que construirá la entidad estatal de suelo Sepes, 50.000 de la Sareb a través de sus diferentes programas, 11.000 del Fondo Social de Viviendas, de la mano de la banca, 14.000 de los dos planes estatales de Vivienda (2018-2021 y 2022-2025), 9.000 con entidades locales y las 43.000 que se promoverán a través de la línea de préstamos ICO a promotores.