El dictamen supera el último trámite formal
El Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad su dictamen sobre el real decreto destinado a ordenar el despliegue de los centros de datos. Con este respaldo del máximo órgano consultivo, la norma queda preparada para su próxima aprobación en el Consejo de Ministros, previsiblemente antes de las elecciones del 29 de noviembre.
El texto ha sido impulsado conjuntamente por los ministerios para la Transición Ecológica, de Transformación Digital y de Economía. Su elaboración ha generado rechazo en el sector tecnológico.
Revisión tras 632 alegaciones
La norma llegará al cónclave ministerial en las próximas semanas, después de un proceso de reelaboración motivado por las 632 alegaciones presentadas durante la audiencia pública. Este análisis llevó al Gobierno a rediseñar su estrategia y a reforzar la memoria de análisis de impacto normativo (MAIN) con argumentos legales ante la previsible ofensiva de la patronal Spain DC.
La última versión del expediente incorpora medidas preventivas frente a los principales argumentos de impugnación planteados por las multinacionales del sector. Para evitar una eventual anulación por parte de Bruselas por no haber notificado la regulación como reglamento técnico conforme a la Directiva 2015/1535, el documento cita jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El objetivo es sostener que las exigencias ambientales y energéticas afectan a instalaciones fijas, y no a especificaciones de producto.
Soberanía digital y límites de capacidad
El Ejecutivo también defiende las restricciones vinculadas a la soberanía digital, que obligan a conservar dentro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo los datos de sistemas clasificados en categoría alta del Esquema Nacional de Seguridad. El Gobierno justifica esta condición por razones de seguridad pública y señala que no limita ni la propiedad del capital ni el control societario de las grandes tecnológicas.
La memoria del real decreto reconoce que una parte importante de los proyectos acabará decayendo. Los gestores de red ya han otorgado más de 12 GW de capacidad de acceso eléctrico a centros de datos, una cifra que supera ampliamente las previsiones para 2030, situadas en la Estrategia de Inteligencia Artificial entre 3,5 y 4 GW.
El Ministerio admite que no existe ni capacidad suficiente en la red ni demanda de computación para absorber ese volumen. En la práctica, la regulación funcionará como un instrumento para ordenar la avalancha de solicitudes.
Renuncia sin sanciones y requisitos flexibilizados
Para evitar posibles reclamaciones millonarias por una vulneración de la confianza legítima de promotores que ya cuentan con permisos, la disposición adicional segunda establece una vía de salida. Los titulares podrán renunciar voluntariamente a sus permisos de acceso y conexión durante un plazo de seis meses, sin penalizaciones y sin perder las garantías ni los avales económicos depositados.
Para los centros de datos que mantengan sus inversiones, la redacción definitiva rebaja algunas de las condiciones inicialmente previstas. El plazo para vincular la puesta en marcha a nueva generación renovable pasa de 18 a 36 meses; además, se habilitan periodos de adaptación técnica mediante el sistema de reducción de potencia (SRAP) y se fijan márgenes transitorios de eficiencia energética hasta 2031.
Impulso a la financiación de renovables
El análisis de impacto económico concluye que la exigencia de cubrir el consumo eléctrico mediante autoconsumo o contratos bilaterales de compra de energía, conocidos como PPA, con una duración mínima de seis años, tendrá un efecto positivo para las empresas generadoras. Según el texto, la existencia de una demanda estable y sostenida a largo plazo facilitará la financiación de nuevos proyectos de energías renovables en España.