Mario Iceta, el arzobispo de Burgos, ha instado a diez monjas cismáticas a abandonar el monasterio de Belorado en un plazo próximo. En caso de que no cumplan con esta solicitud, se tomarán medidas legales. «Las diez exreligiosas carecen de título legal para permanecer en los monasterios y dependencias anejas, por lo que deberán abandonarlos», ha insistido Iceta. Esta solicitud también se ha extendido a Pablo de Rojas, impulsor de la Pía Unión de San Pablo Apóstol, y a José Ceacero, apodado el ‘cura coctelero’. Si no se produce esta salida, «los servicios jurídicos no tendrán más remedio que iniciar las acciones legales a las que haya lugar».

Iceta hizo esta declaración en la Arquidiócesis de Burgos acompañado por la secretaria de la Federación de las Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, Carmen Ruiz; el vicario judicial, Donato Miguel Gómez; y el departamento de Asuntos Jurídicos del Arzobispado, Rodrigo Saiz García. Esta declaración se produjo tras la excomunión de las diez «exmonjas» que se decretó el sábado pasado.

El arzobispo informó que la Orden de las Clarisas transferirá fondos a las cuentas de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio en las próximas jornadas para poder hacer frente a los pagos ordinarios más inmediatos. Según Iceta, las cuentas que gestionaban las hermanas cismáticas tenían un saldo de menos de 6.000 euros, una cantidad claramente insuficiente para cubrir las nóminas del personal contratado o pagar a los proveedores. «Los saldos presentes en las cuentas corrientes a las que se ha tenido acceso son pequeños e insuficientes, por lo que es preciso inyectar liquidez», precisó Iceta.

La preocupación por las cinco hermanas mayores

Iceta también expresó su preocupación, y la de los familiares, por las cinco hermanas mayores que permanecen en el convento como comunidad clarisa fiel a la Iglesia. De su cuidado se ocupará la Federación, una labor para la que ya se han ofrecido tres conventos diferentes. Las hermanas saldrán de estos conventos para cuidar a las hermanas mayores y para «restablecer convenientemente la vida monástica católica y mantenerla viva en esta comunidad».

Durante una rueda de prensa, el arzobispo de Burgos respondió a algunos de los comunicados emitidos por las ya «exmonjas». Rechazó que la Comisión Gestora, nombrada por el comisario pontificio y representante legal de los monasterios, sea una instancia «constituida para la mediación y acercamiento de posturas en el conflicto», como la definen las cismáticas. «Es una apreciación particular que no se corresponde con la función de esta Comisión», matizó Iceta, para quien «la actitud de la comunidad no ha hecho posible diálogo alguno».

Iceta destacó especialmente las cuestiones relacionadas con la propiedad de los inmuebles, señalando que «son bienes eclesiásticos pertenecientes a los monasterios como entidades jurídicas públicas eclesiásticas al servicio de la comunidad de clarisas que sigue habitando estos monasterios». De acuerdo con Iceta, ni los estatutos de los monasterios de Belorado y Derio, ni los estatutos de la Federación Nuestra Señora de Aránzazu, ni las Reglas monásticas, ni las constituciones generales de la Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara permiten alterar la naturaleza eclesiástica pública de los monasterios sin el consentimiento explícito de la autoridad eclesiástica competente, en este caso, la Santa Sede.

Iceta se refirió a los Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede, que establecen que la legislación canónica actúa como Derecho estatutario en la capacidad de obrar de las entidades religiosas. «En ningún caso los bienes propiedad de los monasterios podrían pasar a ser considerados como meros bienes para disponer libremente de ellos», dijo Iceta. Siguiendo esta línea de pensamiento, Iceta cree que no tiene sentido la constitución de comisión alguna, ya que «la legislación canónica y civil a este respecto, es clara y taxativa y no cabe otro recorrido más que el cumplimiento de la legalidad vigente». «El derecho civil convalida el derecho canónico», concluyó Iceta.

Finalmente, Iceta lamentó que las monjas de Belorado han bloqueado al arzobispado en su cuenta de Instagram, que es el único medio que utilizan para emitir sus comunicados. A pesar de todo, Iceta insistió en que «la Iglesia seguirá esperando en oración con las puertas abiertas para que estas exreligiosas sean conscientes de la verdad de su realidad y emprendan el camino de vuelta a casa, donde serán acogidas con amor y misericordia».

Las monjas de Belorado han estado en el centro de la controversia desde que declararon su cisma con la Iglesia Católica el pasado 13 de mayo. La premisa de sus acciones está enredada en medias verdades y hechos ocultos que, de alguna manera, no pueden refutar cuando se revelan. Aunque intentaron enmascarar su separación como un asunto de fe, desde el principio, la evidencia apuntó a una intrincada trama inmobiliaria y económica.

Las monjas afirman ser acosadas por los medios de comunicación, sin embargo, fueron las primeras en ofrecer una entrevista a un programa de alta audiencia y organizan conferencias de prensa en la puerta del convento casi a diario. En la última instancia, niegan la autoridad de Mario Iceta como comisario pontificio, pero le informan por correo electrónico que debe pagar el servicio de seguridad privada que planean contratar.

El Arzobispado de Burgos respondió a la comunidad a las 11 de la noche del jueves, tres horas después de que las monjas publicaran un mensaje. En su respuesta, la diócesis recordó que el «representante legal de los monasterios de Belorado, Derio y Orduña es el comisario pontificio”, tanto en el ámbito canónico como civil. Por lo tanto, tiene el deber y el derecho de velar por las personas que habitan el monasterio, los trabajadores contratados, la gestión adecuada de los movimientos financieros, así como la gestión de todos los bienes muebles e inmuebles.

El Cisma de las Monjas con la Iglesia y la Autoridad del Comisario Pontificio

Las monjas han impedido que el comisario pontificio y la comisión gestora cumplan con sus obligaciones. La comunidad no ha entregado una copia de las llaves de los monasterios, como se les pidió, lo cual se interpreta como un intento de obstaculizar el trabajo del comisario pontificio.

Además, las religiosas se negaron a aceptar la ayuda económica que el Arzobispado ofreció al cambiar la firma en las cuentas, alegando que ello implicaría reconocer la legitimidad de la «usurpación» por parte de Iceta. Sin embargo, lo irónico es que, aunque no reconocen su autoridad para dirigir, sí la reconocen a la hora de exigirle que pague por un nuevo servicio de seguridad privada que han decidido contratar para la puerta del monasterio.

Según el arzobispado, el monasterio de Belorado envió un correo electrónico el martes 11 con el mensaje: “Nos vemos en la obligación de contratar un servicio de seguridad privada que proteja y defienda contra ataques a la intimidad. Entendemos que el arzobispo debe asumir los costes de este servicio”. En este punto, la comunidad de monjas reconoció la autoridad del arzobispo, pidiendo el pago de un servicio que ellas mismas planeaban contratar. Sin embargo, no proporcionaron detalles sobre la empresa que se encargaría de este asunto ni las condiciones del servicio.

La comunidad de monjas también pretende que la diócesis pague por este servicio, pero no ha solicitado ayuda para la compra de alimentos, alimento para animales u otros gastos esenciales de la comunidad. Esta contradicción ha revelado que el objetivo del comunicado de las monjas era más que simplemente mostrar su «realidad», que afirman que los medios de comunicación han ignorado.

Al corregir un error técnico en su publicación en Instagram, las monjas revelaron que su verdadera intención era proporcionar el número de una cuenta corriente, «no usurpada», según ellas, para recibir donativos. Esta cuenta no pertenece a la comunidad, sino que es personal a nombre de Laura García de Viedma, el nombre civil de sor Isabel de la Trinidad, la destituida alcaldesa.

En respuesta a las acusaciones de las monjas de que los bancos incumplieron la ley al aceptar el cambio de firma en las cuentas, el arzobispado defendió que «las entidades bancarias han actuado absoluta y escrupulosamente dentro de la legalidad vigente». Además, aclararon que se ha tenido acceso a las cuentas corrientes identificables, ya que las monjas no han facilitado el conocimiento ni el acceso a las mismas.

Las monjas confirmaron este hecho en su comunicado, al reconocer que algunas cuentas de Orduña, «desde las que se tienen que realizar los pagos periódicos para zanjar las obras del monasterio», no se había cambiado todavía la firma. Sin embargo, las monjas no han especificado cuál fue el destino de los 720.000 euros que obtuvieron de la hipoteca del monasterio de Derio en marzo de 2023, ya que no fueron utilizados para pagar las cuotas de Orduña ni las obras allí realizadas.

El arzobispado también ha aclarado que no tiene la «mínima intención de condicionar económicamente a la comunidad» y que su posición sigue siendo de «mano tendida». Recordaron que el jueves 6 de junio, sor Carmen, secretaria y economista de la federación de las Clarisas, fue enviada por el comisario pontificio al monasterio para hablar con las hermanas y preguntarles sobre sus necesidades económicas para atenderlas de inmediato. Sin embargo, no fue recibida, ni le permitieron hablar.

El arzobispado está trabajando con las entidades bancarias para garantizar que no haya problemas de pago para aquellos que tienen derecho a cobrar: suministros, salarios, recibos, etc. En este sentido, ninguna empleada de los monasterios ha acudido al arzobispado para poner ninguna queja. Al contrario, aquellos con quienes se ha podido contactar, se les ha asegurado que se mantendrán al corriente de los pagos tal y como se ha hecho hasta ahora.

El arzobispado sigue esperando que las monjas les informen sobre los importes necesarios que requieren para los gastos habituales de la vida ordinaria. Hasta ahora, no lo han hecho. El comunicado del arzobispado termina pidiendo a las monjas que les informen de sus necesidades concretas para cubrir los gastos ordinarios de la comunidad y condena cualquier falta de respeto o intrusión en la vida del monasterio. “Seguimos a la espera de que la comunidad realice algún gesto que posibilite la vía del diálogo”, concluye.

La decisión de presentar el mismo texto que el anterior titular de Cultura se ha tomado para evitar los trámites de un nuevo anteproyecto de ley. Se espera que ciertas secciones del texto sean objeto de enmiendas durante la tramitación parlamentaria.

Reimpulso de la Ley de Cine

Urtasun había expresado su intención de dar prioridad a la ley del Cine poco después de asumir su cargo. En una entrevista que concedió hace seis meses, Urtasun dijo: «Tengo una gran prioridad: la primera ley que voy a tratar de desbloquear es la ley del Cine porque ya gozaba de gran consenso en el sector. Hay cosas por corregir. Me estoy reuniendo con todo el sector para reimpulsarla».

Siguiendo su intención de llevar la ley del Cine al Consejo de Ministros «en las próximas semanas», Urtasun se reunió con varias personalidades de la industria audiovisual. Estas reuniones fueron parte de sus esfuerzos para mostrar la cercanía de su partido, Sumar, al cine. Sin embargo, la presentación de la ley del Cine en el Consejo de Ministros se ha retrasado debido a las convocatorias electorales en Galicia, País Vasco, Cataluña y el Parlamento Europeo.

El proceso parlamentario para la Ley de Cine y de la Cultura Audiovisual comienza ahora. Durante este proceso, se podrán introducir las enmiendas que las formaciones políticas planteen. El texto será remitido a las Cortes Generales para su tramitación por la vía de urgencia y aprobación antes de que finalice 2024. Este calendario cumple con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de fondos europeos.

Claves de la Ley de Cine y de la Cultura Audiovisual

Urtasun ha explicado algunos aspectos clave de la Ley de Cine y de la Cultura Audiovisual en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según él, la ley amplía el campo de acción normativa, protege a los sectores independientes, refuerza la competitividad internacional del sector y crea mecanismos para la máxima participación del sector.

El Secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, ha proporcionado detalles adicionales, como la definición de productor independiente. La ley del Cine corregirá la definición general de tal manera que los «verdaderos productores independientes» puedan acceder a las ayudas que el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) otorga.

La ley también garantizará la defensa de la competencia, requiriendo que las plataformas que operen en España proporcionen datos sobre visionados de una manera similar a la que las salas de cine tienen que dar los datos de asistencia y taquilla recaudada.

En cuanto a la igualdad, el texto convierte en ley lo que el ICAA ya estaba aplicando en el llamado «sistema de puntos» para la obtención de ayudas. Por lo tanto, se reserva del 35% de la dotación de ayudas a producción reservada a mujeres a través de las órdenes de ayudas.

Además, la nueva norma protege a las lenguas que se hablan en el territorio español, no solo el castellano y las lenguas cooficiales, sino también las «estatutarias».

Por último, la Ley del Cine y la Cultura Audiovisual reduce la cuota de pantalla (el porcentaje que los exhibidores han de reservar a cine nacional y europeo), que pasa de un 25% a un 20%, e incluye cine latinoamericano y cine dirigido por mujeres.