Un cambio en el esquema de pensiones

La nueva escala de pensiones propuesta implicaría una reducción inicial en los ingresos para los jubilados activos. Sin embargo, a medida que continúen trabajando, su pensión aumentará gradualmente hasta alcanzar el 100% después de cinco años. Actualmente, los jubilados activos pueden comenzar a cobrar el 50% de su pensión en el primer año, sin variaciones posteriores. Según la propuesta, los jubilados activos comenzarían cobrando solo el 30% de su pensión en el primer año, pero verían aumentar este porcentaje cada año hasta alcanzar la totalidad de su pensión después de cinco años.

Este cambio es significativo porque hasta ahora, la jubilación activa ha sido ejercida principalmente por autónomos y profesionales liberales como médicos, abogados y arquitectos. Además, la nueva escala se complementaría con la posibilidad de recibir incentivos por la jubilación demorada, una opción que había estado vetada hasta ahora.

El Secretario de Seguridad Social, Borja Suárez, se reunió recientemente con representantes de la patronal y los sindicatos para discutir el asunto. Aunque las partes parecen estar de acuerdo en muchas áreas, la jubilación parcial sigue siendo un obstáculo importante en las negociaciones.

Estos cambios propuestos son parte de una serie de reformas al sistema de pensiones que buscan alargar la vida laboral de los españoles. Sin embargo, a diferencia de otros países como Francia, que ha aumentado la edad legal de jubilación, España está buscando incentivar a los trabajadores para que decidan voluntariamente trabajar más tiempo.

La Ministra Saiz ha propuesto una serie de incentivos para hacer más atractiva la jubilación activa. Con la propuesta actual, un pensionista activo puede cobrar la mitad de su pensión y todo su sueldo o el 100% de su pensión y su sueldo si tiene contratada a otra persona a su cargo.

La nueva propuesta del gobierno también incluiría una elevación gradual del porcentaje de compatibilidad de la pensión a medida que el pensionista continúa trabajando. Este porcentaje comenzaría en el 30% en el primer año y aumentaría hasta el 50% en el tercer año y hasta el 100% en el quinto año.

Una de las propuestas más significativas del gobierno es anticipar los incentivos para la jubilación demorada. Según la reforma más reciente, por cada año que un trabajador decida posponer su jubilación, recibiría un 4% adicional de pensión. Sin embargo, bajo el nuevo plan, a partir del segundo año de demora, el trabajador recibiría un 2% adicional por cada seis meses demorados. Esto significa que los trabajadores no tendrían que esperar hasta el tercer año para recibir el beneficio adicional.

La propuesta parece estar teniendo un impacto positivo en los trabajadores que deciden demorar su jubilación. En 2022, 17.651 personas decidieron trabajar más tiempo, y en 2023, esa cifra aumentó un 50% a 26.487 jubilaciones demoradas.

Desafíos en la reforma de la jubilación parcial

A pesar de los avances en las propuestas de reforma de las pensiones, la jubilación parcial sigue siendo un tema polémico. Actualmente, esta opción está bloqueando el acuerdo definitivo para todo el paquete legislativo de reforma de pensiones. Patricia Ruiz, secretaria confederal de UGT, ha dejado claro que la jubilación parcial es una reivindicación a la que no pueden renunciar.

Los sindicatos desean extender las condiciones de la jubilación parcial que actualmente se aplican en la industria manufacturera a todos los sectores. Sin embargo, el gobierno se opone a la posibilidad de consolidar coeficientes de parcialidad para seguir con jornada completa y anticipar, de facto, la edad de jubilación. Según fuentes sindicales, han solicitado a la Seguridad Social que calcule el impacto presupuestario de esta propuesta, pero hasta ahora no han recibido respuesta.

El Ministerio liderado por Elma Saiz ha anunciado el lunes que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también conocido como la «hucha de las pensiones«, ha superado nuevamente la barrera de los 7,000 millones de euros. Esta es una noticia de gran relevancia, ya que representa un hito en la recuperación económica de la nación, después de haber enfrentado una década de dificultades financieras.

La meta para este año es alcanzar una cifra cercana a los 9,000 millones de euros en depósito. La visión a largo plazo del Ministerio es cerrar la legislatura con un saldo positivo de 25,000 millones de euros. Aunque esta cifra es menos de la mitad del pico alcanzado antes de la crisis del 2008, es un indicativo de la recuperación económica en marcha.

Una década de retos y superación

Durante una década, el gobierno tuvo que recurrir a la ‘hucha’ para costear gastos actuales. Sin embargo, desde el año pasado, el gobierno ha comenzado a reponer los fondos de la reserva. En su punto más alto en 2011, la reserva alcanzó la suma de 66.815 millones de euros. Al 31 de mayo de este año, la reserva había acumulado 7.022 millones de euros.

El gobierno ha logrado incrementar los ingresos de este depósito, diseñado para amortiguar una parte de la jubilación del ‘baby boom’, gracias a las nuevas cotizaciones sociales introducidas en la última reforma de pensiones. En año y medio de vigencia, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) ha contribuido a las arcas públicas con un total de 1.373 millones de euros. Este mecanismo implica un aumento de las cotizaciones sociales equivalente al 0.7%, que es financiado tanto por el trabajador como por el empresario, aunque recae mayoritariamente sobre el último.

La reforma de las pensiones aprobada durante la pasada legislatura incorpora también otros gravámenes destinados a seguir alimentando la ‘hucha’. Esto es esencial a medida que el número de jubilados aumenta, especialmente cuando la generación de empleados que actualmente tienen entre 50 y 60 años se retire. Esta generación es considerablemente más numerosa que las precedentes, por lo que requerirá de un mayor esfuerzo económico para costear sus prestaciones.

Para afrontar este desafío, a partir del próximo año entrará en vigor la ‘tasa de solidaridad‘, que es un impuesto cobrado a los salarios más altos sobre la parte de su nómina que actualmente está por encima de las bases máximas y se queda sin cotizar. Esta medida es una de las muchas iniciativas que el gobierno ha implementado para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo.

La superación de la barrera de los 7,000 millones de euros en la ‘hucha de las pensiones’ es sin duda una noticia positiva. Sin embargo, es importante recordar que todavía queda un largo camino por recorrer para superar completamente los desafíos económicos que enfrenta el país.

Existen diversas formas en las que uno puede adquirir una deuda con la Seguridad Social, desde retrasos en los pagos, errores de contabilidad, problemas de efectivo, incluso multas. En algunos casos, es posible que se haya adquirido una deuda y se desconozca el importe o incluso la existencia de la misma. Si esta situación se prolonga, la falta de documentación y el impago de las deudas puede resultar en la aplicación de tarifas adicionales y la acumulación de intereses por los pagos atrasados.

Información previa y liquidación de deudas

El primer paso para abordar este problema es identificar cuánto se debe. Para ello, es necesario acceder a la página web de la Seguridad Social, donde se permite conocer la deuda. En esta web, se puede consultar todas las deudas o pagos pendientes con la Seguridad Social de autónomos, particulares y empresas y obtener los comprobantes de pago.

Para consultar esta información es necesario estar registrado en Importass, un espacio digital adaptado a dispositivos móviles, accesible desde la web, la Sede electrónica (SEDESS) y la app de la Seguridad social. Esta plataforma ofrece información y servicios de tramitación, además de un área personal en la que, independientemente de su situación laboral actual, el ciudadano puede consultar sus datos de forma personalizada.

Una vez registrado en Importass, se puede volver a la solicitud a través de la sede electrónica en el apartado “Empresas” -> “Recaudación”. Aquí, se debe elegir el procedimiento de autenticación y el método a utilizar como puede ser el certificado digital, usuario y contraseña, el pin o por SMS. Para esta última opción, primero deberás registrar tu número de teléfono móvil en la Tesorería General de la Seguridad Social. Si el contribuyente arrastra una deuda con la Seguridad Social puede realizar los pagos con tarjeta de crédito o débito.

Es importante señalar que lo adeudado con la Seguridad Social prescribe a los cuatro años, por lo que es fundamental verificar si, a pesar del pago, aún no ha prescrito. Para ello, se necesita un certificado o un informe actualizado con la Seguridad Social con esta información.

En ciertos casos, se puede solicitar un aplazamiento de la deuda. Para ello, es necesario acudir a la Seguridad Social y presentar la correspondiente reclamación, así como la resolución de la deuda inaplazable. Sin embargo, hay dos tipos de deudas que no se pueden aplazar: las cuotas de trabajadores que atañen a las empresas, que deben ser pagadas por el empleador, no por el autónomo; y las cuotas de seguro contra enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.

En caso de tener deudas con la Seguridad Social, el deudor no tiene derecho a cobrar la pensión ni ayudas como el ingreso mínimo vital (IMV). En el caso del paro, si el contribuyente recibe una cuantía mayor a la del salario mínimo interprofesional, esa cantidad será embargada por la Seguridad Social.

Ley de segunda oportunidad

La Ley de segunda oportunidad está pensada para aquellas personas insolventes que no pueden presentar un aplazamiento o fraccionamiento. Los deudores pueden cancelar sus deudas de forma legal, hasta 10.000 euros con la Seguridad Social y otros 10.000 euros con la Agencia Tributaria (Hacienda), y con ello tener una segunda oportunidad.

Para poder acogerse a esta ley, hay que cumplir una serie de condiciones. Entre ellas, que el deudor no haya sido condenado por delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social, derechos de los trabajadores, patrimonio o falsedad documental. También se requiere que el deudor actúe de buena fe, es decir, que haya intentado llegar a un acuerdo extrajudicial previamente, y que no haya rechazado un puesto de trabajo adecuado para el deudor en los últimos 4 años. Además, no se debe haber acogido a dicha ley en los 10 años anteriores, y se debe haber satisfecho antes todo crédito contra la masa y privilegiados, y pagado el 25% de sus créditos, o al menos que se demuestre que se han intentado pagar.

Las deudas con la Seguridad Social pueden surgir de varias formas: retrasos en los pagos, errores de contabilidad, problemas de flujo de efectivo, multas, entre otras. Incluso es posible que existan deudas pendientes sin que el deudor esté consciente de ellas, o que desconozca el monto exacto de la deuda. En tales casos, la falta de documentación y el impago de las deudas puede resultar en la aplicación de tarifas adicionales y la acumulación de intereses por los pagos atrasados.

Lo primero que se debe hacer es conocer el monto adeudado. Para esto, es necesario acceder a la página web de la Seguridad Social, donde existe un apartado que permite conocer la deuda. En esta plataforma, se puede consultar todas las deudas o pagos pendientes con la Seguridad Social de autónomos, particulares y empresas, y obtener los comprobantes de pago.

Consultar y Liquidar Deudas

Para acceder a esta información, es necesario estar registrado en Importass, un espacio digital adaptado a dispositivos móviles, accesible desde la web y la app de la Seguridad Social, que ofrece servicios de tramitación e información personalizada.

Una vez registrado en Importass, se puede regresar a la solicitud a través de la sede electrónica en el apartado “Empresas” -> “Recaudación”. En este apartado, se debe elegir el procedimiento de autenticación y el método a utilizar, como puede ser el certificado digital, usuario y contraseña, el pin o por SMS. Para esta última opción, es necesario registrar previamente el número de teléfono móvil en la Tesorería General de la Seguridad Social. Los pagos de la deuda con la Seguridad Social pueden realizarse con tarjeta de crédito o débito.

Es importante tener en cuenta que lo adeudado con la Seguridad Social prescribe a los cuatro años. Por lo tanto, es crucial obtener un certificado o un informe actualizado con la Seguridad Social que incluya esta información.

¿Pero qué pasa si no se puede pagar la deuda en su totalidad? ¿Es posible solicitar un aplazamiento? La respuesta es sí. Sin embargo, hay que acudir a la Seguridad Social y presentar la correspondiente reclamación, así como la resolución de la deuda inaplazable. Hay dos tipos de deudas que no se pueden aplazar: las cuotas de trabajadores que corresponden a las empresas y las cuotas de seguro contra enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.

Además, si un contribuyente tiene deudas con la Seguridad Social, no tiene derecho a cobrar la pensión ni a recibir ayudas como el ingreso mínimo vital (IMV). En el caso del paro, si el contribuyente recibe una cuantía mayor a la del salario mínimo interprofesional, esa cantidad será embargada por la Seguridad Social.

La Ley de Segunda Oportunidad

Para aquellos que se encuentran en una situación de insolvencia y no pueden presentar un aplazamiento o fraccionamiento, existe la Ley de Segunda Oportunidad. Esta ley permite a los deudores cancelar sus deudas de forma legal, hasta 10,000 euros con la Seguridad Social y otros 10,000 euros con la Agencia Tributaria (Hacienda), ofreciendo así una segunda oportunidad.

Para acogerse a esta ley, es necesario cumplir una serie de condiciones. El deudor no debe haber sido condenado por delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social, los derechos de los trabajadores, el patrimonio o por falsedad documental. Además, debe haber actuado de buena fe, es decir, haber intentado llegar a un acuerdo extrajudicial previamente y no haber rechazado un puesto de trabajo adecuado en los últimos 4 años. También debe no haberse acogido a dicha ley en los 10 años anteriores y haber satisfecho antes todo crédito contra la masa y privilegiados, y pagado el 25% de sus créditos, o al menos haber demostrado que se han intentado pagar.

El nuevo enfoque se basa en una serie de indicadores que se utilizarán para determinar cuándo los profesionales de ciertas profesiones podrán retirarse antes de la edad legal de jubilación sin afectar negativamente el monto de su pensión. Uno de los criterios propuestos es el importe total de las prestaciones pagadas por el Estado en caso de incapacidad temporal.

Aunque estas negociaciones están en una fase preliminar y el contenido del borrador inicial está sujeto a cambios, la propuesta ya ha generado fricciones entre el Gobierno y los sindicatos. Los sindicatos han expresado su preocupación por un posible sesgo de género en los indicadores propuestos, dada la actual infradetección de las bajas médicas entre ocupaciones dominadas por mujeres.

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha propuesto tres variables para determinar cuándo es apropiado que un empleado se retire antes de la edad legal de jubilación, que actualmente es de 66 años y seis meses. Estas variables incluyen el importe total que el Estado paga en prestaciones por incapacidad temporal, el número total de bajas por incapacidad temporal en relación con el número total de empleados, y la proporción de accidentes mortales en el sector. La edad más temprana propuesta para la jubilación anticipada es de 52 años.

Según la propuesta, cualquier sindicato o patronal representativa de un sector podrá solicitar al Gobierno que identifique una profesión como especialmente peligrosa y permita la jubilación anticipada. Sin embargo, esto implicará que las empresas y los trabajadores de dicho sector tendrán que pagar una sobrecotización para compensar la jubilación anticipada. Una vez presentada la solicitud, el Gobierno se compromete a responder en un plazo máximo de seis meses.

Sin embargo, los sindicatos consideran que los criterios pueden ser demasiado restrictivos para ciertas profesiones. Como ejemplo, citan a las camareras de piso, quienes a menudo desarrollan dolencias consideradas comunes, pero que en realidad son el resultado de su actividad profesional. Según los sindicatos, en el actual esquema, un minero tendría más facilidades para solicitar la jubilación anticipada.

El sindicato UGT ha criticado con vehemencia la propuesta, argumentando que parece que la Seguridad Social pretende que las profesiones masculinas se beneficien de coeficientes reductores de la edad de jubilación, mientras que las profesiones femeninas se quedan con la jubilación parcial. Cristina Estévez, secretaria de política institucional de UGT, ha calificado esta situación como una «desigualdad de trato inasumible». Por su parte, la patronal CEOE ha declinado hacer comentarios.

A raíz de estas críticas, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha incluido dos compromisos en su primer borrador. El primero es la creación de un grupo de trabajo en el plazo de seis meses para analizar aquellas profesiones que son penosas pero que no registran altos índices de morbilidad o mortalidad. El segundo es la creación de una comisión en el plazo de 12 meses para estudiar el impacto de género de la reforma en las jubilaciones anticipadas.

El papel de las mutuas colaboradoras en el tratamiento de los trabajadores de baja por incapacidad temporal también es objeto de discusión en la reforma de las pensiones. Las mutuas colaboradoras son entidades privadas a las que la Seguridad Social transfiere anualmente fondos públicos recaudados de las cotizaciones que pagan mensualmente las empresas y los trabajadores. El borrador que maneja el Gobierno propone incentivar un mayor papel de las mutuas en aquellos procesos que han superado las duraciones óptimas, es decir, aquellos que tardan más de lo habitual en recuperarse. Sin embargo, esta propuesta ha generado desacuerdo entre los sindicatos y la patronal. Los sindicatos temen que las mutuas puedan presionar a los trabajadores para adelantar las altas, mientras que los empresarios apoyan un mayor papel de las mutuas.