La lucha contra la okupación: medidas preventivas y duración del proceso legal

En un mundo donde la propiedad privada es un derecho fundamental, la okupación de viviendas se ha convertido en una de las principales preocupaciones para muchos propietarios. Este fenómeno, que se ha incrementado especialmente en los últimos años, supone un desafío tanto para los dueños de los inmuebles como para las autoridades competentes.

Una de las primeras cuestiones que surge cuando se produce una okupación es cómo actuar. Según la Policía Nacional, no se deben cortar los suministros de agua, luz o gas, ya que estas conductas podrían «constituir un delito». En lugar de tomar la justicia por su propia mano, los propietarios deben seguir las vías legales para resolver la situación.

Prevención: la primera línea de defensa contra la okupación

Ante esta problemática, la prevención surge como la mejor estrategia. Los agentes de seguridad aconsejan intercambiar medios de contacto con los vecinos para poder ser localizados y avisados si se intenta cometer este delito. Además, recomiendan no publicar imágenes en redes sociales de los planes vacacionales, ya que estos pueden ser una invitación para los okupas.

En cuanto a las medidas de seguridad física, se sugiere instalar mecanismos como, por ejemplo, que el bombín de la puerta sea «precortado». Este tipo de medidas pueden disuadir a los posibles okupas y proteger la propiedad.

Sin embargo, a pesar de las precauciones, se siguen dando casos de okupación en nuestro país. Es entonces cuando se inicia un proceso legal que puede durar varios meses hasta que se consigue la expulsión de los okupas.

Según Zarzo Fincas, «si logras demostrar que los okupas han ocupado tu inmueble en las últimas 48 horas, la policía puede proceder al desalojo sin necesidad de una orden judicial». En caso contrario, se inicia la vía judicial donde se puede interponer una demanda por la vía civil por desahucio o penal por un delito de usurpación de bienes inmuebles.

La lenta marcha de la justicia: tiempos de resolución en el País Vasco

El tiempo que se tarda en desalojar a un okupa puede variar significativamente, dependiendo de diversos factores como la rapidez con la que se actúe o la agilidad de los procedimientos judiciales.

En el País Vasco, según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2023 los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas tuvieron una duración media de 7,4 meses. En 2018, este tiempo era de 5 meses.

Estos datos están en consonancia con los recogidos por el portal inmobiliario Idealista, que añade a estos procedimientos verbales las apelaciones de sentencias en las Audiencias Provinciales en procedimientos civiles. En ese caso, el CGPJ sitúa estas en País Vasco en una media de 12,6 meses.

Sumando ambos tiempos, en País Vasco el plazo total para la resolución de un caso de okupación se elevaría hasta los 20 meses de media. Una cifra que pone de manifiesto la complejidad y lentitud de este proceso, y que supone una carga adicional para los propietarios que ven cómo su derecho a la propiedad privada se ve vulnerado durante un largo periodo de tiempo.

En conclusión, la okupación es un problema que requiere una actuación preventiva por parte de los propietarios y una respuesta rápida y eficaz de las autoridades y de la justicia. Solo así se podrá garantizar la protección del derecho a la propiedad privada y se podrá luchar con eficacia contra este fenómeno.