La Reforma para Reducir la Jornada Laboral Gana Impulso: Una Perspectiva Económica

La reforma para reducir la jornada laboral está ganando fuerza con los sindicatos viendo una oportunidad para que ciertos sectores, donde las horas de trabajo ya son menores a 40 horas semanales, puedan influir en otros sectores donde gran parte de la producción se basa en la cantidad de horas trabajadas. El Secretario General de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha defendido la posibilidad de reducir el tiempo de trabajo máximo, primero a 38.5 horas y luego a 37.5 horas para todos los oficios.

«La implementación de la reducción de la jornada laboral traerá una actualización del sistema productivo de nuestro país», declaró el líder sindical durante un acto del Nueva Economía Fórum. Álvarez argumentó que en el debate sobre la reducción de la jornada laboral se encuentran argumentos similares a los utilizados por los opositores al incremento del salario mínimo interprofesional (SMI).

Incrementos en el SMI y su Impacto en la Economía

Los incrementos han situado el SMI en 1.133 euros brutos al mes, y esto no ha sido incompatible con los actuales récords de empleo. Estos incrementos han sido respaldados, al menos en su primera gran actualización hasta los 900 euros, por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

El Secretario General de la UGT afirmó que «la reducción de la jornada laboral es absolutamente imprescindible en nuestro país» y que no puede excluir a sectores con tanto peso en la economía como la hostelería y el comercio. De acuerdo a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 55% de los ocupados en la hostelería trabajan habitualmente más de 40 horas a la semana. En el caso del comercio, este porcentaje se eleva a un 57%.

La reforma de la reducción de la jornada laboral está destinada a ser la norma estrella en materia laboral de la legislatura. Para la UGT, es prioritario que la patronal esté en el acuerdo, al igual que lo estuvo durante la pasada legislatura en el acuerdo de la reforma laboral. «Vamos a hacer lo posible para que forme parte de esos capítulos en los que ha estado la patronal», afirmó Álvarez, argumentando que estas son las reformas que perduran.

La debilidad parlamentaria del Gobierno es otro punto a favor de llegar a un acuerdo con la patronal, aunque eso implique alguna concesión no deseada por el Ejecutivo o los sindicatos. En la anterior legislatura, la reforma laboral, que llegó al Congreso con el ‘sí’ de la CEOE, prosperó gracias al voto por error de un diputado del PP. En esta ocasión, el apoyo a una norma desde partidos como el PNV o Junts que no cuente con el beneplácito de los empresarios parece improbable. «El diálogo social tiene más importancia que en la anterior legislatura», reconoció Álvarez.

Por ello, instó al Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, a buscar un acuerdo en el que esté la patronal. Recuerda que en un «país normal», cuando un acuerdo cuenta con el respaldo de la patronal y los sindicatos, luego cuenta con un «refrendo parlamentario altísimo».

Álvarez también aprovechó su intervención para defender a la CEOE en su lucha con el Gobierno por la introducción de una patronal competidora en los órganos de diálogo social estatales. El Gobierno ha reformado el reglamento interno del Comité Económico Social (CES) para dar entrada a Pimec, entidad empresarial presidida por Antoni Cañete y que en Catalunya se disputa la vocería empresarial con Foment del Treball -asociada de la CEOE a nivel estatal-.

Álvarez criticó que el Gobierno haya dado entrada a Pimec en el CES sin consulta previa al organismo y consideró que cualquier modificación en este sentido, «necesita de un debate con las organizaciones empresariales». «Queremos organizaciones empresariales fuertes, la representación empresarial en España está dignamente representada y representa de manera muy clara al empresariado de este país», insistió.

Álvarez pidió al Gobierno que cese en su empeño de introducir competencia en los órganos de diálogo social. «No vamos a poner en juego el diálogo social en nuestro país» por una cuestión «absolutamente inecesaria», concluyó.