El Gobierno de las Islas Canarias se encuentra actualmente inmerso en un debate complejo con respecto a la imposición de límites a la compra de viviendas por ciudadanos extranjeros. En un intento de explorar la viabilidad de tal medida dentro del marco legal actual de la Unión Europea, el Gobierno ha solicitado a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma un informe. Específicamente, este informe analizará si es posible introducir iniciativas legislativas que permitan establecer mecanismos que restrinjan la adquisición de inmuebles en las Islas por parte de inversión extranjera.
En las Islas Canarias, aproximadamente un tercio de las viviendas vendidas son adquiridas por no residentes, especialmente ciudadanos de países de la UE. Esto sitúa a Canarias entre las tres comunidades autónomas con mayor proporción de ventas de inmuebles a extranjeros, junto a Baleares y la Comunidad Valenciana. En cuanto a las provincias, Santa Cruz de Tenerife ocupa el segundo lugar a nivel nacional, solo superada por Alicante. En 2023, los no residentes adquirieron el 35,7% de las viviendas vendidas, destacando entre ellos los ciudadanos italianos, alemanes, británicos, belgas y polacos.
Al buscar precedentes para esta posible restricción, el Gobierno puede mirar a Malta y Finlandia. Ambos países tienen limitaciones en vigor que negociaron para mantener antes de su entrada en la UE. En Malta, los ciudadanos europeos no pueden comprar más de una vivienda en la isla a menos que hayan residido allí durante más de cinco años. En Finlandia, existe una restricción en la adquisición de terrenos o viviendas para las Islas Aland, por lo que un no residente necesita el permiso de las autoridades para comprar una propiedad.
Junto con este informe jurídico, el Gobierno de Canarias también está promoviendo un debate sobre la saturación poblacional, principalmente en las zonas turísticas, a través de la Conferencia de las Regiones Periféricas y Marítimas de Europa. El objetivo es que este tema sea uno de los asuntos que se traten en la agenda de la UE para el próximo periodo, una vez que tome posesión la nueva Comisión Europea y se configure el Parlamento que surja de las elecciones de junio. La Conferencia reúne a 150 regiones marítimas y costeras de 24 Estados de la UE.
El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, asegura que este desafío demográfico «es un asunto que va más allá de las Islas» y que es compartido con otras islas y zonas costeras europeas. Según él, este problema requiere de un debate en la UE.
Sin embargo, esta propuesta del Gobierno ha sido recibida con sorpresa y descontento por el sector inmobiliario y de la construcción. Salud Gil, presidenta de la patronal de los constructores de Las Palmas, considera que el Gobierno «quiere matar moscas a cañonazos» y que «un Gobierno que ha tenido la valentía de declarar la emergencia habitacional y adoptar un mecanismo legal para facilitar la producción de viviendas no debe entretenerse en otras cosas». Gil advierte que «hay dinero a espuertas y complicidad de ayuntamientos y cabildos, se trata de gestionar mejor porque ya se han dado los pasos».
Gil cuestiona que impedir a los extranjeros comprar casas en las Islas vaya a facilitar las 20.000 viviendas que hacen falta para solucionar la falta de pisos de protección oficial y de promoción pública. «Esto es matar moscas a cañonazos y contar céntimos, gestione bien y ponga en marcha cuanto antes la ley de medidas urgentes, eso es lo verdaderamente importante», afirma.
Por su parte, Rafael Tarajano, presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi), considera «innecesario» restringir la compra de viviendas por no residentes. Según él, la mayoría de los no residentes son peninsulares y ciudadanos de la UE, por lo que tienen los mismos derechos que los canarios a comprar un inmueble. Además, Tarajano señala que la inversión inmobiliaria de los no residentes en las Islas genera más de 1.500 millones de euros al año. En 2023, de las 27.000 viviendas que se vendieron en las Islas, un 30% fueron adquiridas por no residentes, lo que supone más de 8.000 inmuebles a una media de 200.000 euros de coste.
En conclusión, el debate sobre la imposición de límites a la compra de viviendas por ciudadanos extranjeros en las Islas Canarias es un asunto complejo que requiere considerar diversos factores. Mientras que el Gobierno busca proteger la economía local y controlar la saturación poblacional, el sector inmobiliario y de la construcción advierte sobre los potenciales impactos negativos de tales restricciones. El desenlace de este debate podría tener implicaciones significativas para el mercado inmobiliario de las Islas Canarias y para la economía de la región en general.