El Gobierno ha tomado la decisión de no aprobar un proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 2024, lo que obligará al Ejecutivo a concentrarse en el diseño del plan de ajuste para el periodo 2025-2028, que podría extenderse hasta 2031, según las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea.
Este cambio repentino ha sido impulsado por el anuncio de elecciones anticipadas en Cataluña, que ha desmantelado, por los próximos meses, la compleja red de apoyos parlamentarios que mantienen al Gobierno. Pedro Sánchez, el actual líder del Gobierno, ha optado por abandonar definitivamente las cuentas que el Consejo de Ministros estaba a punto de aprobar este mismo mes de marzo. En su lugar, todos los esfuerzos presupuestarios del Gobierno se orientarán hacia el proyecto de Presupuestos para 2025, el primero que se elaborará bajo las nuevas reglas europeas de estabilidad.
Estas nuevas reglas fiscales exigen un plan fiscal estructural 2025-2028 que deberá ser presentado ante la Comisión Europea antes del 20 de septiembre. Según los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), se necesitará un ajuste anual del gasto (o de los ingresos) equivalente al 0,36% del PIB a partir de 2025 y en cada uno de los ejercicios siguientes.
En términos prácticos, un ajuste del 0,36% del PIB equivale a un recorte del gasto estructural de aproximadamente 5.500 millones de 2024 (esta cifra aumentará a medida que el volumen del PIB se expanda). Esto podría lograrse a través de un incremento similar de impuestos, una combinación de ambas estrategias o incluso a través de otros métodos. Independientemente de la estrategia que se elija, el Gobierno deberá presentar a Bruselas un plan con los ajustes para los próximos años antes del 20 de septiembre.
Para poner esta cifra en contexto, 5.500 millones equivalen aproximadamente a un cuarto del presupuesto en prestaciones por desempleo, o al total de lo que el Estado gasta en sanidad (que es una competencia autonómica).
En lo que respecta a los Presupuestos para 2025, estos serán los primeros que se elaborarán de acuerdo con las nuevas reglas fiscales que el Parlamento Europeo tiene previsto aprobar definitivamente en abril. Esto implicará la obligación de realizar ajustes. Bruselas ya ha emitido una primera recomendación a los estados miembros de la Eurozona para que los borradores presupuestarios para el próximo año sean «ligeramente contractivos», es decir, que el gasto crezca menos que la economía.
La Airef, cuyo papel se ha fortalecido en el marco europeo de las nuevas reglas, ha estimado que cumplir con estas reglas fiscales requerirá que España realice un ajuste equivalente al 0,64% del PIB (unos 9.800 millones de 2024) en cada uno de los cuatro años que comprende el plan fiscal 2025-2028. Esto se traduce en 2,56 puntos del PIB, equivalentes a casi 40.000 millones de euros actuales, para convencer a las autoridades europeas de que la elevada deuda pública española (107,7% del PIB en 2023) está en un camino decidido de corrección hacia el objetivo del 60% del PIB.
Sin embargo, el marco europeo permite distribuir el ajuste total necesario (40.000 millones) en siete años, a cambio de compromisos de inversión. Este es el camino que España está dispuesta a seguir, especialmente teniendo en cuenta las inversiones previstas en el Plan de Recuperación. De esta manera, el ajuste necesario cada año se situaría en torno a los 5.500 millones (con cifras de 2024).
El Banco de España, por otro lado, estima que el ajuste anual necesario (en un plan a 7 años) no sería inferior al 0,5% del PIB en cada ejercicio (unos 7.600 millones cada año), como explica el gobernador Pablo Hernández de Cos en una entrevista con EL PERIÓDICO.
Todo esto asumiendo que España cumplirá el objetivo que se ha fijado el Gobierno de terminar 2024 con un déficit del 3% del PIB. Si este objetivo no se cumple, España estaría sujeta a la disciplina del Procedimiento de Déficit Excesivo de las reglas fiscales europeas, y la exigencia de ajustes sería aún mayor. Sin embargo, la ausencia de unos nuevos Presupuestos en 2024 -que iban a incluir un techo de gasto más elevado- y la consiguiente prórroga de los de 2023 deberían favorecer el cumplimiento del objetivo de déficit del 3% del PIB este ejercicio.