Exfuncionario Condenado por Sobornos Recibidos de la Constructora Brasileña

Keiko Fujimori declaró que su padre «está estable en estos momentos», pero al principio estaba «algo desorientado» y lidiando con «mucho dolor». Para ayudar a controlar su dolor, los médicos le están proporcionando sedantes regularmente.

Alberto Fujimori sufre una fractura de cadera

Keiko Fujimori confirmó que su padre se había caído durante la madrugada y que se le habían realizado «una serie de exámenes». Los resultados de dichos exámenes revelaron que Alberto Fujimori padece una fractura de cadera, más precisamente del fémur proximal izquierdo que afecta al cuello del hueso.

Debido a una condición cardíaca existente, Alberto Fujimori toma anticoagulantes. Esto significa que los médicos tendrán que esperar unos días para que el efecto de estos medicamentos disminuya antes de poder proceder con una cirugía. Una vez que el efecto del medicamento haya pasado, se espera que los médicos realicen una operación para colocarle una prótesis.

Además de su fractura de cadera, el expresidente de Perú también está recibiendo inmunoterapia y radioterapia para tratar un tumor que le fue detectado en la lengua. Según su hija, estos tratamientos han debilitado a Fujimori.

Alberto Fujimori fue liberado de la cárcel en diciembre del año pasado, después de cumplir 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Su liberación se produjo después de que el Tribunal Constitucional restableció el indulto que le fue otorgado en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski debido a su estado de salud.

Fujimori y su posible candidatura en 2026

A pesar de su batalla contra el cáncer de lengua, Alberto Fujimori no ha dejado que su salud le impida inscribirse en el partido fundado por su hija, Fuerza Popular. Esto ha creado expectativas de una posible candidatura en las elecciones generales de 2026.

Este incidente con la salud de Fujimori se produce tan solo dos días después de que la Corte Suprema de Chile ampliara los delitos por los que fue extraditado a Perú en 2007, añadiendo cinco casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos. Estos incluyen esterilizaciones forzadas cometidas durante su gobierno.

El estado de salud del expresidente peruano es un tema de gran preocupación y seguimiento por los medios y la sociedad peruana, dada su historia política y los cargos de lesa humanidad que se le imputan.

El galardón se entrega cada 15 de junio, fecha que se relaciona con el hito simbólico de la Transición española y las primeras elecciones democráticas que tuvieron lugar en 1977, después de cuarenta años de dictadura. De esta manera, la asociación que otorga el premio busca recordar la capacidad de la sociedad española para avanzar unida y promover una sociedad más unida, solidaria y cohesionada, especialmente en momentos de duda, división y fractura.

El Rey Felipe destacó la trayectoria profesional de Cruz-Villalón, que ha dedicado más de cinco décadas a la defensa de los valores constitucionales. En su discurso, el monarca alabó la constancia del galardonado, su fidelidad a sus convicciones y su dedicación y compromiso con la Constitución.

El reconocimiento a la labor ciudadana

Don Felipe también expresó su agradecimiento a la iniciativa ‘España Juntos Sumamos’ por su labor en la promoción de la conciencia cívica y la construcción de una sociedad basada en los principios de la España constitucional. En este sentido, destacó la importancia del compromiso de la sociedad con las instituciones y la democracia.

Por su parte, Cruz-Villalón mostró su agradecimiento y emoción por el galardón, que, en sus palabras, “enaltece a España, antes que a uno de sus conciudadanos”. El jurista subrayó la relevancia de recibir el premio en el Congreso, institución que le propuso como magistrado del Tribunal Constitucional en su cuarta legislatura.

En su discurso, Cruz-Villalón hizo hincapié en el papel de la sociedad civil en la defensa de los valores constitucionales y en la lealtad a la comunidad como uno de los pilares fundamentales de estos valores.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, fue la encargada de abrir el acto, durante el cual calificó las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977 como un «éxito de dimensiones incalculables» y la Carta Magna como un reflejo de la “plena transformación” que experimentó la sociedad española en aquel momento.

La entrega del premio coincidió con la celebración del décimo aniversario de la coronación de Felipe VI, un hecho que fue aprovechado por los asistentes para felicitar y ovacionar al monarca.

En el acto también se proyectó un vídeo del galardonado recogiendo el XII Premio Jurídico ABC Andalucía, evento en el que el jurista sevillano defendió enérgicamente la Constitución de 1978 y mostró su preocupación por la crisis que atraviesa la Carta Magna.

Finalmente, el Rey Felipe VI comentó a los periodistas que había disfrutado mucho del partido de la Eurocopa entre España e Italia, y bromeó sobre la posibilidad de que sus hijas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía, hicieran “alguna trastada” durante la celebración del aniversario de su coronación.

En un giro sorprendente, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha propuesto llevar a juicio al comisario jubilado José Manuel Villarejo, al expresidente del BBVA Francisco González, a la entidad bancaria en sí y a varios ex funcionarios de la entidad. La propuesta está relacionada con los presuntos encargos ilegales que Villarejo habría realizado para el banco mientras estaba en servicio.

La investigación, que comenzó en 2018, también procesa al exjefe de Seguridad Ángel Corrochano, al ex-CEO del banco Ángel Cano y al exdirector de Riesgos Antonio Béjar. Estos individuos están siendo investigados por supuestos delitos de cohecho en grado de continuidad delictiva y pluralidad de delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Profundizando en las Acusaciones

El juez García Castellón también propone llevar al banquillo a otros miembros de la entidad, incluyendo al exjefe de Control Interno Eduardo Arbizu, al actual responsable de los servicios jurídicos Eduardo Ortega, al responsable de Auditoría Interna Joaquín Gortari, al exresponsable de Servicios Jurídicos de España y Portugal José Manuel García y al empleado de la entidad Óscar Santos.

Además de estos individuos, el socio de Villarejo, Rafael Redondo, el exinspector de Policía Antonio Bonilla y otro agente con carnet profesional 76.738 también están siendo procesados. Sin embargo, el juez ha acordado el archivo para 11 investigados.

El magistrado elogió la «impecable narración de los acontecimientos» presentada por la Fiscalía Anticorrupción en su escrito, que apoyó la conclusión de la investigación. Según el juez, la evidencia presentada es sólida y es el resultado de la actividad investigadora en el marco de las diligencias previas.

La Contratación con Villarejo

Según el fiscal Alejandro Cabaleiro, la contratación de Julio Corrochano por el BBVA, con la expresa aquiescencia de su entonces presidente, Francisco González, permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del policía, entre los que se encontraban Villarejo y el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.

Villarejo, con su especial posición dentro de la estructura policial, habría creado una estructura empresarial para lucrarse, asegura el fiscal. Esto le permitió, entre otras cosas, acceso indirecto a todos los registros policiales y a bases de datos reservadas a las que las fuerzas de seguridad tenían acceso.

Corrochano, conocedor de esta doble actividad de Villarejo, habría informado a González de la existencia de este «anómalo e ilegal» recurso, garantizándole total discreción y opacidad si se recurría al mismo.

El Papel de Francisco González

La Fiscalía sostiene que González, dada la ausencia de un programa de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió estas actividades. Sin embargo, el sistema interno para la prevención de delitos no puede ser considerado idóneo, ya que claramente deja al margen de cualquier normativa a la presidencia ejecutiva y a la alta dirección.

El escrito de la fiscalía también detalla los supuestos contratos suscritos entre 2004 y 2017 por la empresa de Villarejo y la entidad. Según la fiscalía, el primer contrato trató de obtener información sobre el intento de adquisición por parte de Sacyr de una participación significativa en el BBVA entre 2004 y 2005, todo ello en el marco del denominado por el comisario ‘Proyecto Trampa’.

Otros proyectos mencionados incluyen el ‘Proyecto Summer-Fish’, la investigación sobre el «patrimonio oculto» del empresario Fernando Martín, el ‘Proyecto Summer-Gate’, sobre el patrimonio del empresario Luis Portillo, el ‘Proyecto King-Prasa’, el encargo ‘Templar’ y el encargo ‘Duke’.

Después de la aplastante victoria del Agrupación Nacional en las elecciones europeas, la aparición de una alternativa sólida de izquierdas se ha vuelto una necesidad para muchos franceses. Hollande, quien fungió como presidente de Francia entre 2012 y 2017, ha decidido que es el momento de volver a la política activa por la necesidad de contrarrestar a la ultraderecha.

«En una situación excepcional, he tenido que tomar una decisión excepcional», declaró Hollande desde su bastión de Tulle, en Corrèze, al confirmar su candidatura a las elecciones legislativas. Hollande también expresó que su decisión se debía a la gravedad de la situación actual en Francia. «El peligro que representa la extrema derecha está ahora demostrado. Como también representa un peligro permanecer indiferente», añadió Hollande en comentarios recogidos por ‘Le Figaro’.

Holland se compromete con la república y el progreso

Hollande, durante su anuncio, asumió «tres compromisos» para su campaña. El primero es por la república y busca revitalizar la democracia en Francia. El segundo compromiso es por el progreso, la justicia fiscal y apoyar a los empleados que han perdido poder adquisitivo. Finalmente, el tercer compromiso es por las escuelas de la república que, según Hollande, han sido maltratadas y deben recuperar el lugar que les corresponde.

La candidatura de Hollande se presenta en lo que era su antiguo feudo electoral durante su mandato como presidente, y fue confirmada por Hollande y su partido a través de sus redes sociales.

En una entrevista reciente con TF1, Hollande se declaró «favorable» a la alianza de izquierdas. «Lo fundamental es que la unión ha podido ocurrir, más allá de las diferencias», manifestó Hollande sobre una coalición concebida para frenar la inercia ganadora de la ultraderecha.

Las elecciones anticipadas fueron convocadas por el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, y se llevarán a cabo en dos vueltas, el 30 de junio y el 7 de julio. Se espera que Hollande haga oficial su candidatura en las próximas horas.

Por su parte, el Partido Socialista ha «tomado ya constancia» de la decisión de la federación de Corrèze de declarar a Hollande como su candidato. Olivier Faure, secretario general del Partido Socialista, aplaudió la decisión y afirmó que «todos aquellos que se adhieren a su proyecto y que están dispuestos a defender juntos los colores de este nuevo frente son bienvenidos».

Este anuncio marca un importante hito en la política francesa, ya que representa el retorno de un ex presidente a la política activa en un momento crítico. La campaña de Hollande promete ser un desafío para la ascendente ultraderecha, y su éxito o fracaso podría tener un impacto significativo en la dirección futura del país.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha reafirmado que Ángel Ron, el ex-presidente del Banco Popular, debe ser llevado a juicio por los presuntos delitos de estafa a inversores y falsedad contable. Estos delitos supuestamente fueron cometidos durante la ampliación de capital de la entidad en el año 2016, un año anterior a la resolución de la entidad financiera.

En un auto recogido por la agencia de noticias EP, los magistrados de la Sección Cuarta descartaron el recurso que Ron presentó en contra de la decisión del juez José Luis Calama. El juez Calama había recomendado enjuiciar a Ron, una decisión que fue tomada en marzo. El juez aseguró que los inversores fueron «engañados» durante el periodo de ampliación de capital del banco.

Directivos del Banco Popular procesados

Fue a principios de marzo cuando el juez decidió procesar a trece directivos del Banco Popular, incluyendo a Ron y a su vicepresidente, Roberto Higuera. Asimismo, la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) también fue procesada por los mismos delitos de estafa a inversores y falsedad contable durante la ampliación de capital de 2016.

La defensa de Ron apeló a esta decisión, asegurando que la investigación había demostrado «la ausencia de todo indicio de actuación delictiva» en su gestión. Según la defensa, la acusación del juez se basó en ignorar «la abundante prueba de descargo», especialmente la prueba de peritos, incluso de los judiciales, que fue elaborada por funcionarios del Banco de España.

Además, la defensa de Ron expresó su descontento con el hecho de que el juez adoptara «exclusivamente criterios retrospectivos, oportunistas y conniventes con la inercia de un procedimiento». El recurso también criticó que se ignoraran los indicios y evidencias de legalidad que respaldaban la gestión de la entidad.

Sin embargo, la Sala de lo Penal respaldó los criterios y los fundamentos presentados por el juez Calama para atribuir, al menos provisionalmente, responsabilidad penal a Ángel Ron.

Un presidente «con funciones ejecutivas»

Los jueces explicaron que el procedimiento se refiere a hechos que derivan de la aprobación y ejecución de la ampliación de capital acordada por el Banco en 2016. Según los magistrados, el presidente del banco, en este caso Ángel Ron, no puede ser excluido de este proceso, ya que se trataba de «una operación especialmente importante para la operatividad».

Los magistrados argumentaron que «sería absurdo que el presidente del banco no hubiera tenido una actuación relevante, importante y decisiva». Según ellos, Ron no era solo un presidente representativo, sino que tenía funciones ejecutivas que influenciaban de manera incuestionable en la dirección del banco.

Según los jueces, es necesario recordar que en ese periodo, el Banco Popular era una de las grandes entidades bancarias de España, con un peso e influencia significativos en la economía nacional. Por lo tanto, una decisión de la magnitud de una ampliación de capital necesariamente habría involucrado al presidente de la entidad bancaria en cuestión.

El ex presidente del Banco Popular, Ángel Ron, no ha tenido éxito en evitar el banquillo de los acusados y se enfrentará a juicio en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de estafa a los inversores y por falsedad contable en las cuentas de la entidad durante la ampliación de capital de 2016. Ron no estará solo en el banquillo, ya que también están acusados otros doce directivos del banco y la consultora PwC.

A pesar de los esfuerzos de Ron por plantear un nuevo recurso frente a su imputación, tres magistrados de la Audiencia Nacional han desestimado sus argumentos contra el auto de procesamiento. Los magistrados han determinado, tras analizar la documentación, que existen indicios racionales de criminalidad y que las conductas de Ron podrían ser consideradas supuestamente delictivas.

La responsabilidad del Presidente del Banco Popular

Los tres magistrados han coincidido en sus argumentos con el juez instructor, José Luis Calama, para atribuir, «al menos de manera provisional», responsabilidad penal a Ron. Calama ha destacado la responsabilidad que tiene el presidente del Consejo de Administración en las sociedades cotizadas, especialmente en lo que respecta al correcto funcionamiento del Consejo. Entre estas responsabilidades se encuentra la de proporcionar a sus miembros la información necesaria para la adopción de los acuerdos que deban tomarse.

La conducta de Ron, junto con otras personas que ocupaban altos cargos en la estructura del banco, merecen un reproche penal en lo que respecta a la gestión de la ampliación de capital, especialmente en lo relativo a las cuentas anuales de 2015, los estados financieros intermedios de 2016 y las cuentas anuales de ese mismo año.

Calama ha criticado en su auto que toda esta operativa empresarial se llevara a cabo «sin hacer estudio alguno acerca de dicha ampliación». Califica la reunión de la Comisión de Auditoría del 25 de mayo de 2016 como una reunión ‘ornamental’, argumentando que la ampliación se realizó con precipitación ante las deficiencias observadas por la inspección del Banco Central Europeo en 2015 en relación a los déficits de provisiones.

Por estas razones, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) abrió un expediente por falta muy grave ante las irregularidades de las cuentas de la entidad, que no reflejaban la imagen fiel y real de la misma. El auto judicial señala que Ron conocía los déficits de provisiones estructurales que el banco arrastraba desde hace años.

La gestión de Ron en relación con la ampliación de capital es deliberadamente opaca, ocultando su verdadera finalidad, según el auto. Además, el auto afirma que el presidente estaba al corriente y tenía pleno conocimiento de las inspecciones del BCE a través de la comisión de auditoría.

Los magistrados recuerdan que sería absurdo que el presidente del banco no hubiera tenido una actuación relevante, importante y decisiva, ya que se trataba de un presidente con funciones ejecutivas, y no meramente representativas, que incidía de manera incuestionable en la marcha del Banco. En aquella época el Banco Popular era «una de las grandes entidades bancarias de nuestro país y con el lógico peso e influencia en la economía nacional».

La situación actual y el próximo juicio del ex presidente del Banco Popular reflejan la importancia de la transparencia y la gestión ética en la dirección de las entidades financieras. La falta de estas cualidades puede llevar a consecuencias graves, tanto para los directivos implicados como para los inversores y el resto de las partes interesadas.

El mundo financiero se estremece con la noticia de que el expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, deberá enfrentarse a un juicio por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en relación con la ampliación de capital de 2016. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha rechazado el recurso presentado por Ron, confirmando así que el exdirectivo deberá rendir cuentas ante la justicia.

En su decisión, el magistrado ha destacado que los estados financieros de los años 2015 y 2016 no reflejaban la imagen real de la entidad, ya que estaban manipulados de forma consciente. Según Calama, Ángel Ron impulsó la ampliación de capital sin proporcionar a los consejeros un estudio detallado que justificara la necesidad de solicitar 2.506 millones de euros al mercado.

El auto del juez desestima el recurso de reforma presentado por Ron, respaldado por la Fiscalía Anticorrupción, y subraya la existencia de indicios claros de actuación delictiva en el caso. Además, se hace referencia a las inspecciones realizadas por los organismos reguladores y a los informes periciales de los inspectores del Banco de España, que apuntan hacia la culpabilidad del exdirectivo.

Es importante señalar que Ángel Ron no solo participó en la ampliación de capital de 2016, sino que también estuvo involucrado en su diseño y aprobación. El juez destaca que el ex presidente del Banco Popular permitió que se llevara a cabo la ampliación de capital sin una adecuada justificación, lo que evidencia un déficit de gobernanza en la entidad.

En su recurso, Ron apelaba a la responsabilidad de los organismos reguladores como el Banco de España, el Banco Central Europeo, el FROB y la CNMV, argumentando que no existían pruebas suficientes para su procesamiento. Sin embargo, el magistrado ha hecho hincapié en la responsabilidad del exdirectivo en la toma de decisiones clave que afectaron negativamente a la entidad y a sus inversores.

En conclusión, el caso del expresidente del Banco Popular Ángel Ron pone de manifiesto la importancia de una adecuada gobernanza en las entidades financieras y la necesidad de una supervisión rigurosa por parte de los organismos reguladores. El juicio que se avecina será clave para determinar la responsabilidad de Ron en los delitos de estafa a inversores y falsedad contable, y sentará un precedente en el mundo de las finanzas.