La reciente crisis energética ha dejado huella en el sector eléctrico, provocando la desaparición de decenas de pequeñas eléctricas. Estas empresas, golpeadas por la subida de los precios de la electricidad en los últimos dos años, han sucumbido a la volatilidad y al caos de los mercados energéticos. En particular, las empresas independientes que comercializan luz han tenido dificultades para sobrevivir, especialmente aquellas sin el músculo financiero suficiente o sin el blindaje de las coberturas de precios que sí poseen las grandes empresas del sector y algunas medianas más preparadas.

En el año más crudo de la crisis energética, 2022, 35 pequeñas eléctricas desaparecieron. En 2023, la cifra alcanzó a otras 24 comercializadoras que se dieron de baja del registro oficial de compañías, según el listado oficial de comercializadoras de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). A pesar de la normalización progresiva de los mercados de la electricidad, la tendencia sigue siendo preocupante, con 16 comercializadoras que han cesado sus operaciones en lo que va de año. Sin embargo, la oferta sigue siendo amplia, con unas 530 comercializadoras de luz operativas en el mercado español.

Las consecuencias para los consumidores

La desaparición de una comercializadora tiene consecuencias significativas para sus clientes. Cuando una eléctrica quiebra, sus usuarios pasan de manera transitoria a tener un contrato de último recurso con una de las grandes eléctricas como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o Totalenergies. Estas empresas están legalmente obligadas a ofrecer la tarifa regulada de luz a los clientes afectados para evitar que se queden sin suministro. Sin embargo, este cambio implica un recargo extra en el pago de las facturas, lo que ha resultado en ingresos millonarios para el sistema eléctrico español.

La tarifa regulada de luz, también conocida como precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), está reservada para los clientes que tengan contratada una potencia por debajo de los 10 kilovatios, es decir, hogares y algunas pequeñas empresas. Los grandes clientes de las eléctricas que quiebran y que pasan automáticamente a tener contratada PVPC de facto no tienen derecho a acogerse a esa tarifa regulada. Estos suelen ser empresas medianas y grandes o instalaciones públicas con potencias y consumos muy superiores a los de un hogar.

Estos grandes clientes son ‘castigados’ con un recargo en sus facturas mientras están acogidos a la tarifa último recurso y hasta que contratan con otra compañía del mercado libre acorde a su perfil. Durante la crisis energética, estos clientes que se han valido de manera temporal del PVPC sin tener derecho a él, han pagado más de 94 millones de euros en dos años.

En 2022, el sobrecoste pagado por los grandes clientes afectados por la desaparición de su comercializadora superó los 63 millones de euros. En 2023, el importe de compensaciones abonadas rozó los 31,4 millones de euros, según la CNMC. Este organismo justifica el descenso en estos ingresos extra del sistema «en coherencia con la reducción de precios registrados en el mercado en 2023 respecto a los de 2022».

Los clientes sin derecho a la tarifa regulada (con una potencia contratada superior a 10 kilovatios) que acaban acogidos al PVPC al quedarse sin compañía no pagan el mismo precio que el resto de usuarios acogidos a esta tarifa. Según la legislación vigente, se les debe aplicar un recargo del 20% en todos los conceptos regulados de su factura de luz. Los clientes pagan ese sobrecoste del 20% sobre los precios habituales del PVPC a su nueva comercializadora regulada, que a su vez abona ese importe a la compañía distribuidora. Finalmente, la distribuidora liquida esas cantidades como ingresos del sistema eléctrico para financiar los costes regulados que pagan el conjunto de los clientes eléctricos.

Las grandes empresas industriales en España han estado presionando al Gobierno durante mucho tiempo para aumentar las ayudas directas que sirven para mitigar el impacto de los costes de electricidad en sus cuentas y en su capacidad para competir con sus rivales en Europa. Sin embargo, estas presiones no han tenido el efecto deseado. El Ejecutivo repartirá compensaciones a los consumidores electrointensivos que están muy por debajo de las expectativas del sector.

Cada año, los grandes grupos industriales se benefician de un sistema de compensación de parte de los costes de las emisiones indirectas de CO2 que asumen en sus costes energéticos. El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Industria a lanzar la convocatoria de este año de estas ayudas por un importe de 300 millones de euros. Este importe representa un aumento del 23% en relación al repartido en los dos últimos años, con 244 millones en ambos ejercicios. Sin embargo, es apenas un tercio de la cantidad que la gran industria había estado reclamando.

La Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE) había solicitado un gran aumento presupuestario para compensar los costes indirectos del CO2. Según la AEGE, el sector tiene derecho a compensaciones por un importe de 850 millones de euros este año, dado la evolución de los parámetros que se utilizan para calcular el importe máximo de las ayudas.

La Industria Solicita Más Ayuda a Medida que los Costos de Energía Aumentan

La recaudación por las subastas de derechos de emisión de CO2 ascendió el año pasado a 3.600 millones de euros. La Ley de Cambio Climático permite repartir un 25% de esos fondos entre la industria en riesgo de deslocalización y cubrir hasta un 75% de estos costes indirectos. Por esta razón, la gran industria estaba solicitando un aumento sustancial en el presupuesto para este año.

De hecho, según la AEGE, el año pasado las ayudas correspondientes a la industria habrían sido de 450 millones de euros, dados los altos precios de los derechos de emisiones de CO2 y dentro de los márgenes presupuestarios que impone la UE a este tipo de ayudas. Sin embargo, en realidad se repartieron solo 244 millones de euros.

La AEGE, que representa a una treintena de gigantes industriales como ArcelorMittal, Acerinox, Sidenor, Ferroatlántica o Tubos Reunidos, ha criticado la “insuficiente aportación presupuestaria” para compensar los costes indirectos de CO2 en comparación con sus rivales de otros países de Europa. Consideran que esta es la “principal desventaja competitiva de la gran industria electrointensiva frente a los competidores europeos”.

La industria electrointensiva advierte que el año pasado registró una caída del 8% en su consumo eléctrico, y denuncia que el descenso es del 30% en los últimos dos años, una desaceleración que las empresas atribuyen al impacto continuo de la crisis de precios energéticos. La asociación de grandes consumidores advierte que este año la gran industria española pagará la electricidad de media a casi 60 euros por megavatio hora (MWh), un 161% más que sus homólogos franceses (menos de 23 euros por MWh) y un 65% que los grupos alemanes (36 euros por MWh), considerando la evolución del precio de la electricidad en lo que va de año y de la previsión del mercado de futuros hasta final del ejercicio. AEGE alerta de que les resulta difícil competir en estas circunstancias y avisan del peligro de deslocalizaciones de grupos industriales.

El año pasado, la Comisión Europea aprobó una revisión del plan de ayudas del Gobierno español para toda una década. El plan anterior contemplaba 2.900 millones de euros para compensar parte de los costes de emisiones indirectas de CO2 entre 2021 y 2030. El nuevo programa ahora permitirá a España destinar un máximo de 8.510 millones entre 2022 y 2031. Con estos nuevos límites presupuestarios, y dada la subida de los precios del CO2, la patronal de la gran industria electrointensiva justificaba su reclamación de más que triplicar la partida de ayudas para este año.

La Industria Solicita una Reforma Total de la Fiscalidad Energética

En realidad, la gran industria española aspira a una reforma integral de la fiscalidad energética que soportan para lograr más ayudas y descuentos. AEGE ha solicitado al Ejecutivo una reducción masiva en su factura eléctrica mediante reducciones de impuestos, nuevas bonificaciones, retirada de cargos específicos y otros aspectos.

El Ministerio de Industria, dirigido por Jordi Hereu, inició un proceso de consulta pública para solicitar propuestas para reformar el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, que establece los requisitos para que los grandes clientes de luz accedan a determinadas bonificaciones. El objetivo principal de este procedimiento era simplificar la burocracia, reducir cargas administrativas y agilizar el procedimiento para reconocer a las grandes industrias la condición de electrointensivas, y así facilitar la entrega de las ayudas ya reconocidas.

No obstante, la patronal AEGE aprovechó este proceso de consulta pública para solicitar una reforma mucho mayor del contenido del Estatuto de los Electrointensivos y demandar mayores descuentos en su factura. Solicitaron una reforma integral del marco regulatorio de los electrointensivos para poder beneficiarse de más descuentos, pidiendo igualar sus condiciones a las de sus rivales de Francia o Alemania, dejando de pagar el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE), no soportando el cargo del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) y aligerando otros aspectos fiscales y de los cargos por costes ligados a la política energética.