Los defensores más vehementes de Pedro Sánchez, entre ellos Óscar Puente, Félix Bolaños y Óscar López, reforzaron —a juicio del autor— la idea de que el presidente practica una estrategia de «ingeniería electoral». Tras la suspensión por parte del Tribunal Supremo de la aplicación de la llamada ley de nietos, motivada por el «riesgo de alteración del censo electoral» ante el aumento «excepcional» de inscritos, estos dirigentes reaccionaron contra la decisión judicial y la oposición. Según esta interpretación, sus argumentos evidenciaban un objetivo electoral en la ampliación de nacionalizaciones: obtener votos y modificar las expectativas electorales.
El texto vincula esta polémica con unas recientes declaraciones de Sánchez en las que afirmó no creer en la alternancia, al no reconocer legitimidad a la alternativa encarnada por la actual oposición. Para el articulista, esta posición supone que el presidente solo considera legítima a la oposición que respalda sus decisiones. También sostiene que, durante su mandato, el Gobierno ha dejado de operar como un órgano colegiado y que Sánchez ha tratado como oposición a Podemos, posteriormente a Sumar y, de forma constante, a sus socios parlamentarios.
El autor relaciona esta visión con distintos episodios previos: la financiación de las primarias socialistas de 2017, un intento de alterar una votación interna, la amnistía que, según su planteamiento, buscaba garantizar la continuidad de Sánchez en La Moncloa, y el recurso ante el Tribunal Constitucional para recontar 500 votos en Madrid. Desde esta perspectiva, la ley de nietos sería otro instrumento político presentado bajo una formulación sentimental.
Hasta la resolución del Supremo, el debate se había concentrado principalmente en la posible incidencia del aumento del censo sobre los resultados electorales. Los defensores del Gobierno destacaban el carácter limitado e incierto de ese efecto. Sin embargo, el artículo considera que se dejó de lado una cuestión de fondo: qué beneficios aporta a la comunidad política la incorporación al censo de personas que conocen poco o nada del país de sus antepasados, qué arraigo les genera y si el derecho al voto puede cumplir una función reparadora.
El texto señala que el procedimiento fue asumido sin una oposición inicial del PP, en parte por la sensibilidad asociada a la memoria colectiva impulsada por la izquierda. Añade que muchos de esos descendientes pueden merecer reconocimiento, recuerdo u homenaje, aunque distingue entre ser españoles y ser descendientes de españoles.
Finalmente, el articulista cita a Sofía Puente y una instrucción de 2022 que eximía de acreditar la condición de represaliado del antepasado. A su juicio, aquella medida alteró el supuesto espíritu de la norma. Concluye que la memoria histórica, la Guerra Civil y el exilio, antes utilizados como recursos electorales, se habrían convertido en un instrumento regulador para la continuidad de Sánchez, con el apoyo de Yolanda Díaz, en la búsqueda de un reducido número de votos.