En medio de la creciente presión por combatir el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la reciente ola de protestas de agricultores franceses ha llevado a una reconsideración de las políticas fiscales de este país europeo. Estas protestas, que amenazaban con bloquear los accesos a París, han forzado al gobierno francés a abandonar sus planes de reducir las exenciones fiscales al diésel para uso agrícola.
Francia destaca como el país europeo que asigna la mayor cantidad de subsidios a los combustibles fósiles, incluyendo la gasolina y el diésel. Le siguen Italia, Alemania y España, donde también ha habido protestas en el sector agrario.
En un esfuerzo por frenar esta tendencia y enfrentar el reto del cambio climático, el Parlamento Europeo aprobó en noviembre una resolución que insta a poner fin a todas las subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles a nivel nacional, de la UE y mundial, «lo antes posible» y, a más tardar, en 2025.
Esta resolución se enmarca dentro de los esfuerzos globales por recortar en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. El objetivo final es limitar el calentamiento global a 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales, para mitigar las consecuencias más graves del cambio climático.
En el contexto de la Unión Europea (UE), los subsidios a los combustibles fósiles se mantuvieron estables entre 2015 y 2021, rondando los 56.000 millones de euros. Sin embargo, en 2022 estos subsidios se dispararon un 120%, hasta alcanzar los 123.000 millones de euros, debido a la crisis de los precios de la energía, agudizada por la invasión rusa de Ucrania. En respuesta, los Estados miembros de la UE implementaron más de 230 medidas de subsidios temporales para proteger a los hogares y a los diferentes sectores económicos, según un informe de la Comisión Europea.
En términos de sectores económicos, la mayoría de los subsidios se dirigen principalmente a la industria, las energéticas y el transporte, y en menor medida a los hogares y a la agricultura. El estudio considera como subsidios las ayudas directas, las rebajas tributarias, los mecanismos de apoyo en ingresos o precios y el apoyo a la investigación y desarrollo (I+D) en la industria de los combustibles fósiles.
Las estimaciones indican que los subsidios se mantuvieron en 2023 en torno a los 110.000 millones de euros, según los últimos datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente. En contraste, los subsidios a las energías renovables disminuyeron en 2021 por primera vez desde 2015, situándose en los 86.000 millones de euros.
La Comisión Europea advierte que con las medidas actuales solo se reducirán las emisiones en un 51%, por lo que exige la «eliminación lo antes posible» de los subsidios a los combustibles fósiles. En este sentido, destaca la importancia de dirigir los esfuerzos hacia la innovación y el apoyo a los grupos vulnerables durante la transición energética.
En la última Cumbre del Clima de Dubái (COP28), la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, junto a ministros de Francia, Holanda, Dinamarca, Canadá, Finlandia, Bélgica, Austria, Irlanda y Luxemburgo, se comprometieron a poner fin a los subsidios a los combustibles fósiles antes de 2025. Sin embargo, la Comisión Europea ha solicitado a España que indique cómo y cuándo dejará de otorgar subsidios a los combustibles fósiles en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), su hoja de ruta para 2030.
Los países tienen hasta el 30 de junio para presentar sus planes de acción climática definitivos. Por ahora, solo Dinamarca, Alemania, Irlanda, Italia y Suecia han anunciado la intención de eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles mediante leyes o planes que detallan cómo lo harán.
En este escenario, el Ministro de Agricultura español, Luis Planas, ha expresado su preocupación por el hecho de que grupos de extrema derecha están utilizando el malestar de los agricultores y ganaderos españoles para agitar y promover ideas extremistas, como la derogación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
A medida que se acercan las elecciones al Parlamento Europeo en junio, cuyo resultado puede ser crucial para la lucha contra el cambio climático, la presión para avanzar en la agenda climática sigue incrementándose.