El Tribunal Regional de Braunschweig ha rechazado la demanda presentada contra la República Federal de Alemania por familiares de una treintena de personas que, tras el accidente del vuelo Germanwings 4U9525, tienen algún grado de dependencia. Los demandantes reclamaban indemnizaciones de hasta 110.000 euros.

El Estado alemán queda exonerado de indemnizar

La aeronave, operada por la filial de Lufthansa, se estrelló el 24 de marzo de 2015 en los Alpes franceses cuando realizaba el trayecto entre Barcelona y Düsseldorf. La investigación concluyó que el copiloto, Andreas Lubitz, dirigió de forma deliberada el avión contra la montaña. El siniestro causó la muerte de las 150 personas que viajaban a bordo y puso de manifiesto deficiencias en los controles de aptitud y psicológicos aplicados al personal de la aerolínea.

Con esta resolución, la Justicia alemana considera que el Estado no está obligado a compensar a las víctimas y da por cerrada esta vía de reclamaciones vinculada a la catástrofe.

El tribunal ha argumentado que los afectados ya tuvieron la posibilidad de reclamar a Germanwings GmbH. El juez se ha remitido al Convenio de Montreal, que fija la responsabilidad automática de las compañías aéreas hasta un límite aproximado de 140.000 euros. Asimismo, ha desestimado las acciones civiles adicionales dirigidas contra el Estado.

Las demandas se presentaron en Baja Sajonia debido a que la Oficina Federal de Aviación (LBA) tiene su sede en Braunschweig.

La supervisión de Andreas Lubitz, en el centro de la reclamación

Los abogados de los demandantes sostenían que la aptitud de Andreas Lubitz para pilotar no fue supervisada de manera suficiente. A su juicio, los informes aeromédicos oficiales de aquel momento no profundizaban lo bastante en las posibles enfermedades mentales.

«No se trata del dinero»

Klaus Radner, uno de los familiares más activos y visibles en este proceso, perdió en el accidente a su hija, su yerno y su nieto. Antes del juicio reconoció que veía las posibilidades de éxito en un uno por ciento, aunque confiaba en establecer un nuevo precedente judicial.

«Muchas instancias oficiales y funcionarios hicieron mal su trabajo y simplemente queremos nombrar a los responsables y también que sean condenados», declaró al inicio del procedimiento. Para Engelbert Tegethoff, cuya hija murió en el siniestro, la demanda buscaba aclarar lo ocurrido y evitar que un caso similar vuelva a repetirse. «No se trata del dinero, sino de identificar los puntos débiles del sistema y poner las bases desde el Estado para que un desastre así no vuelva a ocurrir», explicó.

Víctimas españolas y compensaciones previas

Entre los 150 ocupantes del avión había 51 españoles. Entre ellos figuraban Marina López-Belio, de 38 años y natural de Jaca, que viajaba con su bebé de siete meses después de asistir a un funeral en España; y María de Pablo Nuño, también de 38 años, natural de San Esteban de Gormaz, en Soria, y profesora en una escuela internacional de Düsseldorf.

También falleció Ariadna Falguera, natural de Olot y esposa de Lluís Juncà, jefe de gabinete de Oriol Junqueras, quien viajaba por motivos laborales. El accidente causó además una especial conmoción por la muerte de 16 estudiantes y dos profesores del instituto bilingüe de Haltern am See, en Renania del Norte-Westfalia, que regresaban de un intercambio en España.

Según informó Lufthansa, los familiares más cercanos percibieron 10.000 euros por persona como compensación por dolor y sufrimiento, además de 25.000 euros por cada víctima. Las reclamaciones adicionales por dolor y sufrimiento presentadas por los supervivientes dependientes ya habían sido rechazadas por los tribunales regionales de Fráncfort y Essen, así como en segunda instancia por el Tribunal Regional Superior de Hamm.

Cambios en la seguridad aérea

El accidente del vuelo Germanwings 4U9525 tuvo importantes consecuencias para la normativa de seguridad aérea. Tras la tragedia se implantó la obligación de que haya siempre al menos dos personas en la cabina, se endurecieron las evaluaciones psicológicas de los pilotos y se introdujeron controles aleatorios de alcohol y sustancias psicoactivas.

También se aprobaron nuevas normas relativas a la confidencialidad médica cuando existe un riesgo para la seguridad de los pasajeros.