Patricia Ramírez anunció a través de su perfil en una red social que ha recibido el documento que certifica el compromiso de cese de la directora de la productora de un documental que se pretendía realizar sobre el asesinato de su hijo, Gabriel Cruz. La noticia ha sido bien recibida por la familia de la víctima, que agradece el apoyo recibido. No obstante, la madre de Gabriel sigue en pie de guerra para evitar que Ana Julia Quezada, la asesina de su hijo, pueda beneficiarse económicamente de tal documental y relatar su versión de los hechos.
Según Patricia, se solicitará a la Audiencia Provincial que, a la luz del informe de prisiones y las diligencias de la toma de declaración a los periodistas por parte de la Unión Central Operativa (UCO), se investigue a Ana Julia Quezada. También ha pedido que se interrogue al abogado de Quezada, Esteban Hernández-Thiel.
La lucha de una madre por la justicia
La madre de Gabriel insiste en que las autoridades deben investigar a quién se ha firmado o se pretende firmar el contrato citado en prisiones. También si hay otras productoras o televisiones implicadas, ya que la productora le ha comunicado que no han sido ellos. Ana Julia Quezada se encuentra cumpliendo una condena de prisión permanente revisable en la cárcel de Brieva, en Ávila, por el asesinato de Gabriel Cruz Ramírez.
Las sospechas de Patricia Ramírez se basan en la declaración que, según ha señalado, la Guardia Civil habría tomado a varios periodistas, y en el informe que desde la dirección de la prisión de Brieva se remitió a la Audiencia Provincial de Almería el 13 de mayo. Dicho informe, al que tuvo acceso una semana después, fue emitido tras la rueda de prensa en la que alertó de los planes de Quezada para lucrar con un documental.
El documento indica que Quezada habría comunicado que una plataforma televisiva estaba interesada en hacer un documental o serie que recreara todos los aspectos vinculados al asesinato de Gabriel Cruz en 2018. Según dicho informe, Quezada afirmaba tener la «necesidad de explicarse y contar la realidad de los hechos» desde su perspectiva. Con esta propuesta televisiva, esperaba «recibir unos ingresos» que dedicaría al pago de la responsabilidad civil derivada del delito, que asciende a medio millón de euros, así como al mantenimiento económico de su propia familia.
El informe de la prisión también incluye el nombre de la plataforma audiovisual y de los periodistas que se encargarían de realizar el documental. Sin embargo, se aclara que desde la prisión no se tiene capacidad ni posibilidad de contrastar los datos expuestos en el informe.
Según Patricia Ramírez, el día 14 de mayo, Quezada y su abogado habrían concertado una cita para revisar el contrato a firmar con la productora y pactar las condiciones y cláusulas de su interés, así como la cantidad económica. En respuesta a esto, el centro penitenciario habría informado a Quezada que este tipo de acciones excede lo permitido para comunicaciones según el reglamento penitenciario.
Para Patricia Ramírez, esta afirmación supone un reconocimiento de que Quezada está utilizando de manera espuria y fraudulenta las comunicaciones con amigos y familiares, así como la comunicación con periodistas fuera de los canales regulados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En esta lucha por la justicia, la madre de Gabriel se mantiene firme y decidida a no permitir que la asesina de su hijo se beneficie de la tragedia que sacudió a su familia.