El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, hizo una breve pero significativa aparición en la concentración de la selección española en la localidad alemana de Donaueschingen. En un acto que fue más simbólico que informativo, Rocha llegó, saludó a los jugadores, se unió a la foto oficial del equipo con los jugadores y los técnicos, y luego desapareció sin cruzarse con la prensa, rumbo a Múnich.

Viaje relámpago y foto oficial

La foto se realizó temprano el jueves por la mañana, y a las 12:30 se celebró un acto de presentación de patrocinio. Sin embargo, Rocha ya no estaba presente para este evento, habiendo delegado sus funciones a su vicepresidente, el exárbitro tinerfeño Alejandro Morales Mansito. Para entonces, Rocha ya había partido rumbo a Múnich, desde donde tiene previsto acudir al partido que medirá a Croacia el sábado en el Olímpico de Berlín a las 18:00 horas.

Pese al carácter fugaz de su visita, Rocha estará presente en los partidos de España liderando la expedición en esta Eurocopa. Sin embargo, el hombre que lidera el día a día en el campamento base es el ya mencionado Morales Mansito.

La posible presencia de Vicente del Bosque

Por otro lado, el exseleccionador Vicente del Bosque, actual presidente de la Comisión de Representación, Normalización y Supervisión, creada para tutelar la RFEF, podría estar presente en el encuentro que enfrente a España con Italia el próximo lunes 20 en Gelsenkirchen. Aunque no está confirmada la presencia del salmantino, esa es la expectativa que se maneja en el Consejo Superior de Deportes (CSD) y también es la hipótesis que baraja el entorno federativo en Donaueschingen

De cumplirse las previsiones, Rocha y Del Bosque se verían las caras por primera vez ese día en Gelsenkirchen desde que el primero fue nombrado presidente de la RFEF y el segundo se puso al mando de la Comisión de Representación, Normalización y Supervisión.

La selección vive ajena al trasiego ejecutivo

Los jugadores viven ajenos al trasiego ejecutivo de la Federación y dan la callada por respuesta cuando se les pregunta por ello. Igual que el seleccionador, Luis De la Fuente, que ya aprendió de la trascendencia de sus posicionamientos públicos tras la asamblea en la que se levantó a aplaudir a Luis Rubiales, actitud por la que aún tiene que justificarse aún ahora.

El trasiego de los altos cargos de la Federación no parece afectar al rendimiento de la selección española, concentrada en su objetivo en la Eurocopa, en la que mantiene sus esperanzas de hacer un buen papel.

En una declaración que duró más de tres horas, Rubiales intentó defenderse de estas acusaciones. Su abogado, José Vicente Gómez-Tejedor, solicitó a la jueza que no cediera a las «irreflexivas» demandas del fiscal Anticorrupción y permitiera a Rubiales abandonar España libremente. «El señor Luis Rubiales está estigmatizado», afirmó Gómez-Tejedor, aludiendo a la hostilidad pública hacia su cliente.

No obstante, la magistrada Delia Rodrigo, que instruye el caso Supercopa, decidió permitir a Rubiales una movilidad ‘controlada’. Actualmente, Rubiales está siendo investigado por administración desleal y corrupción en los negocios. Como parte de las condiciones de su movilidad controlada, debe comparecer en sede judicial una vez al mes y solicitar permiso para cualquier viaje fuera de España.

En su declaración, Rubiales se desvinculó de Pedro Rocha, su sucesor en el cargo, quien también ha sido imputado en el caso. Sin embargo, Rubiales admitió su conocimiento de los contratos y las relaciones comerciales, pero se distanció de cualquier responsabilidad potencial.

El caso Supercopa gira en torno a la competencia futbolística que se celebraría en Arabia Saudí. Rubiales afirmó que la RFEF no tenía ninguna relación con Gerard Piqué y su empresa, Kosmos, quienes supuestamente negociaron un acuerdo con los saudíes para llevar la Supercopa a Arabia Saudí a cambio de 40 millones de euros anuales, con una comisión adicional de 4 millones para Kosmos.

Además de la controversia de la Supercopa, Rubiales enfrenta preguntas sobre su relación con Tomás González Cueto, asesor jurídico externo de la RFEF. Cueto es otro individuo bajo investigación en este caso. Rubiales también está vinculado a los hermanos González Segura, que fueron detenidos en la Operación Brody llevada a cabo por la Guardia Civil en marzo.

La Operación Brody investiga la presunta adjudicación irregular de contratos para la remodelación del estadio de La Cartuja. Uno de los hermanos, Ángel, es directivo de Gruconsa, la constructora que supuestamente recibió estos contratos.

A medida que avanza el caso, Rubiales se enfrenta a un difícil camino hacia adelante. Su reputación está en juego y sus aspiraciones de salir de España y comenzar de nuevo se ven amenazadas por sus pendientes legales. La cuestión ahora es cómo navegará Rubiales por este delicado paisaje y cuál será el resultado final de su defensa.

María Ángeles García Chaves, una exfutbolista, asumirá el papel de vicepresidenta adjunta, solidificando su posición como la segunda al mando en la RFEF. En caso de que Rocha sea suspendido de sus funciones por el Gobierno, García Chaves asumiría el liderazgo de la Federación.

Además, Rocha ha propuesto que se convoquen las elecciones a la asamblea general, presidencia y comisión delegada para el período 2024-2028, el próximo 10 de septiembre. Este anuncio marca el inicio de un nuevo proceso electoral y es uno de los dos movimientos que se esperaban en el último capítulo de la crisis que vive el fútbol español.

El martes, se espera un nuevo episodio en esta historia, con la reunión de la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD), que considerará la suspensión de todos los miembros de la anterior junta gestora, incluido Rocha. Si el Gobierno cumple con su palabra, se llevaría a cabo una suspensión que dejaría a Rocha sin funciones. Como medida preventiva, ha elaborado una nueva junta para afrontar este escenario.

En un comunicado de la RFEF, se destacó que por primera vez su junta directiva está compuesta por un 40% de mujeres, en línea con las políticas de igualdad y las normas establecidas en la nueva Ley del Deporte, que contempla una cuota femenina.

Rocha ha tomado medidas para garantizar la continuidad de la Federación en caso de su suspensión. Si se confirma la acción gubernamental, García Chaves, conocida en el mundo deportivo como ‘Yaye’, asumiría las funciones de la presidencia. Esta posibilidad marca un hito histórico, ya que sería la primera vez que una mujer lidera la RFEF.

La convocatoria de elecciones por parte de Rocha es un paso estratégico para garantizar que, en caso de ser suspendido, la Federación pueda seguir adelante sin interrupciones. Esta decisión es particularmente importante ya que, si no se convocan elecciones y Rocha es suspendido, nadie en la Federación tendría la autoridad para hacerlo.

La nueva junta directiva de la RFEF incluye a varios miembros de confianza de Rocha, muchos de los cuales han sido parte de la Federación durante algún tiempo, pero no formaron parte de la anterior gestora.

La nueva junta directiva de la RFEF es un reflejo del compromiso de Rocha con una transición «limpia», libre de los posibles conflictos de interés que podrían surgir si los miembros de la anterior gestora fueran suspendidos. Entre los nuevos miembros de la junta se encuentran Rafael del Amo, Joan Soteras y Rafael Louzán.

Rocha ha movido sus piezas de manera consciente en un contexto de intervención gubernamental, asegurando una transición en la RFEF con personas de su confianza. De este modo, la Federación está preparada para seguir adelante sin importar el resultado de la reunión del CSD, incluso en medio de amenazas veladas de la FIFA y la UEFA debido a estas injerencias.

La controversia surgió cuando la FIFA y la UEFA solicitaron al CSD aclaraciones sobre la formación de tal comité, advirtiendo que esta acción podría ser interpretada como una «injerencia indebida». En respuesta, Uribes explica que la inacción sería la verdadera irresponsabilidad, ya que permitiría que el daño a la reputación y la imagen del fútbol español continuara creciendo.

El comité, anunciado antes de que Pedro Rocha fuera proclamado presidente de la RFEF, tiene como objetivo asegurar que todas las acciones futuras sean legales y éticas, protegiendo los intereses de España en competencias deportivas internacionales, como la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, y en la planificación de la Copa del Mundo 2030. Además, el comité también tiene la responsabilidad de garantizar la realización de elecciones democráticas en la RFEF para el periodo 2024-2028.

Las preocupaciones de la FIFA y la UEFA radican en su temor de que la formación de tal comité pueda afectar significativamente la obligación de la RFEF de administrar sus asuntos de manera independiente y sin influencia indebida. Los secretarios generales de ambas organizaciones, Mattias Grafström y Theodore Theodoridis, han pedido garantías de que los estatutos de la FIFA y la UEFA seguirán siendo respetados.

La FIFA y la UEFA han advertido que si no reciben la información solicitada antes del viernes 3 de mayo, tendrán que tomar medidas basadas en la información que puedan obtener de la RFEF y los medios de comunicación.

Estas organizaciones han estado siguiendo con gran preocupación los últimos acontecimientos en la RFEF y han estado trabajando en estrecha colaboración con ella en este momento crítico. Solicitan información detallada sobre la comisión creada por el CSD.

Asimismo, han preguntado por la base legal de la formación de la comisión, su composición, quién nombró a sus miembros y cuáles son su mandato exacto y sus poderes. También quieren entender su relación con los órganos de decisión de la RFEF y han solicitado una copia del acta de la Comisión Directiva del CSD celebrada el 25 de abril, en la que se decidió la creación de esta comisión.

Antes de estos recientes desarrollos, la FIFA y la UEFA habían emitido un comunicado conjunto en el que anunciaban que evaluarían si la creación de la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación podría afectar la independencia de la RFEF y si podría haber injerencias del gobierno.

En resumen, la FIFA y la UEFA están buscando más información para evaluar en qué medida la formación de la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación, nombrada por el CSD, puede afectar la obligación de la RFEF de gestionar sus asuntos de manera independiente y sin interferencias indebidas del gobierno.

También se cuestiona la relación de Rubiales con Gruconsa, la empresa constructora encargada de reformar el estadio de La Cartuja, y la participación de Nene, un amigo íntimo y socio de Rubiales en todo este asunto. Por último, pero no menos importante, está el hecho de que Rubiales recientemente cambió a un abogado especializado en delitos de corrupción después de su regreso a España desde la República Dominicana.

El caso Supercopa es el objeto de la investigación actual, y se espera que Rubiales responda a una serie de preguntas cuando se enfrente a Delia Rodrigo, la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Majadahonda. A lo largo de la investigación, se han bloqueado las cuentas bancarias de Kosmos, la empresa de Piqué, que recibe la comisión anual de cuatro millones de euros de Arabia Saudí por el contrato de la Supercopa de España.

El papel de Pedro Rocha, el sucesor de Rubiales, también está en cuestión después de que entró en el juzgado como testigo el pasado 12 de abril y salió como imputado por delitos similares a los que se le imputan a Rubiales. Rocha está siendo objeto de un escrutinio adicional debido a la creencia de la jueza y del fiscal Anticorrupción José Miguel Alonso de que Rocha no estaba siendo sincero al afirmar que desconocía cualquier detalle sobre las operaciones de Rubiales que ahora están siendo analizadas por la justicia.

Un componente clave de la investigación se centra en la concesión de obras a Gruconsa, una constructora dirigida por Ángel González Segura. Según las indagaciones, se supone que la trama sacaba dinero de las cuentas de la RFEF a través de contratos otorgados a Gruconsa. La investigación también se centra en los negocios de Rubiales en la República Dominicana, y se espera que Rubiales explique la fuente de los fondos con los que pretendía iniciar una nueva vida.

Además, Rubiales deberá aclarar el papel de Tomás González Cueto, otro de los investigados, quien fue nombrado como abogado externo de la Federación durante su mandato. Las investigaciones también se están centrando en una serie de decisiones tomadas por Rubiales durante su mandato, incluyendo el presunto espionaje al presidente de AFE, David Aganzo, y los gastos cargados por un presunto «viaje de placer» a EEUU junto a una mujer y a otros dos trabajadores federativos.

Este caso sigue en desarrollo y se espera que Rubiales responda a todas las preguntas planteadas en la próxima audiencia.

La situación de interinidad y crisis institucional de la RFEF ha llegado a su fin con la proclamación de Rocha. Sin embargo, la tensión que rodea al fútbol español continúa, con la historia de la RFEF acumulando capítulos durante los últimos nueve meses, desde el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino.

En el futuro inmediato, hay varias posibilidades sobre lo que puede suceder en la RFEF. Rocha podría nombrar a una junta directiva, como es preceptivo, y ejercer normalmente las funciones de presidente federativo. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) le suspenda provisionalmente, lo que podría resultar en la presidencia más breve en la historia de la federación. En un escenario poco probable, el TAD podría aceptar el último recurso de Miguel Galán e invalidar el censo electoral con el que se eligió a Rocha, invalidando también su propia elección.

El Gobierno ha dejado claro que no puede ser Rocha quien sea la cara visible de la Federación. Su anhelo sería que convocara elecciones y dimitiera lo antes posible, cediendo el poder a una comisión gestora. Sin embargo, no tiene la capacidad legal para forzar este desenlace, ya que es una potestad que corresponde en exclusiva a Rocha.

El Gobierno ha anunciado la creación de una «comisión de supervisión normalización y representación» para supervisar la situación de la RFEF y Rocha. Sin embargo, la composición, funciones y legalidad de esta comisión aún no están claras.

El apoyo de la FIFA y la UEFA será crucial en las próximas semanas para determinar el futuro de la RFEF. Ambas organizaciones han estado filtrando que todos sus pasos tienen su aval, mientras que al mismo tiempo han estado publicando comunicados conjuntos deliberadamente ambiguos.

Desde el entorno de Rocha, hay interpretaciones de que la FIFA y la UEFA están rechazando los planes del Gobierno. Sin embargo, desde el CSD, se percibe que el Gobierno está actuando «con seriedad y con determinación». Las conversaciones entre el Ministro de Cultura y Deporte, Rodríguez Uribes, y el secretario general adjunto de la FIFA, Mattias Grafström, han sido casi diarias durante las últimas semanas.

La semana pasada, la FIFA y la UEFA reafirmaron su apoyo a la Federación Española de Fútbol, expresando su determinación para ayudar a encontrar «una solución para garantizar la elección oportuna de un nuevo presidente de la RFEF». Para la Federación, esto era un mensaje de que el mundo del fútbol iba a resolver la crisis sin injerencias del Gobierno; para el Gobierno, era una muestra de preocupación por la incapacidad de la propia RFEF de encontrar una solución.

La amenaza de exclusión de clubes y selecciones de las competiciones internacionales, filtrada por varios medios el pasado jueves, no tiene mucho recorrido en estos momentos. Sin embargo, tanto la FIFA como la UEFA están muy alerta y vigilantes de la situación. Quien tenga realmente el apoyo de la FIFA será determinante en las próximas semanas, en las que cualquier cosa puede suceder en la RFEF.

Este plan de intervención, aunque meticulosamente diseñado durante días, estaba pendiente de la aprobación de los servicios jurídicos gubernamentales. La tensión se disipó cuando finalmente llegaron los informes que avalaban la hoja de ruta del secretario de Estado y presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, su estrategia para abordar la crisis de la RFEF.

El escenario deportivo español ha estado marcado por conflictos recientes, siendo la RFEF una de las entidades en el centro de la tormenta. La crisis de la RFEF ha sido un tema de gran preocupación para el CSD y las autoridades deportivas españolas, quienes han estado buscando formas de resolverla.

El plan de intervención, o «tutela», es un enfoque que ha sido considerado para abordar los problemas de la RFEF. La idea de tutelar la RFEF no es una decisión tomada a la ligera, es el producto de días de deliberación y planificación. El término «tutela» es una palabra clave en este contexto, ya que implica un enfoque de supervisión y orientación, en lugar de un control total o una intrusión en la autonomía de la RFEF.

El papel de los servicios jurídicos gubernamentales ha sido crucial en este proceso. Su aprobación del plan fue un paso necesario para avanzar con la intervención planificada. La llegada de los informes de estos servicios jurídicos, que apoyaban la estrategia de Rodríguez Uribes, fue un alivio para el CSD.

Pedro Sánchez, como figura central del CSD, ha estado en el ojo del huracán en medio de esta situación. Su anuncio de una posible renuncia fue una sorpresa, pero cabe destacar que la inquietud de esa tarde no se originó únicamente por esta noticia. El plan para tutelar la RFEF y la espera de la aprobación necesaria también contribuyeron a la atmósfera de incertidumbre.

José Manuel Rodríguez Uribes, como secretario de Estado y presidente del CSD, ha desempeñado un papel clave en la gestión de esta crisis. Su hoja de ruta, que busca resolver la crisis de la RFEF, ha sido respaldada por los servicios jurídicos gubernamentales, reafirmando su posición y su estrategia.

En resumen, la tarde del miércoles en el CSD fue un período de tensión e incertidumbre, alimentado por el anuncio de renuncia de Pedro Sánchez y la espera de la aprobación del plan de tutela de la RFEF. Sin embargo, el respaldo de los servicios jurídicos gubernamentales a la estrategia de Rodríguez Uribes proporcionó un alivio necesario, abriendo un camino para abordar la crisis de la RFEF.

Uribes señaló que es impensable que el representante del fútbol español en competencias internacionales como la Eurocopa o los Juegos Olímpicos pueda ser una persona investigada en una causa penal. «No podemos permitirnos como país que esto suceda», afirmó Uribes después de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) decidiera abrir un expediente disciplinario contra todos los miembros de la comisión gestora de la RFEF, incluido Pedro Rocha.

Rocha, expresidente de la Federación Extremeña, es el único candidato que ha sido proclamado válido por la comisión electoral de la RFEF, a pesar de la investigación en curso. Esto ha llevado al CSD a tomar medidas, analizando los escritos remitidos por la comisión gestora de la RFEF tras la decisión del TAD de incoar expediente a sus miembros.

Esta situación se discutió en una reunión entre la FIFA, la UEFA y la RFEF, con la FIFA y la UEFA coincidiendo con el CSD en que la situación que atraviesa la federación española de fútbol es «muy preocupante». Sin embargo, la RFEF busca resolver la crisis «sin injerencias del Gobierno».

En respuesta a la crisis, la FIFA y la UEFA han asegurado que seguirán «apoyando y colaborando con la Federación Española de Fútbol en este momento crítico», trabajando conjuntamente «en el mejor interés del fútbol español» y buscando «una solución para garantizar la elección oportuna de un nuevo presidente de la RFEF».

Una de las acciones tomadas por el TAD fue considerar que la comisión electoral de la RFEF no se ajustó a derecho al inadmitir un recurso de Miguel Galán, presidente de CENAFE, sobre la composición del censo electoral.

En medio de este caos, el Gobierno está explorando formas de inhabilitar a Rocha, quien actualmente no tiene ninguna relación con la RFEF, a pesar de haberse autoproclamado presidente. El CSD planea convocar a su comisión directiva la próxima semana para votar si suspende o no provisionalmente a Pedro Rocha y a la comisión gestora de la RFEF tras la falta muy grave incoada por el TAD.

El precedente en este caso proviene de Juan Padrón, antiguo aliado de Ángel María Villar, expresidente de la RFEF. Padrón fue suspendido en 2017 por la comisión directiva ‘ad cautelam’ (por precaución), a pesar de no ocupar ningún puesto en la RFEF.

Rocha, quien fue el único que presentó los 21 avales necesarios para presentarse a las elecciones a la presidencia de la RFEF, es el virtual ganador. Sin embargo, su declaración en la ‘Operación Brody’ ha levantado sospechas debido a la ambigüedad de sus respuestas. Para el CSD, esta situación de desgobierno e incertidumbre afecta directamente a la imagen del deporte español, y buscan poner solución lo antes posible para evitar dañar «el prestigio, la reputación y el buen nombre de España».

El TAD considera que la comisión electoral de la RFEF no actuó correctamente al rechazar una apelación de Galán sobre la composición del censo electoral. A pesar de que el TAD validó el censo y consideró que todos los miembros de la asamblea conservaban su derecho a voto, el TAD sostiene que la forma en que la comisión electoral gestionó el asunto, sin ni siquiera admitirlo para su análisis y posterior rechazo, no fue conforme a la ley. Por ello, ha ordenado retrotraer las actuaciones para que la comisión electoral dicte una resolución que esté en conformidad con la ley, admitiendo la apelación de Galán y decidiendo sobre el fondo de la cuestión que planteaba.

La resolución del TAD implica que el proceso electoral de la RFEF podría tener que reiniciarse desde el día en que se rechazó la apelación de Galán, el 9 de mayo. Actualmente, la decisión está en manos de la comisión electoral. Si admite la apelación y da la razón a Galán en el fondo de su cuestión, las elecciones tendrían que repetirse, ya que el censo de las mismas cambiaría. Sin embargo, es probable que la comisión rechace la apelación, ya que el TAD ya se pronunció en esa línea. En ese caso, no está claro si el proceso tendría que reiniciarse a partir del 9 de mayo, fecha en la cual ya se estaban recogiendo avales.

Se están produciendo interpretaciones jurídicas en uno y otro sentido. La RFEF sostiene que el TAD no ordena una repetición completa de las elecciones, mientras que el demandante cree que sí. Si el proceso electoral se anulara desde esa fecha, Rocha tendría que volver a recoger al menos 21 avales necesarios para ser candidato. Esto abriría la puerta a que otros posibles candidatos puedan conseguir esos avales y competir por la presidencia.

Esto sería una mala noticia para Rocha, que desde la recogida masiva de avales ha sido expedientado por el propio TAD por una presunta extralimitación en sus funciones. Además, ha pasado de testigo a investigado en el caso Supercopa, que investiga presuntas actuaciones irregulares en la RFEF. Rocha se consideraba a sí mismo «presidente electo» de la RFEF, aunque aún no lo era porque su proclamación estaba impugnada, también por Galán. Además, pesa sobre él la amenaza de una suspensión temporal por parte de la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes, como ocurre con todos los miembros de la comisión gestora que todavía gobierna la RFEF.

La situación puede complicarse aún más, ya que aunque esta resolución es firme en la vía administrativa, se puede apelar a la Justicia ordinaria durante un plazo de dos meses. Si alguno de los afectados, ya sea la RFEF o Rocha, iniciara un recurso judicial, esto prolongaría la parálisis que afecta a la federación desde hace semanas.

Con todos estos recursos, posibles inhabilitaciones e imputaciones judiciales, la intervención de la RFEF por parte de la FIFA, acordada con el Gobierno, parece cada vez más probable, dado el desgobierno en el que se encuentra la Federación. Sin embargo, la situación es cada vez más compleja y nadie parece ser capaz de vislumbrar una solución cercana a la crisis institucional y de reputación que padece el fútbol español, que se agrava cada día.

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha abierto un expediente a Rocha, una acción con la que el Gobierno espera conseguir su suspensión. En su defensa, Rocha describió a la magistrada cómo se distribuían los fondos de «profesionalización» que Rubiales proporcionaba a las distintas federaciones territoriales.

El candidato a la presidencia de la RFEF explicó que los presidentes de las federaciones recibían una cantidad de fondos de profesionalización dependiendo de su función y relevancia. Rocha afirmó que nunca percibió ese dinero como sueldo propio durante su mandato al frente de la Federación Extremeña, que comenzó en 2013. En cambio, decidió emplear esos fondos en la creación de tres puestos de trabajo.

Este detalle es especialmente relevante debido a las posibles implicaciones que este reparto de dinero podría tener en la adquisición de un mayor control de la RFEF y sus asambleístas por parte del presidente. A pesar de las preguntas de la Fiscalía acerca de la cronología de la recepción de estos fondos, Rocha no pudo precisar el año exacto, aunque afirmó que comenzó durante el mandato de Rubiales.

Rocha, que se espera sea el próximo presidente de la RFEF, tanto por parte de Rubiales como de los asambleístas, no está acusado, al menos hasta el día de hoy, de ninguno de los delitos que se investigan en el caso Supercopa. Sin embargo, su condición cambió de testigo a investigado durante el procedimiento, una medida de protección tomada por el fiscal y la jueza, ya que Rocha estaba dando respuestas poco concretas.

Durante su declaración, Rocha, quien se mostró nervioso, ofreció total colaboración al tribunal, asegurando que la Federación estaba dispuesta a proporcionar toda la documentación requerida. Sin embargo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) argumentó que la RFEF no había entregado todos los documentos solicitados, lo que motivó los registros y detenciones del pasado 20 de marzo.

En 2020, Rocha fue nombrado vicepresidente económico de la RFEF, un cargo que, según él, se le otorgó por ser «un hombre de fútbol, una persona honrada y transparente». Sin embargo, a medida que transcurría su declaración, Rocha acumuló una serie de negativas y réplicas que finalmente llevaron a su cambio de condición de testigo a investigado.

Una de las áreas de mayor tensión durante la declaración de Rocha fue la discusión sobre los contratos relacionados con la Supercopa de España en Arabia Saudí. Aunque Rocha no estaba al frente de la comisión económica cuando se firmó el acuerdo inicial en 2019, sí ocupaba el cargo cuando se firmó la prórroga para continuar el torneo en Oriente Próximo. A pesar de esto, Rocha afirmó que no estaba informado de la prórroga del contrato.

La Fiscalía finalmente otorgó a Rocha el estatuto de investigado, citando su obligación de conocer los detalles de la prórroga de la Supercopa y su aparente ignorancia de los mismos como la razón. Rocha, claramente sorprendido por el cambio en su estatus, se defendió argumentando que había ciertas cosas que desconocía. El caso continúa abierto y las implicaciones de esta controversia aún están por determinarse.