En una sentencia reciente, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Vizcaya ha dictado un fallo contundente, condenando a un empleado de la Hacienda Foral de Vizcaya a una pena de 10 años y cuatro días de prisión. Este duro veredicto se produce después de que se descubriera que el funcionario en cuestión había accedido de manera ilegal a datos tributarios reservados. Utilizando esta información privilegiada, el individuo buscaba obtener un beneficio para la asesoría fiscal de la que era copropietario, contraviniendo así las estrictas normativas que controlan el acceso a dicha información.

El individuo condenado, cuyo nombre no ha sido revelado, comparte el negocio de asesoría con su esposa. Según informa ‘El Correo’, la pareja buscaba que los clientes de la asesoría pudieran «ajustar» sus declaraciones tributarias utilizando la información obtenida de manera ilícita.

Un caso de abuso de poder y violación de privacidad

El tribunal consideró al funcionario culpable de cuatro delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cada uno de los cuales se castiga con dos años, seis meses y un día de prisión. Además, se le impuso una multa de 18 meses y un día con una cuota diaria de 10 euros, así como una inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos durante nueve años.

El funcionario también fue condenado por un delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos. Por este cargo se le impuso una multa de seis meses con una cuota diaria de 10 euros y una suspensión de empleo o cargo público por dos años.

La Audiencia de Vizcaya ha revelado que el funcionario, que trabajaba para la Diputación Foral de Vizcaya desde 1986, también ejercía como asesor fiscal en una asesoría de la que era «copropietario». Esta doble función era incompatible con su cargo público en la Diputación.

El acusado ha defendido que su participación en la asesoría se limitaba a ayudar a su esposa con tareas informáticas. Sin embargo, la sentencia indica que, aprovechando su condición de funcionario de la Hacienda Foral, accedió de manera ilegal a datos tributarios desde 2017 a 2019.

La sentencia dicta que el acusado utilizó los datos reservados en beneficio de su asesoría y sus clientes, causando un perjuicio a la Diputación Foral de Vizcaya, que era la titular de los ficheros de datos y custodia de su contenido. Este acto vulneró uno de los principales instrumentos de la Hacienda para detectar irregularidades en la gestión de los tributos.

Durante el juicio, varios clientes de la asesoría reconocieron que el acusado era su asesor fiscal. Este testimonio, junto con informes y testimonios de los responsables de servicio y asistencia técnica de la entidad foral que confirmaron las irregularidades, llevó al tribunal a condenar al acusado.

En cuanto a las penas, el tribunal ha decidido imponer en ambos delitos su extensión mínima, considerándola «proporcional a los hechos cometidos». La sentencia añade que los hechos son «puntuales, al no haber acreditado que se debieran a un plan preconcebido y no constando la existencia de un perjuicio evaluable económicamente, ni para la Hacienda Foral de Vizcaya, ni para las personas físicas o jurídicas que puedan haberse visto afectadas por la utilización de los datos contenidos en los ficheros de la Hacienda».

Esta sentencia, pronunciada el 16 de abril, no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.