Vivienda social – Oropres – Prensa y Noticias

Isabel Rodríguez se compromete a «proteger permanentemente» la VPO

Manuel Hermoso — Wed, 23 Oct 2024 15:57:42 +0000

La Ministra de Vivienda y la Protección del Parque Público

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha reiterado en su reciente comparecencia en el Congreso de los Diputados la importancia de garantizar la protección perpetua de las viviendas del parque público. Esta medida se incluyó en la ley de vivienda aprobada en 2022, pero fue eliminada por el Tribunal Constitucional en mayo tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Andalucía.

El Debate sobre la Protección del Parque Público

La disputa legal sobre la protección del parque público de viviendas ha suscitado un intenso debate en el ámbito político y social. Según Rodríguez, la eliminación de esta protección representa un retroceso significativo en el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos. La ministra subrayó que blindar estas viviendas no solo garantiza el acceso a largo plazo, sino que también contribuye a la estabilidad del mercado inmobiliario.

La medida originalmente pretendía asegurar que las viviendas del parque público no se vendieran ni privatizaran, garantizando así su disponibilidad para las familias más vulnerables. La ministra destacó que la protección del parque público es una cuestión de justicia social y un paso crucial para abordar la crisis habitacional que afecta a numerosas regiones de España.

Rodríguez también hizo hincapié en la necesidad de desarrollar políticas integrales que incluyan no solo la protección del parque público, sino también inversiones en infraestructuras y el fomento del alquiler asequible. Estas medidas, según la ministra, son esenciales para garantizar un acceso equitativo a la vivienda.

El fallo del Tribunal Constitucional ha generado reacciones diversas. Mientras algunos lo ven como una defensa del derecho a la propiedad privada, otros consideran que compromete el acceso a una vivienda adecuada para los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

En el contexto de la comparecencia, la ministra también abordó la importancia de colaborar con las comunidades autónomas y los municipios en la implementación de políticas de vivienda efectivas. Señaló que el gobierno está dispuesto a explorar todas las vías posibles para restablecer la protección del parque público de viviendas, en línea con los objetivos de la Agenda Urbana 2030.

Para más detalles sobre la legislación vigente y las decisiones recientes del Tribunal Constitucional, puede consultar el sitio BOE.

Fuente de la información: ElPeriódico

Cataluña consigue un préstamo de 490 millones para el alquiler asequible de 4.300 pisos

Daniel — Tue, 16 Jul 2024 00:32:16 +0000

El Institut Català de Finances (ICF) recibe un préstamo de 490 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la construcción de viviendas asequibles y eficientes energéticamente

En un comunicado emitido el lunes, el Institut Català de Finances (ICF) anunció que ha recibido un préstamo de 490 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El préstamo está dirigido a la financiación de la construcción de viviendas de alquiler asequibles y eficientes energéticamente. Esta operación cuenta con el apoyo del programa InvestEU de la UE, y la entidad pública catalana ya ha firmado el primer tramo del préstamo, que asciende a 163 millones de euros.

Construcción de más de 4.300 viviendas de protección oficial

Se espera que los fondos obtenidos permitan la construcción de más de 4.300 viviendas de protección oficial (VPO), de las que se beneficiarán más de 10.000 personas. La presidenta del BEI, Nadia Calviño, ha presentado este acuerdo como un ejemplo de la apuesta de la entidad por la vivienda durante su participación vía video en una jornada sobre los fondos Next Generation en Barcelona.

De acuerdo con los términos del préstamo, se espera que las viviendas estén construidas antes de mediados de 2028. Estas viviendas no solo ayudarán a paliar el déficit de vivienda de alquiler asequible, sino que también contribuirán a reducir el consumo energético y las emisiones de gases contaminantes. Calviño señaló que uno de los grupos destinatarios de este proyecto serán los jóvenes.

En su declaración, la presidenta del BEI mencionó que la entidad ha destinado 450 millones de euros a proyectos de vivienda en España. Según el BEI, esta inversión contribuye a su prioridad estratégica de reforzar las infraestructuras sociales de Europa, invirtiendo en sanidad, educación y vivienda. Se espera que el proyecto genere el equivalente a 6.850 puestos de trabajo durante su ejecución.

La consellera de Economía y Hacienda en funciones de la Generalitat, Natàlia Mas, calificó el acuerdo como «una operación histórica», ya que es el mayor préstamo concedido por el BEI al ICF hasta la fecha. Esta operación se presenta como una solución al problema de acceso a la vivienda.

Por su parte, el director de Operaciones para España y Portugal del BEI, Gilles Badot, expresó su satisfacción por el acuerdo, que en su opinión, permitirá poner a disposición de los ciudadanos en Catalunya viviendas adaptadas a sus necesidades. Badot destacó que el acceso a una vivienda a precios asequibles y respetuosa con el medio ambiente ha pasado a ser una primera necesidad en muchas regiones europeas y una de las prioridades estratégicas del BEI.

La consejera delegada del ICF, Vanessa Servera, señaló que la Agència Catalana de l’Habitatge (ACH) bonificará los costes financieros de las operaciones, lo que permitirá financiar más proyectos de construcción.

El proyecto es esencial para hacer frente a la escasez de vivienda asequible, que se ha convertido en una prioridad en Catalunya. Las viviendas sociales de alquiler en la comunidad representan solo el 1,7% del total de primeras residencias, según el Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona.

El Grupo Banco Europeo de Inversiones, compuesto por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), informó que en 2023 firmó una financiación total en España de 11.400 millones de euros, de los cuales aproximadamente 6.800 millones de euros se destinaron a proyectos de acción climática y sostenibilidad medioambiental. A nivel global, el Grupo BEI firmó 88.000 millones de euros de nueva financiación en 2023.

El papel del programa ‘InvestEU’

El programa ‘InvestEU’ proporciona a la Unión Europea (UE) una financiación clave a largo plazo al movilizar importantes fondos privados y públicos en apoyo de una recuperación sostenible. También ayuda a impulsar la inversión privada destinada a las prioridades de la política de la Unión Europea, como el Pacto Verde Europeo y la transición digital.

Este programa reúne bajo un mismo techo multitud de instrumentos financieros que la UE tiene actualmente disponibles para apoyar la inversión en sus Estados miembros, haciendo que la financiación de proyectos de inversión en Europa sea más sencilla, eficiente y flexible.

El programa consta de tres componentes: el Fondo InvestEU, el Centro de Asesoramiento InvestEU y el Portal InvestEU. El Fondo InvestEU se ejecuta a través de socios financieros que invierten en proyectos utilizando la garantía presupuestaria de la UE de 26.200 millones. La totalidad de la garantía presupuestaria apoyará los proyectos de inversión de los socios ejecutantes, aumentará su capacidad de asunción de riesgos y, por tanto, movilizará al menos 372.000 millones de inversión adicional.

Capella ve como «crucial» el préstamo del BEI para fomentar la vivienda pública

Daniel — Mon, 15 Jul 2024 17:12:00 +0000

La Consellera de Territori, Ester Capella, ha anunciado que considera el préstamo de 490 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) al Institut Català de Finances (ICF) como un «paso fundamental» para impulsar la consolidación de un parque de vivienda pública en Catalunya. Esta financiación, tendrá una duración de 30 años, está destinada a la creación de un total de 4.600 viviendas, beneficiando potencialmente a unas 10.000 personas.

Una inversión significativa en el parque de vivienda pública

Capella, en sus declaraciones conjuntas con la consejera delegada del ICF, Vanessa Servera, ha explicado que este préstamo, del cual ya se ha obtenido un primer tramo de 163 millones, está destinado a financiar viviendas de protección oficial (VPO). El objetivo es dar respuesta a la emergencia habitacional en la región de Catalunya.

Además, el Ejecutivo catalán tiene planes de bonificar, a través de la Agència Catalana de l’Habitatge (ACH), los tipos de interés de los préstamos para la construcción de los inmuebles en un 1%. Para esto, se movilizarán alrededor de 55 millones de euros.

Capella ha destacado que este préstamo del BEI es crucial para incrementar el parque público de vivienda, una necesidad incontestable en la región: «Sabemos y tenemos claro que debemos incrementar el parque público de vivienda. Esto es una verdad incontestable».

El préstamo del BEI es a 30 años y está previsto que permita la construcción de 4.600 viviendas de las que se podrían beneficiar unas 10.000 personas. La consellera ha destacado que este parque público debe dar respuesta a la emergencia habitacional y, según ha dicho, el Govern trabaja para solucionarlo.

Está previsto que las viviendas estén listas en 2028. Todavía no se ha estimado dónde se ubicarán. Capella ha recordado el proyecto del Govern, actualmente en funciones, de que la vivienda pública de alquiler sea el 10,3% del total en un plazo de 20 años en las zonas denominadas tensionadas.

En su empeño por responder a la emergencia habitacional, el Govern de Catalunya está realizando inversiones significativas para aumentar el número de viviendas públicas disponibles. Esta iniciativa, financiada en parte por el BEI, es un paso fundamental en esa dirección.

El préstamo obtenido del BEI es un buen ejemplo de cómo los fondos europeos pueden ayudar a las regiones a abordar desafíos locales. Con este dinero, Catalunya podrá aumentar significativamente su parque de viviendas públicas, proporcionando un techo a miles de personas que actualmente luchan por encontrar un lugar donde vivir.

Con todo, la inversión en viviendas públicas es una necesidad incontestable en Catalunya y, con el apoyo del BEI y el trabajo del Govern, se está dando un paso importante para afrontar este reto. Aunque todavía queda mucho por hacer, este préstamo representa un avance significativo y un compromiso claro para mejorar la situación habitacional en la región.

La Generalitat está en negociaciones para comprar 500 apartamentos de La Caixa para alquiler social.

Daniel — Mon, 08 Jul 2024 16:06:23 +0000

El Govern en negociaciones con La Caixa para la adquisición de 500 viviendas destinadas a alquiler social

Podría decirse que el sector inmobiliario en Catalunya es un campo de batalla constante, y en el centro del fragor se encuentra el Govern. Este gobierno autónomo, que ha estado en funciones desde las pasadas elecciones en Catalunya, ha estado trabajando en las sombras para lograr un cambio significativo en el panorama de la vivienda social.

Las negociaciones en curso con La Caixa para comprar 500 pisos que se destinarán a alquiler social son un testimonio del compromiso del Govern para abordar el desafío de la vivienda asequible. Según fuentes familiarizadas con las negociaciones, estos pisos están mayoritariamente ubicados fuera del área de Barcelona, lo que podría ayudar a equilibrar la distribución de la vivienda social en la región.

Un paso significativo en el plan a largo plazo del Govern

La adquisición de estos pisos, que son propiedad de InmoCaixa, una filial de la hólding inversora de La Caixa y de la propia fundación, podría costar hasta 30 millones de euros. Este sería el acuerdo más sustancial hasta la fecha en el programa del Govern para comprar a grandes tenedores de vivienda. A través de este programa, el Institut Català del Sòl (Incasòl) adquiere pisos ya construidos o en construcción para familias con necesidades habitacionales.

Este movimiento no es aislado, sino parte de una estrategia más amplia del Govern para impulsar la creación de 10,000 viviendas sociales para 2026. Hasta la fecha, la Conselleria de Territori, el departamento del que depende el Incasòl, ha adquirido 461 viviendas a grandes tenedores con una inversión total de 59,2 millones de euros. Además, se han destinado 10,3 millones de euros adicionales para la rehabilitación de estos edificios.

Una de las adquisiciones más recientes del Govern ha sido un lote de 32 viviendas de La Caixa en Reus. Esta es la única operación que se ha realizado hasta ahora entre el Incasòl y La Caixa. Sin embargo, si las negociaciones actuales tienen éxito, esta cifra aumentará significativamente.

El impulso del Govern para adquirir más viviendas para alquiler social es una respuesta proactiva a la creciente necesidad de viviendas asequibles en Catalunya. Aunque las negociaciones con La Caixa aún están en curso, el hecho de que estén teniendo lugar es un paso positivo hacia la consecución del objetivo del Govern de aumentar el número de viviendas sociales en la región.

Aunque la fecha de cierre de las negociaciones sigue siendo incierta, la posibilidad de que el Govern adquiera estos 500 pisos de La Caixa es un desarrollo emocionante. Si el acuerdo se cierra, significará un aumento significativo en el número de viviendas disponibles para alquiler social en Catalunya, y un gran paso adelante en la iniciativa del Govern para proporcionar viviendas asequibles a aquellos que más lo necesitan.

La adquisición de estos pisos por parte del Govern también podría tener un impacto significativo en el mercado inmobiliario. Con el aumento de la oferta de viviendas para alquiler social, podría haber un cambio en la dinámica de la oferta y la demanda en el sector de alquiler en general.

En última instancia, las negociaciones en curso entre el Govern y La Caixa representan una tentativa muy necesaria para abordar el problema persistente de la vivienda asequible en Catalunya. Con suerte, este acuerdo será el primero de muchos que ayudarán a proporcionar viviendas asequibles a las familias que más lo necesitan.

El mercado requiere de 600.000 a un millón de nuevas viviendas en España

Daniel — Thu, 20 Jun 2024 23:51:20 +0000

Medidas Urgentes para la Crisis de Viviendas en España: Una Perspectiva Económica

Ante la creciente crisis de vivienda en España, la necesidad de medidas rápidas y eficaces es más apremiante que nunca. Si la tendencia actual persiste, la escasez de viviendas podría agravarse en el futuro cercano, amenazando con una crisis aún más profunda si no se toman acciones inmediatas.

Según los pronósticos actuales, se necesitará habilitar entre 600.000 y un millón de nuevos pisos en los próximos cuatro años para satisfacer las demandas del mercado. Este es un objetivo ambicioso que requiere una estrategia robusta y un compromiso sólido por parte del gobierno y los inversores inmobiliarios.

La Necesidad de Expansión y Mejora del Parque de Viviendas Públicas

Además de aumentar el número de viviendas, existe una necesidad urgente de sextuplicar el parque público de vivienda, lo que elevaría la proporción de viviendas públicas al 9% del total, en comparación con el 1,5% o el 2% actual, según diferentes estimaciones. Este incremento en la vivienda pública sería un paso esencial para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un techo.

Además, es crucial dignificar los inmuebles de protección oficial existentes, que actualmente albergan a alrededor de un millón de personas. Esto implica mejorar su calidad y atractivo, lo que a su vez puede alentar una mayor ocupación y una mejor utilización de estas viviendas.

Para facilitar la adquisición de viviendas, la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado planes para mejora de los sistemas de financiación para la compra de vivienda. El gobierno tiene previsto movilizar 4.000 millones de euros en préstamos a través del ICO para este fin.

También se están explorando otras medidas para aliviar la presión en el mercado de la vivienda. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda está en conversaciones con el Ministerio de Ciencia y Universidades para estudiar cómo condicionar que las nuevas universidades se acompañen de residencias universitarias. Esta medida podría liberar una cantidad considerable de viviendas de alquiler para otros colectivos.

El Impacto de los Precios de Alquiler y la Necesidad de Regulación

En un reciente debate del Cercle d’Economia, Rodríguez defendió el índice de referencia del precio del alquiler creado por la ley de vivienda de 2023. Este índice es una herramienta esencial para controlar los precios del alquiler en las áreas de alta demanda donde los residentes tienen que destinar más del 30% de sus ingresos para pagar el alquiler.

A pesar de las críticas, la ministra sostuvo que el objetivo principal en este momento es asegurar que las áreas de alta demanda dejen de serlo lo antes posible. Aunque el índice de referencia no es la única medida en juego, es un paso esencial para abordar las áreas en las que los precios de la vivienda han estado aumentando por encima del IPC durante los últimos cinco años.

Además, Rodríguez expresó su preocupación por el creciente fenómeno del alquiler de habitaciones, que actualmente se encuentra en un vacío legal. También mencionó su inquietud por los alojamientos turísticos y su impacto en el mercado residencial.

Por último, Rodríguez anunció que su ministerio comenzará a trabajar en la elaboración de un nuevo plan estatal de vivienda durante la segunda mitad de 2024. El plan contará con el apoyo de una nueva dirección general cuyo principal cometido será realizar un diagnóstico sobre el funcionamiento del sector de la vivienda. También se está buscando activamente fondos para la rehabilitación de edificios residenciales para cumplir con los requisitos de adaptación climática de la Unión Europea.

Mapa muestra los 140 municipios catalanes donde se regula el precio del alquiler de viviendas

Daniel — Tue, 16 Apr 2024 00:54:20 +0000

El Ministerio de Vivienda ha desarrollado un índice que se aplica en las denominadas zonas tensionadas, es decir, aquellas donde los precios de compra y alquiler están disparados. Este índice se basa en un rango con un mínimo y un máximo, en función de la zona y las características de la residencia.

Esto contrasta con la metodología que defiende la Generalitat, que actualmente gobierna la única comunidad que pretende aplicar topes al alquiler en 271 municipios. Entre estos 271 municipios se encuentra Barcelona y otros municipios como Vielha, donde los alquileres son un problema para los trabajadores de temporada.

Para ser considerada una zona tensionada, la ley de vivienda establece dos requisitos. El primero es que, en la zona, la carga mediana de la hipoteca o del alquiler, más los suministros, supere el 30% de los ingresos medios de un hogar. El segundo es que el precio del alquiler haya subido al menos tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años. Solo es necesario que se cumpla una de estas dos condiciones.

En aquellas zonas que son declaradas tensionadas, los arrendatarios podrán acogerse a la finalización del contrato a una prórroga extraordinaria de carácter anual, durante un periodo máximo de tres años. Esto se mantendrá en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. En los nuevos contratos, también se limitará el precio a la renta del contrato anterior, una vez aplicada la cláusula de actualización anual de ese contrato.

Para facilitar a los ciudadanos el conocimiento de si su ciudad o pueblo es uno de los 271 en los que se limitarán los precios del alquiler, el Ministerio ha habilitado un buscador.

Entre los municipios que han sido declarados como zonas tensionadas se encuentran: Abrera, Alella, Amposta, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Badalona, Badia del Vallès, Balaguer, Banyoles, Barberà del Vallès, Barcelona, Blanes, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d’Estrac, Caldes de Montbui, Calella, Calldetenes, Cambrils, Canet de Mar, Canovelles, Cardedeu, Castelldefels, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Cervera, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Cubelles, El Masnou, El Papiol, El Prat de Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Falset, Figueres, Gavà, Girona, Granollers, Guissona, Igualada, L’Hospitalet de Llobregat, La Bisbal d’Empordà, La Canonja, La Garriga, La Llagosta, La Roca del Vallès, La Seu d’Urgell, Les Franqueses del Vallès, Lleida, Llinars del Vallès, Lloret de Mar, Manlleu, Manresa, Mataró, Mollerussa, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Montgat, Montmeló, Montornès del Vallès, Móra la Nova, Olesa de Montserrat, Olot, Palafrugell, Palamós, Palau-solità i Plegamans, Pineda de Mar, Polinyà, Premià de Dalt, Premià de Mar, Puigcerdà, Reus, Ripoll, Ripollet, Roses, Rubí, Sabadell, Salou, Salt, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Boi de Llobregat, Sant Celoni, Sant Cugat del Vallès, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Llobregat, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Ribes, Sant Quirze del Vallès, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Vicenç de Montalt, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Farners, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de Mogoda, Santa Susanna, Sarrià de Ter, Sitges, Solsona, Sort, Tarragona, Tàrrega, Teià, Terrassa, Tiana, Tona, Torelló, Torredembarra, Torrelles de Llobregat, Tortosa, Tremp, Vallirana, Valls, Vendrell, el, Vic, Viladecans, Vilanova del Camí, Vilanova i la Geltrú, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar.

Este listado incluye tanto los municipios que ya han sido declarados como zonas tensionadas como aquellos que se espera que sean declarados próximamente. La medida busca asegurar la accesibilidad a la vivienda para los ciudadanos de estas zonas, especialmente en aquellos casos en los que los precios del alquiler han experimentado fuertes incrementos en los últimos años.

Las acciones de viviendas para personas sin hogar se cotizan en bolsa

Daniel — Sat, 13 Apr 2024 14:36:29 +0000

En medio de una entrevista telefónica, Blanca Hernández, la presidenta de Techô y consejera delegada de la gestora Magallanes, se ve interrumpida para atender una consulta sobre una joven de 20 años que duerme en un parque cercano. Su negocio no es uno ordinario, sino una socimi (sociedad cuyo negocio principal es invertir en bienes inmuebles para su alquiler) con un propósito social. Esta empresa, que planea cotizar en la bolsa a finales de este mes, tiene como objetivo no solo ganar dinero, sino utilizar una buena parte de sus ganancias para solventar un problema social: el sinhogarismo.

Techô nació con un capital de 28 millones de euros aportados por 110 inversores, entre particulares, empresas y entidades. Su misión es combatir el sinhogarismo y la falta de vivienda y ayudar a las entidades sociales a acompañar hacia la inserción a personas en situación de extrema vulnerabilidad. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), este colectivo comprende a alrededor de 40.000 personas en toda España, aunque obtener cifras exactas es un desafío.

Tras su inminente entrada a cotizar en el BME Growth, Techô planea realizar una ampliación de capital de unos 8 millones de euros. La firma ya cuenta con unas 220 viviendas y algún edificio que dan techo a alrededor de 800 personas a través de 55 asociaciones. Las rentas que pagan estas asociaciones están en promedio un 30% por debajo del precio de mercado. En algunos casos, las propias administraciones o la Fundación Techô asumen el costo cuando las otras dos fórmulas no son viables. Los destinatarios de este servicio no son solo quienes duermen en la calle, sino también quienes viven en infraviviendas o en asentamientos. En solo un año, Techô ha conseguido que 120 personas consigan trabajo y puedan alquilar sus propias viviendas.

El modelo de negocio de Techô consiste en adquirir viviendas vacías, reformarlas y ponerlas en alquiler para estos fines sociales. En España, existen numerosos inmuebles vacíos que acaban con usos ilegales, como okupas, narcopisos o pisos patera. Las administraciones y los inversores de impacto, en cambio, disponen de fondos para apoyar a entidades sociales con alquileres de vivienda que consigan sacar de la calle a las personas sin hogar, explica Hernández.

Entre las empresas y entidades que avalan este proyecto figuran Azora, Magallanes, EY, Anima Ventures, Freshfields Bruckhaus Deringer; Grupo Adaptalia, Larrauri y Martí Abogados; BDO, Renta 4, Ebro Fundación, Alquiler Seguro, Almar Consulting, CBRE, Trascendent, BME, Nationale Nederlanden, la Sareb o Idealista, entre otros. Hernández afirma que uno de sus objetivos es atraer al máximo de inversores particulares para «democratizar la inversión de impacto». Invita a pequeños ahorradores a esta apuesta que combina rentabilidad económica y social. Los participantes están dispuestos a que una parte de la rentabilidad sea social, en vez de económica, la cual se mueve entre el 2% y el 3%.

Techô impone a las onegés condiciones para garantizar un seguimiento a los beneficiarios de las viviendas, en busca de crear un hogar y estabilidad para salir de la vulnerabilidad. Las actuaciones iniciales se han realizado en Barcelona y Zaragoza, donde los alquileres los pagan directamente la administración; Madrid, Sevilla, Córdoba, Almería, Murcia, y Valladolid. Los propios inversores, por el conocimiento que tienen de sus zonas de actuación, recomiendan inmuebles, áreas, zonas o barrios en los que es más aconsejable actuar.

La supresión de la Golden Visa restringirá el aumento de precios, especialmente en propiedades de alto valor.

Daniel — Tue, 09 Apr 2024 05:31:50 +0000

El mercado inmobiliario español podría experimentar una normalización en los precios de las propiedades de lujo tras la reciente decisión gubernamental de eliminar la Golden Visa, también conocida como visado de oro. Esta estrategia de inversión, introducida por el Gobierno del PP en 2013, ha sido retirada en un intento de garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo, según palabras del presidente del Gobierno.

La Golden Visa permitía a los extranjeros no residentes obtener permiso de residencia en España si invertían más de 500,000 euros en una vivienda. En la práctica, esto ha inflado los precios de las propiedades, especialmente en las áreas turísticas y en las principales ciudades. Aunque los expertos del sector inmobiliario reconocen que la influencia de los compradores extranjeros era limitada en el mercado global, sí se notaba en zonas concretas.

La medida ha sido recibida con resignación en el sector inmobiliario, en particular por las agencias inmobiliarias que se centran en la venta de propiedades de alto precio. En los últimos años, estas propiedades se han vendido a menudo a ciudadanos chinos, rusos, iraníes y de otros países asiáticos, especialmente en la zona de Barcelona. Sin embargo, es importante señalar que la mayoría de estas compras se realizaban sin financiación ajena o procedente de bancos españoles, por lo que se espera que el impacto en el mercado hipotecario sea mínimo.

De los visados concedidos a inversores, alrededor del 94% están relacionados con inversiones inmobiliarias, y ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Palma de Mallorca y Valencia son las más demandadas para este tipo de operaciones. Con la eliminación de la Golden Visa, es posible que algunas propiedades en venta por más de 500,000 euros vean reducido su precio.

Según datos del Anuario Registral Inmobiliario, el año pasado se vendieron en España unas 583,000 viviendas, de las cuales 87,000 fueron adquiridas por extranjeros. De estas, solo el 9,7% superó los 500,000 euros. Los británicos, alemanes y franceses fueron los extranjeros que más viviendas compraron en España en 2023.

El objetivo del Gobierno con esta medida es reducir la presión al alza de los precios inmobiliarios, especialmente en las zonas turísticas, y bloquear el acceso a las viviendas a las clases medias y bajas. El Gobierno aspira a que ningún ciudadano tenga que destinar más del 30% de sus ingresos para la compra de una vivienda.

La Golden Visa, en vigor desde 2013, proporcionaba una vía rápida para la nacionalidad a los extranjeros que adquirían una vivienda de más de 500,000 euros en España. Esto hacía del mercado español un destino muy atractivo para los inversores internacionales, ya que los precios de las viviendas son inferiores a los de otras regiones de Europa.

Este tipo de visados especiales también podía obtenerse si se invertía más de dos millones de euros en deuda pública española o un millón en acciones de empresas españolas o depósitos en bancos nacionales. Sin embargo, la restricción del Gobierno a la Golden Visa solo se aplicará a la compra de inmuebles.

A pesar de la controversia, el impacto de la medida en el mercado inmobiliario global es probablemente mínimo. En 2022, se concedieron 136 Golden Visa por compra de vivienda, un 73% menos que el año anterior, lo que representa solo el 0,14% de todas las transacciones de compraventa realizadas por extranjeros en España ese año, según datos de Registradores de España.

Ley de vivienda y límite de alquiler recibe fuertes críticas del sector inmobiliario.

Daniel — Sat, 16 Mar 2024 00:28:44 +0000

El recién instaurado índice de precios de referencia para el alquiler del Gobierno español, que entra en vigor este sábado, ha levantado revuelo en el sector inmobiliario. La medida, que en la práctica pone límites a un 30% de los precios de mercado, según los intermediarios inmobiliarios, ha suscitado escepticismo y preocupación. Los críticos de la iniciativa sostienen que su impacto en la reducción de las rentas será escaso, ya que afectará principalmente a los nuevos contratos y podría desincentivar el aumento de la oferta de viviendas en alquiler.

El nuevo mecanismo de control de precios del alquiler se aplica en zonas tensionadas, y hasta el momento, sólo ha sido solicitado por Catalunya, que ha anunciado un anticipo electoral para el próximo 12 de mayo tras no haber podido sacar adelante sus presupuestos para 2024. El índice se dirige especialmente a grandes tenedores en zonas tensionadas, personas físicas o jurídicas titulares de cinco o más inmuebles residenciales ubicados en dichas áreas. Sin embargo, la mayoría de la oferta de alquiler está en manos de pequeños propietarios, para los que ya existe un tope en las actualizaciones de los contratos del 3%.

Según el portal inmobiliario Fotocasa, el mercado de la vivienda está conformado en su mayoría por un 80% de pequeños propietarios que tienen una o dos viviendas, y solo un 10% de particulares poseen tres inmuebles o más. El director de estudios de Pisos.com, Ferran Font, ha expresado escepticismo sobre la nueva medida, al citar «grandes cuestiones a su alrededor que, por el momento, no tienen respuesta». Font plantea preguntas sobre la administración encargada de desarrollar la nueva ley, qué régimen sancionador existe y quién lo aplicará, y cómo se debe acceder a información tan importante como si el propietario al que voy a alquilar una vivienda es gran tenedor o no.

Guifré Homedes Amat, director general de la inmobiliaria catalana Amat, considera que «la nueva ley va a hacer que los arrendadores sean cada vez más exigentes a la hora de escoger a sus inquilinos, lo que perjudicará a las rentas más bajas». Amat ve la situación actual de la vivienda en España como una «crisis solapada», tanto de oferta como de demanda.

El sector inmobiliario alerta que el índice podría tener un efecto contrario al deseado y desalentar a los propietarios para sacar nueva vivienda al mercado, lo que reduciría aún más la oferta y tensionaría más los precios. Esto, a la vez, aumentaría los alquileres temporales o turísticos para sortear la ley de vivienda.

La patronal española de promotores y constructores APCE advierte que va a monitorizar los efectos que pueda tener sobre la oferta y el precio. Por su parte, el portal inmobiliario Idealista sostiene que el índice del Gobierno ofrece precios un tercio más bajos que los del mercado, situándolos en valores de 2017, cuando aún no era patente la escasez de oferta.

La asociación de propietarios de vivienda en alquiler Asval se ha mostrado en contra del control de precios, que cree que no ayudará a la accesibilidad, y pide que se escuche al sector. Alquiler Seguro, que gestiona 22.000 inmuebles, ha concluido que de media están 130 euros más caras, más de un 14 % por encima de lo que marca el índice.

Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Catalunya sitúan esta diferencia en el 20% de media y creen que el descenso de las rentas ascendería hasta un 25% por debajo del precio comercial propuesto. Finalmente, Grupo Mutua de Propietarios señala que una encuesta a 2.000 personas revela que el aumento del mercado de alquiler ilegal (29%) y la reducción de la oferta (29%) son los principales temores de este índice.

Amat advierte que la ley de vivienda dañará a las rentas más bajas

Daniel — Wed, 13 Mar 2024 16:33:35 +0000

El sector inmobiliario español está experimentando un período de agitación sin precedentes, con precios altos, oferta baja y demanda en aumento. Sorprendentemente, los intermediarios han logrado capear la tormenta con mayor éxito del esperado en 2023, gracias a un mercado más estable de lo previsto y a la fuerte demanda de extranjeros. Sin embargo, la inminente implementación de una nueva ley de vivienda ha generado cierta inquietud en el sector. Esta ley, que presenta cambios significativos, como límites al precio del alquiler y regulaciones más estrictas en áreas tensionadas, ha recibido críticas mixtas de los expertos del sector.

En el reciente informe de mercado anual de Amat Inmobiliaris, una guía de referencia en el sector inmobiliario a pesar de su enfoque comedido, se destacaron dos elementos. El primero es que los intermediarios inmobiliarios han logrado mantener a flote el negocio de manera más fácil de lo esperado. El segundo es que la incertidumbre legal creada por la nueva ley amenaza con agudizar aún más el acceso a la vivienda, ya sea de compra o alquiler. En este sentido, Guifré Homedes Amat, director general de Amat, ha advertido que la nueva ley podría hacer que los arrendadores sean más exigentes al elegir a sus inquilinos, lo que podría perjudicar a las rentas más bajas.

Homedes describe la situación en 2024 como una «crisis solapada» tanto en el mercado de venta como en el de alquiler. La incertidumbre normativa, la escasa oferta y las rentas crecientes han causado una caída significativa en la intermediación en los contratos de alquiler. Según Homedes, la oferta de viviendas de alquiler está en su punto más bajo histórico y el 15% de las nuevas ofertas ni siquiera llegan a publicitarse. Como resultado, los inquilinos están alquilando no lo que quieren, sino lo que pueden.

La nueva ley de vivienda, que podría aprobarse esta semana, ha sido fuente de controversia. Homedes sostiene que el nuevo índice de precios tendrá «muy poco impacto» en facilitar el acceso a la vivienda y provocará la exclusión de los más vulnerables económicamente. Según él, solo quienes tengan el mejor perfil económico podrán acceder a las viviendas de alquiler.

La inmobiliaria Amat tiene un perfil de clientes que tiende a segmentos del mercado de la banda medio alta. Pese a que los precios han subido mucho, Homedes sostiene que no se perciben rebajas ni gran espacio a la negociación. El 75% de los contratos de alquiler de Amat están por encima de los 1.000 euros, un aumento significativo del 24% hace 10 años.

Para 2024, Amat ha minimizado el impacto de una posible rebaja de los tipos de interés en un mercado que parece conformarse con un costo del dinero en torno al 3%. Sin embargo, confirma las sensaciones del sector en general al afirmar que el porcentaje de operaciones financiadas sigue disminuyendo, alcanzando los niveles más bajos de los últimos años.

Homedes también ha comentado sobre la entrada en vigor de la regulación de los alquileres, afirmando que es necesario ver la letra pequeña del nuevo índice que afectará a 140 municipios donde vive el 80% de la población catalana. Con respecto a la condición de gran tenedor, que en Catalunya se ha rebajado hasta los cinco o más inmuebles, Homedes opina que es una definición «totalmente ideológica»: «Pensar que alguien que tiene cinco pisos puede influenciar al mercado no tiene ningún sentido».