La filosofía contraria a los pisos turísticos que el BNG defiende en su gestión del concello de Santiago nada tiene que ver con la postura que este mismo partido mantenía hace seis años ante el mismo fenómeno.

La hemeroteca no olvida y los registros tampoco. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha experimentado un profundo cambio en su postura sobre los pisos turísticos en Santiago. Hace seis años, su filosofía era diametralmente opuesta a la que defiende en la actualidad. En ese momento, con Compostela Aberta en el gobierno local y Martiño Noriega como alcalde, los nacionalistas trataron de enmendar la modificación a través de la que el regidor intentó prohibir los pisos turísticos en la zona monumental de la ciudad. La medida finalmente fue tumbada por un juez.

El BNG de aquel entonces apelaba a los propietarios de este tipo de vivienda que se habían dado de alta en el registro de la Xunta (activo desde 2017), único requisito para emprender la actividad de forma regulada. En relación a la situación en la que quedaban los afectados por la modificación del plan especial liderada por Noriega, el BNG indicó en un documento datado en octubre de 2018 que «no se le puede achacar a los propietarios de las viviendas de uso turístico un incumplimiento de normas no definidas». Aquí se hace referencia al carácter retrospectivo que tenía la prohibición promovida por Raxoi, y que finalmente paralizó un tribunal.

Los nacionalistas compostelanos asumían que el texto inicial se debería modificar para aclarar la situación de inseguridad jurídica creada

Los nacionalistas compostelanos asumían que el texto inicial se debería modificar para aclarar que «dada la situación de inseguridad jurídica creada por la administración autonómica y por la municipal, y hasta que se aclare jurídicamente si es competente o no el concello para solicitar un título habilitante» estas viviendas podrían seguir funcionando.

El posicionamiento conecta con las declaraciones ofrecidas por la actual regidora de la capital gallega, que en varios encuentros con los colectivos afectados les trasladó su voluntad de regular los pisos turísticos activos en el registro autonómico, entre 650 y 800 en toda la urbe.

En la misma línea, el BNG se abstuvo en la modificación impulsada por el ejecutivo de Xosé Sánchez Bugallo el pasado invierno, cuando se decretó el cierre de las viviendas de uso turístico en buena parte del municipio. En concreto, su extinción en toda la almendra de la ciudad y su supervivencia únicamente en bajos y primeros de la zona nueva.

Con un alcalde aún socialista al frente, los contactos con las asociaciones de propietarios hacían pensar que una eventual llegada del BNG a Raxoi relajaría el escenario

En ese momento, con un alcalde aún socialista al frente, los contactos con las asociaciones de propietarios hacían pensar que una eventual llegada del BNG a Raxoi relajaría el escenario. Es más, portavoces de estas plataformas depositaron todas sus esperanzas en una ordenanza en la que -esperaban en base a estas conversaciones- se regularizase a todos los que tenían licencia autonómica y estaban funcionando desde antes de la citada modificación. La sorpresa, cuando la alcaldesa les comunicó que la situación no iba a variar una coma de la aprobada en pleno por Bugallo, fue importante.

Echando la vista atrás después de años de enfrentamiento con hasta tres ejecutivos distintos, los propietarios de estos pisos asumen sobre la política con las viviendas de uso turístico preexistentes que «donde dije digo digo Diego» para no ofrecerles una situación que, insisten, pelearán en los tribunales. Y lanzan una pregunta al aire que aún no tiene respuesta: «Qué pasará con las 4.000 plazas de alojamiento que Santiago dejará de ofrecer?»

La evolución de la postura del BNG ante los pisos turísticos en Santiago es un ejemplo de cómo las políticas pueden cambiar con el tiempo y según el contexto. En este caso, es evidente que las circunstancias y los intereses políticos han influido en la toma de decisiones del partido nacionalista gallego. Sin embargo, esta situación también deja en claro que la regulación de los pisos turísticos es un tema complejo y que requiere de un análisis cuidadoso para garantizar los derechos de todos los actores involucrados.

El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, expresó su preocupación por la posible imposición de una tasa turística durante un desayuno informativo en Madrid. En sus palabras, «No creo que sea ninguna solución, sinceramente; el funcionamiento de las tasas casi castiga al turismo que más interesa, el turismo que se aloja, que es el que se puede controlar».

En esta reunión, en la que también participó el presidente de Asturias, Adrián Barbón, Rueda criticó la idea de la tasa turística que demanda el Concello de Santiago, alegando que tal medida podría dar la impresión de que Galicia tiene un problema de masificación turística, lo que no es el caso.

Rueda sostuvo que Galicia está muy lejos de alcanzar un punto de saturación turística, y advirtió contra enviar un mensaje de que ya no pueden venir más turistas.

En el corazón del debate

En el centro de este debate está la alcaldesa de Compostela, la nacionalista Goretti Sanmartín, quien ha sido una defensora de la tasa turística. Aunque Rueda no mencionó a Sanmartín por su nombre, fue evidente que se refería a ella cuando criticó la estrategia de «decir de repente que hay que empezar a cobrar tasas turísticas, porque si no, esto no hay quien lo pare».

En una reunión anterior con Sanmartín en octubre, Rueda no cerró por completo la posibilidad de una tasa turística, pero tampoco la apoyó abiertamente. En cambio, puso una serie de condiciones, incluyendo que hubiera un consenso con el sector turístico y que el Concello de Santiago se encargara de recaudar el impuesto. Además, solicitó un estudio riguroso que justificara la activación de la tasa.

En la campaña electoral de las autonómicas en febrero, Rueda reiteró su postura, solicitando un consenso con el sector turístico y que cualquier recaudación se revirtiera directamente en el sector. También enfatizó que no consideraba justo cobrar a los visitantes que se alojan en hoteles y que la tasa propuesta por Sanmartín no tendría repercusión en los turistas de autobús, que llegan por la mañana y se van por la tarde.

En su discurso, Rueda expresó su preocupación por los mensajes de turismofobia, que considera peligrosos y potencialmente perjudiciales para el sector turístico de Galicia. Aun así, aclaró que el problema no es la afluencia de visitantes, sino las masificaciones resultantes de las llegadas masivas de turistas.

Respuesta del gobierno local

Por su parte, desde el gobierno local, se argumentó que la postura de Rueda es sorprendente, ya que en ocasiones anteriores se mostró abierto a estudiar la opción de la tasa turística. El gobierno local también señaló que la tasa turística ya se aplica en lugares como Oporto, y que varios alcaldes de Andalucía están solicitando la misma medida para sus municipios.

En cuanto al estudio solicitado por Rueda, desde el gobierno local aseguraron que se presentará en las próximas semanas. Además, defendieron que la tasa turística cuenta con el respaldo de la mayoría social.

En última instancia, el debate sobre la imposición de tasas turísticas en Galicia ha provocado un fuerte debate entre los políticos y el sector turístico. Mientras algunos ven en ellas una herramienta para controlar la masificación turística y generar ingresos, otros las consideran un castigo para los turistas y un posible obstáculo para el crecimiento del turismo.

Estas familias, que han invertido sus ahorros en la restauración de sus viviendas para convertirlas en VUT, se encuentran en un limbo mientras esperan la aclaración de las condiciones de la nueva normativa del concello de Santiago. A pesar de la promesa de regularización de las VUT que operaban antes de la modificación y estaban inscritos en el registro de la Xunta (REAT), el paso de los meses ha ido mermando las esperanzas y las expectativas de los afectados.

La guerra contra las VUT: ¿un desafío a la salud y el bienestar?

El concello de Santiago ha estado en una guerra contra este tipo de alojamientos durante dos años, a pesar del cambio de gobierno. El portavoz de Aviturga en la capital gallega, Óscar Soneira, lamenta que «nadie nos ha consultado durante todo este tiempo». Sin embargo, ve un rayo de esperanza en el hecho de que el equipo actual finalmente se reunirá con ellos, considerándolo una «señal de educación por su parte».

El departamento de Urbanismo, liderado por Iago Lestegas, ha convocado una reunión con los propietarios de las VUT para aclarar la situación de estas viviendas. Los propietarios de las VUT temen la letra pequeña de la esperada ordenanza, especialmente porque la mayoría de las viviendas afectadas se encuentran en la almendra de la ciudad. Soneira destaca que es «injusto» que los pisos ubicados en la zona vieja sean los más perjudicados.

La presión a la que están siendo sometidos los propietarios de las VUT ha llevado a críticas hacia el concello. Soneira señala que la concejalía de Urbanismo tiene 200 licencias de obra atrasadas, pero «llevan meses en los que no hay día que no nos llegue una notificación», la mayoría de ellas para advertir de la ineficacia de sus peticiones de licencia. Esta presión añadida puede tener un impacto negativo en la salud mental de los propietarios, aumentando su estrés y ansiedad.

Los propietarios de las VUT piden coherencia y claridad en medio de un sector turístico en crecimiento, ya que la comunidad ha visto un incremento del 20 por ciento en el número de pisos turísticos en solo un año. Mientras que el concello de Vigo está considerando cómo regularizar las VUT que ya están operando, en Santiago y La Coruña «quieren hacer todo con carácter retroactivo».

Soneira también hace referencia a los problemas que los pisos turísticos enfrentan con el ayuntamiento de La Coruña. Aunque el concello herculino se niega a responder, los afectados denuncian que planea limitar las VUT a bajos y primeras plantas, como ya se hizo en Santiago el pasado año. Los afectados consideran que esta decisión no tiene en cuenta todas las variables que intervienen, como la distribución y la densidad de las VUT en las calles de la ciudad, el impacto económico que suponen para muchos sectores, los perfiles de turistas que se alojan en ellas, ni del propietario que los recibe.

Esta situación, que cada localidad gallega enfrenta a su manera, ha dividido a la población. Mientras que algunos ven las VUT como una fuente de ingresos y una manera de atraer turismo, otros las ven como una amenaza para la calidad de vida y el bienestar de los residentes locales. A medida que la pandemia continúa, la resolución de esta situación será crucial para la salud y el bienestar de las 600 familias afectadas, así como para la recuperación del sector turístico en Galicia.