El Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes ha aprobado el real decreto que regula la sostenibilidad de los centros de datos. La norma se tramita a nueve días de las elecciones del 29 de noviembre, sin haber sido notificada a la Comisión Europea y con la oposición de la patronal Spain DC, que reúne a empresas como Amazon, Microsoft y Google.

Aunque el Ejecutivo ha rebajado algunas condiciones respecto al primer borrador, conserva dos requisitos que el sector considera inviables: que los grandes centros cubran el 80% de su consumo con renovables nuevas y que esa energía se consuma en la misma hora en la que se genera. Además, las instalaciones acogidas al régimen transitorio podrán ser desconectadas cuando la red eléctrica se encuentre en situación de tensión.

El Gobierno defiende el decreto por su impacto en la factura eléctrica

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, regresó de la cumbre del clima de Antalya para participar en el Consejo de Ministros. La ministra sostuvo que la norma permitirá a España ser «pioneros a nivel mundial» y adelantarse a los problemas surgidos en otros países.

Spain DC, sin embargo, calcula que desde la presentación del primer borrador se han retirado o paralizado inversiones por unos 9.000 millones de euros. La asociación advierte de que las nuevas condiciones podrían trasladar más proyectos a Portugal o al sur de Francia.

Según los datos expuestos por Aagesen, los centros de datos cuentan ya con permisos de acceso a la red por 15 gigavatios (GW): 6 GW en transporte y 9 GW en distribución. Durante los últimos tres meses se han añadido otros 3 GW y hay 20 GW más en cola. Los 15 GW ya concedidos equivalen aproximadamente al 40% de la demanda eléctrica peninsular en hora punta.

La ministra admitió que la Estrategia de Inteligencia Artificial aprobada en 2024 calculaba unas necesidades muy inferiores a las actuales. El sector prevé invertir más de 60.000 millones de euros en los próximos cinco años.

El Gobierno estima que, sin este decreto, la entrada de estos centros elevaría un 165% el consumo de gas destinado a generar electricidad. El impacto ascendería a 4.000 millones de euros anuales por el encarecimiento del mercado mayorista y a otros 1.000 millones por el mecanismo de capacidad, hasta sumar 5.000 millones de euros al año. En ese escenario, la factura de los consumidores industriales aumentaría un 25%.

Aagesen precisó que se trata de una previsión muy conservadora, ya que no incluye el contexto derivado de las guerras en Ucrania y Oriente Medio, por lo que el efecto podría ser superior.

Requisitos para los grandes centros de datos

Renovables adicionales y correlación horaria

Las obligaciones energéticas se aplicarán a los centros de datos con una potencia superior a 10 megavatios, frente al umbral de un megavatio contemplado inicialmente. El 80% de su consumo deberá proceder de capacidad renovable adicional, es decir, de instalaciones nuevas que se incorporen al sistema y no de generación ya existente.

Asimismo, la energía renovable deberá consumirse en la misma hora en que se produzca. La vicepresidenta calificó la correlación horaria como un elemento «fundamental», aunque reconoció que su aplicación es compleja. Esta condición constituye la principal objeción de las empresas del sector.

Incluso compañías que ya operan con energía verde muestran dudas. Equinix, que funciona en Europa con un 100% de renovables y dispone de ocho centros de datos en Madrid y Barcelona, considera que la correlación horaria es «un requisito exigente».

Su managing director en España, Valentín Pinuaga, plantea comprobar si esta exigencia puede cumplirse con la actual forma de producir y contratar energía renovable en España. La compañía comparte el objetivo del decreto, pero reclama que se respeten las inversiones y los contratos ya formalizados. «Quien ha apostado pronto por la sostenibilidad no debería salir perjudicado por haberlo hecho», resume. También pide que las reglas nacionales avancen al mismo ritmo que las europeas para garantizar la previsibilidad necesaria para invertir.

Uso del agua y régimen transitorio

En materia de agua, todos los centros deberán obtener la categoría A de la etiqueta europea de eficiencia hídrica. Tras la aprobación del decreto, el umbral se determinará según la región climática en la que se ubique cada instalación.

Aagesen justificó este criterio por la vulnerabilidad de España y sus menores recursos hídricos respecto a los países del norte. «Las necesidades de refrigeración de un centro en Andalucía no son las mismas que las de uno en el País Vasco», señaló.

Para facilitar la adaptación, el texto contempla un régimen transitorio voluntario. Las instalaciones que se sumen podrán ser desconectadas en situaciones de tensión de la red, al entender el Gobierno que debe prevalecer el interés general. Desde el 1 de enero de 2032, todos los centros deberán cumplir tanto el objetivo del 80% de adicionalidad como la correlación horaria.

Posible recurso ante el Tribunal Supremo

El decreto afronta varios frentes. El primero está relacionado con Europa: el Gobierno no ha comunicado la norma a la Comisión Europea mediante el procedimiento TRIS, que exige informar de las regulaciones técnicas que puedan afectar al mercado único y suele demorar su aprobación alrededor de tres meses.

Bruselas ya había solicitado a España que evaluara si este trámite era necesario. El Ejecutivo sostiene que no lo era y cita los casos de Francia, Alemania y Países Bajos, países que han aprobado regulaciones sin recurrir a ese procedimiento.

Spain DC prepara un recurso ante el Tribunal Supremo y espera que un posible cambio de Gobierno tras el 29-N, con PP y Vox por delante en las encuestas, pueda reducir o derogar el decreto. Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, afirmó: «Lo derogaremos y aprobaremos una legislación que permita su desarrollo».

En la misma reunión, el Gobierno aprobó la planificación de la red de transporte hasta 2030, dotada con 17.146 millones de euros de inversión y 6.706 kilómetros de nuevas líneas. Madrid y Aragón consideran insuficiente esta planificación para atender sus polos digitales. Ambas normas se aprueban antes de las elecciones y su futuro dependerá de los tribunales y del próximo Gobierno.