El camino hacia la transferencia de la titularidad y competencias de la Autopista del Atlántico (AP-9) a la Comunidad de Galicia podría requerir más que una hora de debate en el Congreso. A pesar de que la proposición de ley para la transferencia fue unánimemente respaldada por el Parlamento de Galicia, este tema de larga data necesitará, sobre todo, voluntad por parte del Gobierno para evitar que se repita la historia de las tres ocasiones anteriores.

La proposición de ley, iniciativa del Partido Popular (PP) y respaldada por el Parlamento de Galicia, tiene como objetivo que la gestión de la AP-9 pase a manos de la Xunta. El martes, la ley superó su primer obstáculo y fue tomada en consideración en la Cámara Baja. Aunque el partido de Santiago Abascal, Vox, se opuso a la medida, la proposición de ley avanzó.

Críticas y reproches cruzados en el debate

El debate en el Congreso sirvió de escenario para un intercambio de reproches y acusaciones. Los diputados cuestionaron la responsabilidad de que los gallegos sigan pagando por el uso de la AP-9, una vía vital para la región, hasta el año 2048, y a uno de los costos más elevados de toda España.

Las intervenciones de los diputados proporcionaron pocos insights más allá de lo ya conocido: la transferencia de la AP-9 es la única cuestión que une a los diferentes partidos que la apoyan.

El debate estuvo marcado por la ausencia de cordialidad. Tres portavoces, José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), Ana Pontón (BNG) y Alberto Pazos (PP), pusieron de manifiesto sus visiones y modelos divergentes sobre el tema.

Tres visiones, tres modelos

Besteiro, quien fue el primero en hablar, criticó duramente al gobierno de José María Aznar por prorrogar la concesión de la AP-9 hasta el máximo permitido y luego privatizarla. Su intervención destacó tres modelos de gestión de la AP-9: el del PP, que según él solo buscaba negocio; el del Bloque, que ha pasado de oponerse a la transferencia a reclamarla; y el de los socialistas, quienes aseguró siempre han apoyado la transferencia de la AP-9.

Por su parte, Pontón preguntó a la Cámara si seguirían burlándose de la ciudadanía gallega, a quien acusó de perpetuar una discriminación. Pazos, del PP, admitió que su grupo alberga dudas sobre la transferencia, tras las negativas anteriores del Gobierno a cumplir las demandas de Galicia.

Discrepancias socialistas

Más allá de la discrepancia política, también hubo divergencias dentro del propio Partido Socialista (PSdeG). Besteiro prometió la gratuidad de la AP-9 y destacó la importancia de eliminar las barreras de peaje para los gallegos. Sin embargo, la diputada del mismo partido, Obdulia Taboadela, señaló que al Gobierno le interesa más mejorar la economía de Galicia que acabar con los peajes.

En este contexto, el PP no ocultó sus reservas sobre la transferencia de la AP-9. Su compañero Francisco Conde expresó su esperanza de que esta proposición de ley no corra la misma suerte que otras propuestas, que han sido congeladas por el Gobierno de coalición en el Congreso.

Vox aprovecha el debate para atacar a Feijóo y Rueda

Carina Mejías, diputada de Vox, utilizó el debate sobre la transferencia de la AP-9 para criticar al PP por «mimetizarse con el nacionalismo». Mejías acusó a la bancada popular de venderse a los intereses de los nacionalistas gallegos. Además, atribuyó al BNG el mérito de la transferencia de la AP-9, a pesar de que el PP había impulsado la iniciativa.

La transferencia de la AP-9 a Galicia sigue siendo un tema polémico y complejo que, más allá del debate en el Congreso, requiere una voluntad política real y duradera para convertirse en una realidad.

Han pasado ocho meses desde que se constituyeron las cortes tras las elecciones generales del 23 de julio en España. Desde entonces, el Congreso ha aprobado únicamente dos decretos y tres leyes. No hay duda de que el calendario electoral ajustado y la cuestión de la amnistía han dominado la agenda política y parlamentaria. Tal es el grado de ocupación que el Gobierno apenas ha tenido tiempo de presentar grandes proyectos legislativos al Congreso, y aquellos que han llegado, no han avanzado más allá de la toma en consideración.

Mientras tanto, en el otro lado del Atlántico, los campus universitarios de los Estados Unidos se encuentran en medio de protestas en defensa de Palestina. Las protestas han surgido a raíz del descontento de los estudiantes de la Universidad de Columbia, quienes han decidido manifestar públicamente su apoyo a la causa palestina.

En paralelo, en Italia, la primera ministra Giorgia Meloni ha ordenado un control más estricto a Endesa, uno de los gigantes energéticos del país. La orden se ha hecho efectiva a través del CEO de Enel, la compañía eléctrica estatal de Italia, a la que Endesa pertenece como filial.

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