Este reconocimiento se produjo durante el pleno ordinario de junio, en respuesta a las preguntas planteadas por el portavoz socialista, Antonio Hurtado. Bustos admitió que la situación no había mejorado a pesar de la implementación de un «plan de choque» por parte del gobierno municipal para reducir el atasco de expedientes pendientes en la Unidad de Estadística encargada del padrón municipal.

Tras analizar las complicaciones que atraviesa este departamento, Bustos fue contundente al afirmar que «el problema es el tramitador», refiriéndose al programa que se utiliza en el área del padrón. Según sus palabras, este programa ralentiza las operaciones de actualización, modificación, alta y corrección de errores. A pesar del esfuerzo y dedicación del personal, que «echa horas y horas», la eficacia de la tramitación se ve seriamente afectada.

Nuevo tramitador para agilizar los trámites

Conscientes de la necesidad de una solución, el gobierno municipal está trabajando en el desarrollo de un nuevo tramitador, que se espera que esté operativo a final de año. Esta nueva herramienta tiene como objetivo agilizar los trámites y reducir el atasco en el padrón, contribuyendo así a mejorar la eficiencia del departamento.

Los cordobeses perciben el excesivo tiempo de espera para cualquier trámite relacionado con el padrón municipal como uno de los principales problemas en su relación con la administración. De hecho, esta cuestión se ha convertido en motivo de queja número uno de los ciudadanos, según reveló el diario ABC hace un año.

Además del problema con el tramitador, Bustos argumentó que otro de los desafíos que enfrenta el departamento es la alta tasa de rotación del personal. «Hemos detectado que los formamos, pero es uno de los departamentos con más salidas y entradas del Ayuntamiento», explicó.

Como responsable de Recursos Humanos, Bustos planea ofrecer un incentivo a los trabajadores que permanezcan en el departamento de Estadística, con el objetivo de lograr una plantilla más estable. Así, entre el nuevo tramitador y el aumento de la estabilidad del personal, el Ayuntamiento espera poder solucionar el atasco con más de 6.000 expedientes pendientes de resolver.

Este plan de acción integral es una muestra del compromiso del Ayuntamiento de Córdoba para mejorar la eficiencia y la eficacia de su sistema de tramitación del padrón municipal. No obstante, solo el tiempo dirá si estos esfuerzos serán suficientes para desatascar los más de 6.000 expedientes que actualmente se encuentran en espera.

Esta decisión surge después de la polémica generada en Ripoll (Girona), donde la alcaldesa ultra, Sílvia Orriols, restringió el empadronamiento a los inmigrantes, dificultando su acceso a la tarjeta sanitaria y otros servicios públicos. Según Médicos del Mundo, este es uno de los 17.000 «barreras» a la sanidad pública que afectaron a 8.809 personas en los primeros nueve meses de 2023.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado que es un «hito» recuperar «parte del orgullo» que se perdió en 2012 y «desterrar» para siempre la exclusión sanitaria de la ley del PP. Con esta decisión, se busca cerrar una herida en la sociedad española y presumir de la universalidad como herramienta para tener sociedades más cohesionadas, eficientes y justas.

La nueva norma indica que los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España sólo deberán firmar una declaración responsable. Este requisito es más suave que el que se introdujo en 2018, en una reforma legal impulsada por el PSOE y también destinada a recuperar la universalidad del sistema, que no ha servido en todos los casos.

Anteriormente, se exigía a los extranjeros sin papeles un informe de los servicios sociales para poder acceder al sistema sanitario, pero este trámite ha permitido que algunas comunidades y ayuntamientos, como el de Ripoll, impongan meses de espera antes de facilitar el acceso al derecho, lo que se ha convertido en una nueva barrera.

Además, el proyecto legal garantiza el derecho a la asistencia sanitaria a los españoles que residen en el extranjero, los familiares que les acompañen y los hijos de extranjeros residentes en España que accedan a la reagrupación, siempre que no exista un tercero obligado al pago de la atención, según informa el Ministerio de Sanidad.

También se incluye el derecho a la protección de la salud durante su permanencia en España a solicitantes de protección internacional, solicitantes y beneficiarios de protección temporal, víctimas de trata de seres humanos cuya estancia en España haya sido autorizada durante el periodo de restablecimiento y reflexión, y a los mencionados inmigrantes en situación administrativa irregular.

En este último caso, el proyecto prevé que la asistencia corra a cargo de las administraciones públicas competentes, siempre que no tengan la cobertura obligatoria de prestación sanitaria por otra vía, no puedan exportar el derecho de cobertura desde su país de origen y cuando no exista un tercero obligado al pago.

Además, el proyecto de ley pretende aminorar los copagos, de forma que todos los grupos mencionados, cuando entre en vigor la norma, no tendrán que pagar el 100% de los medicamentos. Se recupera la cartera común de servicios única, lo que garantiza que no se puedan incluir nuevos copagos.

El proyecto inicia ahora su andadura y debe ser estudiado por los órganos consultivos y por las Cortes, por lo que no llegará al Boletín Oficial del Estado, previsiblemente, hasta dentro de varios meses o incluso años.

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado el traspaso a las comunidades de 38,5 millones para reforzar las acciones encaminadas a fomentar la salud mental, como parte del plan de salud mental 2022-2024.